El Partido Acción Ciudadana (PAC) empezará a pagar, en el próximo 16 de agosto, los ¢627 millones que adeuda al Estado producto de una condena por estafa dictada en el 2016.

Los pagos se extenderán hasta el 16 febrero el 2024 según un arreglo de pago acordado con la Procuraduría General de la República, informó la agrupación política este 8 de julio mediante un comunicado de prensa.

El 5 de diciembre del 2016, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC por cometer una estafa de casi ¢353 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.

Los jueces concluyeron que la agrupación le cobró al TSE el reembolso de servicios que en realidad fueron voluntarios o que no existieron.

Además de los ¢353 millones de la estafa, el partido rojiamarillo debe cancelar ¢230 millones por los intereses de la deuda y ¢44 millones por las costas del proceso penal, para un total de ¢627 millones.

“Este acuerdo fue homologado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José en resolución No 673-2021 del pasado jueves 1.° de julio”, añadió el partido.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAC indicó que, para hacer los pagos, el partido recurrirá a fondos de militantes y no hará uso de recursos de la deuda política.

“Absolutamente todos los recursos para el pago de esta responsabilidad provienen de donaciones de nuestros militantes. El Partido cuenta con un fondo patrimonial constituido por donaciones de años anteriores. Eso nos permitirá cancelar el primer desembolso de ¢200 millones.

“Para los siguientes pagos, se está desarrollando una intensa campaña a lo interno del Partido para recibir donaciones, la cual está dando importantes resultados”, indicó Anthony Cascante, secretario general del PAC.

El acuerdo alcanzado le permitirá al partido cancelar la millonaria deuda en cinco tractos. El primer pago se realizará este 16 de agosto, por una suma de ¢200 millones.

Exactamente un año después, el PAC hará su único pago del 2022 por la suma de ¢100 millones, mientras que en el 2023 se efectuaran dos pagos: el primero el 6 de febrero y el segundo el 16 de agosto, por ¢53 millones y ¢137 millones, respectivamente.

El último pago, también de ¢137 millones, está previsto para febrero del 2024.

“El motivo por el cual no se realiza el pago en un solo desembolso es claro. El PAC no cuenta con un fondo patrimonial suficiente. Por eso le propusimos a la PGR, desde hace varios meses, una modalidad que asegura que el Partido hará frente a esta obligación, pero que podrá seguir siendo al mismo tiempo una organización política viable”, agregó Cascante.

Facturas en disputa

Este jueves 1.° de julio, se inició un nuevo juicio en el que se decidirá si el PAC debe pagar un monto adicional de ¢164 millones adicionales por la estafa en perjuicio del TSE.

En la resolución del 2016, el tribunal dictó su veredicto sobre 179 contratos por servicios especiales de campaña que resultaron falsos, pero para quedaron 84 contratos adicionales sin revisar.

Estas facturas no se tomaron en cuenta, en ese veredicto, porque los jueces alegaron que no se presentaron testigos que verificaran si esos contratos hacían alusión a prestaciones reales que fueron pagadas por el partido o eran servicios gratuitos.

Debido a esa decisión, la Procuraduría apeló la sentencia y, en 2017, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea concluyó que el monto de la estafa debía subir a ¢570 millones.

Sin embargo, la agrupación oficialista acudió ante la Sala de Casación Penal, la cual tras analizar el caso anuló lo resuelto por apelación. Ahora, el tema de estos 84 contratos se ventila en un nuevo juicio pendiente de resolver.

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