La Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de la tenencia de armas en Costa Rica, por el riesgo de violencia que conllevan y por su vínculo con los homicidios.
Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en el país, emitió un comunicado en el que destaca los estudios realizados por Naciones Unidas que revelan la relación entre el armamento y los crímenes, por lo cual la Organización urge a las naciones a “controlar estrictamente” la posesión de dichos objetos.
La diplomática dijo que, en Costa Rica, las armas estuvieron asociadas a un 69% de los asesinatos durante el 2018, un porcentaje superior al 65% que se registra en la región.
Shackelford también citó el Informe Regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuesta para América Latina 2013 -2014″, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“(El informe) señala que la presencia de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol actúan como impulsores de la inseguridad. Además, que la portación de armas de fuego es un facilitador del delito y de la violencia, por lo que debe ser excepcional y el Estado debe controlarla estrictamente”, destaca la oficina de la ONU en Costa Rica.
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Según el comunicado de la Organización, también el Estudio Mundial sobre Homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) toma nota de la prevalencia de las armas de fuego en los países de la región, y cómo “desempeñan un papel significativo en los homicidios”.
“Alentamos la discusión basada en evidencia empírica y las experiencias nacionales e internacionales, sobre los factores que potencian y facilitan la inseguridad ciudadana y todas las formas de violencia interpersonal, así como las formas para controlarlos, teniendo como propósito la construcción de una sociedad más segura, pacífica, próspera y solidaria, donde nadie se queda atrás”, sostuvo Shackelford.
Uno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU es reducir la violencia y las tasas de mortalidad en el mundo, por lo cual se insta a los países a actuar frente a la disponibilidad de armas.
Los estudios e informes que aporta la oficina de Naciones Unidas en el país contrastan con los argumentos que sostienen los diputados que se oponen a restringir el número de armas que se pueden poseer legalmente.
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La normativa vigente permite que un ciudadano inscriba a su nombre hasta tres armas. Un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, impulsado por el Ministerio de Seguridad, proponía limitar la tenencia a solo un arma, pero diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Integración Nacional (PIN) y el Republicano Social Cristiano (PRSC) se opusieron a dicha restricción y volvieron a subir el máximo a tres.
Zoila Rosa Volio, legisladora del PIN, asegura que es “mentira” que al desarmar a la población "va a haber menos violencia” pues, en su opinión, el problema no está en los portadores legales de armas, sino en los delincuentes que las consiguen en el mercado negro.
Cuando votó a favor de eliminar la restricción, el liberacionista Gustavo Viales argumentó que ni las estadísticas, ni los criterios ni las experiencias de otros países les hacen pensar a él y sus compañeros del PLN que reducir el número de armas que se pueden registrar sea una decisión correcta.
“No vimos el ligamen que pueda tener disminuir la cantidad de armas legales a las personas que cumplan con todos los requisitos y que eso tenga impacto en la reducción de homicidios”, dijo el verdiblanco.
Este jueves, durante el debate en comisión, el también liberacionista Jorge Luis Fonseca dijo que “el problema no es la cantidad de armas” y, en cambio, adujo que lo que se debe perseguir es a los delincuentes y traficantes de armas.