OCDE advierte sobre excesiva dependencia de Costa Rica de cargas sociales

La estructura tributaria del Estado costarricense depende excesivamente de las contribuciones de la seguridad social, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas representan una tercera parte de sus ingresos totales, por lo que la OCDE sugiere buscar un equilibrio mejorando la combinación de los impuestos existentes, al tiempo que se aumenten los ingresos ampliando la base de contribuyentes.

“Hay lugar para mejorar la combinación de impuestos, ya que la estructura tributaria actual depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social”, sugirió el organismo en su informe económico sobre Costa Rica del año 2020.

Del total de ingresos percibidos por el Estado de Costa Rica en 2019, el 66% corresponde a impuestos y el 34% a cargas sociales, lo que incluye aportes de patronos y asalariados, reza el estudio.

Si los porcentajes en la recaudación se traducen a montos nominales, usando datos del 2019, las contribuciones sociales equivalen a ¢3 billones de los ¢8,8 billones recaudados.

De acuerdo con la OCDE, el peso de las contribuciones sociales en Costa Rica está por encima del promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) y, de la propia OCDE.

Entre los países de la Organización, las cargas representan un 26% de los ingresos y en los de América Latina y el Caribe, un 17%, la mitad del caso costarricense.

En Costa Rica, las cargas sociales exigen a patronos y asalariados pagar un monto equivalente al 37% por cada salario. El 26,5% lo paga el patrono y 10,5% el trabajador.

Un señalamiento recurrente

Copiado!

Desde informes anteriores, la OCDE ha recomendado mejorar la combinación de los impuestos existentes y ampliar la base de contribuyentes para mejorar los ingresos estatales.

La OCDE sugirió desde al 2017 reducir las cotizaciones de los patronos y que el faltante se asuma vía impuestos generales.

La medida, dice, incentivaría la formalización, pues en la actualidad la informalidad ronda el 44% del empleo.

“El sistema de impuestos sobre el trabajo de Costa Rica dificulta significativamente la participación en el mercado de trabajo formal, especialmente para trabajadores poco calificados y jóvenes”, señaló en aquella oportunidad.

Para ese año, la tasa impositiva de la nómina de seguro social total era del 36,5%, muy por encima del promedio de 27,2% de la OCDE.

“Las cargas patronales son especialmente altas haciendo que los costos laborales no salariales en Costa Rica sean más altos que la mayoría de los países de la OCDE y casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE”, dijo en esa oportunidad.

En el 2017, el aporte patronal era del 26,33%. Luego este subió al 26,5% sobre el salario del trabajador y, en total, la tasa impositiva alcanzó el 37% con el incremento a la contribución de los trabajadores.

“Una tasa tan alta hace subir el costo del empleo formal, haciendo más atractivo contratar o trabajar informalmente.

“A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la OCDE, una de las razones de las altas cargas sociales es que Costa Rica las utiliza como impuestos a la nómina (es decir, impuestos pagados por patronos que no dan derecho a prestaciones sociales).

“Más de un tercio de las contribuciones patronales se destinan a financiar programas no contributivos de lucha contra la pobreza, capacitación e incluso la capitalización de un banco público, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)”, dijo en ese año el organismo.

De no resultar factible la reducción de la contribución patronal en el corto plazo, la OCDE recomendó reducir las contribuciones para los trabajadores poco calificados, entre otras medidas.

En el informe económico sobre Costa Rica del año 2020, el año del inicio de la pandemia, la Organización volvió a insistir en lo elevado que resultan para los patronos las cargas sociales.

“Son relativamente altas, lo cual desalienta la formalidad”, reiteró.

Así como lo hizo en el 2017, el año pasado volvió a recomendar el traslado de la carga impositiva por aseguramiento, con la salvedad de que en esta oportunidad fue más específica.

Apuntó que la reducción podría ser compensada con un ajuste al impuesto a la propiedad.

“Costa Rica recauda relativamente pocos ingresos de los impuestos a la propiedad. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”, indicó.

Como ejemplo puso a Colombia donde la actualización y mejora del catastro podrían dar un rendimiento adicional del 0,3% del PIB.

“Establecer diferentes tasas de impuestos a la propiedad puede ser útil para garantizar la progresividad, como lo demuestran varios países de la OCDE como Irlanda. Estos cambios fiscales ayudarían a aumentar los ingresos de manera eficiente y progresiva, lo que podría ayudar a cerrar el desequilibrio fiscal”, aconsejó.

Informe adicional

Copiado!

Un estudio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) reveló que al reducir las cargas patronales a la mitad aumentaría el empleo formal de un 56% a casi un 68%, haría crecer la economía y reduciría el desempleo.

Más de 260.000 personas pasarían de trabajar desprotegidas a cotizar para una futura pensión y a tener seguro de salud, pero el aumento de cotizantes y el crecimiento económico no alcanzarían para cubrir el faltante en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás instituciones.

En ese escenario el Banco Central estimó que el Gobierno tendría que aportar ¢536.000 millones anuales, equivalentes a un 1,45% del producto interno bruto (PIB) para asumir la diferencia y darle sostenibilidad al sistema.

Si las cargas patronales bajan en un 25%, el empleo formal subiría de un 56% a un 61,4%, lo que equivale a 120.000 personas más con seguro de salud y cotizando para una pensión.

Con este nivel se crearían unos 23.000 empleos nuevos, pero el Gobierno tendría que aportar ¢240.000 millones en transferencias, equivalentes al 0,63% de la producción.

LEA MÁS: Reducir cargas patronales a la mitad costaría ¢553.000 millones