“Aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

En esos términos respondió Renato Alvarado, ministro de Agricultura, a la consulta de si el Gobierno evaluaría liberar el precio del arroz para favorecer a los sectores de la población con menos ingresos.

La noche del domingo 23 de agosto, Alvarado y la ministra de Economía, Victoria Hernández, firmaron un acuerdo con los arroceros para mantener la regulación estatal del precio del arroz, sobre el cual pesa un arancel del 35% a las importaciones.

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La discusión en torno al tema se reabrió luego de que, el jueves, un grupo de 66 personas integrado por exjerarcas públicos, especialistas en economía y políticas públicas, académicos, técnicos y una diputada le pidieron al presidente Carlos Alvarado reconsiderar ese acuerdo.

En julio pasado, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos.

La competencia débil, indicó la OCDE, se traduce en precios relativamente altos para los consumidores, donde los más afectados son los hogares más pobres, los cuales invierten el 8% de sus ingresos en la compra del grano.

Los firmantes de la carta le proponen al presidente abrir el mercado arrocero, eliminar la fijación de precios mínimos a través de decretos ejecutivos y controlar las prácticas anticompetitivas a través de los órganos especializados.

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Sin embargo, el ministro de Agricultura sostiene que, producto del acuerdo con los arroceros, se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta conjunta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio que ocurrirá en 2024 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

“En ese plazo estaríamos teniendo claridad meridiana hacia dónde nos vamos a dirigir”, respondió el ministro, ante la consulta de si se podría dar marcha atrás con el acuerdo.

Insistió en que no se puede seguir pensando en comprar arroz más barato en el exterior, sin fortalecer al sector productivo a nivel local al sector.

"Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país..., sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió.

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“Nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está”, añadió.

Aseguró que el Estado invierte en tecnología y programas de innovación.

Al comentarle cómo el informe de OCDE demuestra que la regulación del mercado afecta a los más pobres, dijo: “En este país no se ha esfuerzo histórico para proteger extremos de la cadena. Hay márgenes de intermediación que existen que son brutales. En muchos esos márgenes superan los 300%-400%, dependiendo de los productos”.

“Lo que hacen es pagarle al productor precios de hambre y, al final, los consumidores reciben precios muy altos que no tienen relación con el precio pagado al productor”.

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Sin embargo, la OCDE subrayó que el precio mínimo de referencia del mercado nacional se basa en un análisis de costos de producción nacional realizado por Conarroz.

Agrega que esa fijación provoca precios muy por encima de los internacionales, “creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores”.

La OCDE remarcó que el mercado local está “altamente concentrado” entre 19 grandes agricultores que representan más de la mitad del arroz producido en Costa Rica.

Estos, continúa el documento, también se benefician de los cuotas de importación libres de aranceles, asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento.

“Por lo tanto, pueden comprar arroz a precios del mercado internacional y vender el arroz procesado en el país con una alta ganancia”, concluye la OCDE.

“El aumento de la competencia, para que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales, beneficiaría particularmente a las personas en los deciles de ingresos más bajos”, añade el informe.

La propuesta

En la carta enviada al presidente Carlos Alvarado, los firmantes sugieren transformar planes que hoy asisten a los agricultores, en un programa de reconversión que ayude a pequeños y medianos productores, con la posibilidad de hacerlos más eficientes en el cultivo del grano o que se muevan a otras actividades.

“La capacidad institucional y la experiencia para hacerlo ya existen, incluyendo diversos programas para pymes y mipymes. Conarroz tiene un fondo para dar este apoyo y la ejecución del mismo ha sido pobre”, mencionaron.

De ser necesario, añade la misiva, se debería subsidiar a algunos productores de bajos ingresos, para lo cual, agregan, también existen recursos.

“El arroz es un alimento central en la dieta nacional y lo es más para los deciles más bajos. En la situación actual, de pandemia y recesión económica, cuando esos grupos han perdido parte de sus ingresos y son los más afectados por la pandemia, esta situación es éticamente insostenible y es inexcusable no resolverla inmediatamente”, dice la misiva.

Por la parte productiva, añade la carta, los grandes arroceros e industriales son competitivos y no requieren protección.

“El efecto de las políticas vigentes desde hace décadas y bajo los tres partidos políticos más grandes, ha sido otorgar rentas extraordinarias a este grupo. Para fijar precios se usa un cálculo del costo promedio, lo cual, en estricta lógica implica que los más pequeños no logran cubrirlos, dejándolos en abierta desventaja y condenándolos a una producción apenas de subsistencia. Esto ha llevado a altos niveles de concentración del sector”, señalaron.

Algunos de los firmantes son los exministros de Comercio Exterior (Comex), Alberto Trejos y Marco Vinicio Ruiz; el extitular de Hacienda, Fernando Herrero; la ex viceministra de Educación Pública (MEP), Amparo Pacheco; y el expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez.

También la suscriben los economistas Alberto Franco y Dennis Meléndez. La liberacionista Silvia Hernández, la única legisladora que rubricó su firma en el documento, afirmó que el acuerdo firmado por el Gobierno con los arroceros con los arroceros es contraproducente.

“Es el momento de abrir al mercado de arroz, asegurarse de que sea competitivo, apoyar a los pequeños y medianos productores, y subsidiar, temporalmente, a los productores pobres”, resumió la legisladora, quien es una de las integrantes de la comisión especial de ingreso a la OCDE de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, el ministro Alvarado añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano.

Sobre una posible programa de reconversión agrícola, dice que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas.

“Hay muchos productores que por vocación se quedan en producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, finalizó.