Elian Villegas, ministro de Hacienda, evitó reconocer abiertamente si el plan inicial de ajuste económico que el Gobierno le propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI) carece de viabilidad política, pese al rechazo de las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el jerarca admitió la posibilidad de que la iniciativa sufra ajustes antes o durante el proceso de negociación con los diputados, que iniciaría la próxima semana.

No obstante, aclaró que cualquier cambio se hará dentro del plan estratégico del Gobierno. Este se basa, según dijo, en la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y reactivar la economía, y en la idea de generar “ciertos recursos” a través de ingresos y recorte de gastos.

También, agregó, que se debe tomar en cuenta lo dicho por el presidente de la República, Carlos Alvarado, de no incrementar el impuesto del valor agregado (IVA), no gravar salarios inferiores a los ¢800.000, no hacer despidos masivos, no vender activos estratégicos del Estado y tampoco tocar a las zonas francas.

Así lo dijo Villegas este sábado, al ser consultado por las críticas al plan que se negociará con el FMI en octubre, el cual se acentúa sobre más impuestos y deja en segundo plano el recorte al gasto público.

“Siempre tuvimos claro que esa propuesta es inicial. Como lo he dicho repetidamente, no está escrita en piedra, tampoco está escrita en hielo. No estamos cerrados, estamos abiertos a conversar y poder llevar adelante cualquier cambio que sea necesario siempre que esté inserto en el esquema planteado por el Gobierno”, dijo el ministro.

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El Poder Ejecutivo acude al FMI con la idea de obtener un financiamiento de $2.250 millones en un plazo de tres años, ante los efectos de la pandemia que dejarían una caída del 5% del producto interno bruto en 2020 (PIB) y una caída en ¢1,2 billones en ingresos corrientes.

A cambio, Zapote se comprometería a implementar plan de ajuste económico que ayude a disminuir el déficit fiscal, previsto para este año en 9,3% del PIB, y variar la trayectoria ascendente de la deuda pública que al 2021 alcanzaría, sin ninguna medida, el 80,5% de la producción.

El paquete, comunicado al país hace dos días, propone por cada ¢3 adicionales que se pretende recaudar en nuevos tributos, solo ¢1 de ahorro por parte del Gobierno.

Entre el 2021 y el 2024 el paquete generaría ingresos equivalentes al 17,5% del PIB y ahorros por un 6,4% de la producción. En montos nominales, el Gobierno les pediría a los contribuyentes ¢6,4 billones en tributos, al tiempo que ahorraría ¢2,3 billones en gastos.

Ese desequilibrio generó el rechazo de las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa, donde se deberá discutir las reformas para poder cumplir con el acuerdo que se negocie con el Fondo Monetario.

Las cámaras empresariales también hicieron señalamientos y las críticas se extendieron a las redes sociales.

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Pese a los cuestionamientos, Villegas evitó referirse a la viabilidad de la iniciativa. “No puedo decir si es inviable o no políticamente. Falta que escuchar más voces, la propuesta se está conociendo, dejemos que camine un poco más".

Luego, añadió: "Entiéndame, nosotros tenemos menos de dos días que la presentamos y se han generados reacciones. Ocupamos analizar esas reacciones y, a partir de ahí, discutiremos si hacemos algún tipo de cambio para ir a conversar con los diputados o si primero conversamos con ellos y después hacemos cambios”.

La noche de este viernes, en un comunicado de prensa, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) mantuvo invariable su posición sobre la necesidad de negociar un acuerdo de ajuste económico con el FMI que ayude a estabilizar las finanzas públicas.

Pero la mayor bancada del Congreso calificó de “inaceptable” el plan inicial del Ejecutivo, al señalar como evidente el desbalance que existe en el planteamiento.

“Un 80% se basa en impuestos y apenas un 20% en recorte de gastos. Se agrava aún más ante la ausencia de propuestas para la reactivación económica que esta fracción ha venido solicitando al Gobierno desde el inicio de la crisis”, añadió.

En el mismo documento, la fracción verdiblanca urgió a Zapote elaborar una nueva propuesta que sea “más equilibrada" y que recoja las preocupaciones de distintos sectores.

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Por su parte, la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), manifestó su oposición a establecer nuevos impuestos.

"La Fracción en pleno hace un llamado al Gobierno de la República a buscar otras alternativas para solucionar la grave situación fiscal que atraviesa el país, inclusive, antes de la pandemia”, pidió.

Algunas de las alternativas propuestas por Restauración son generar un mayor recorte del gasto público, “una lucha real” contra la evasión y elusión fiscal y la eliminación de exenciones fiscales.

Horas antes, el presidente del Congreso, el restauracionista Eduardo Cruickshank, afirmó que no veía ambiente entre los diputados para aprobar más impuestos.

Esas reacciones se suman a las de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque Nueva República, quienes adversaron el plan ante la cascada de impuestos.

"Vamos a escucharle al Gobierno la propuesta con el FMI, pero no vamos a aprobarle las iniciativas de impuestos”, manifestó el vocero del PUSC, Rodolfo Peña.

Jonathan Prendas, vocero de Nueva República, dijo que su grupo de legisladores no apoyará, de plano, más impuestos, y advirtió que resistirán la presión que pondrá el Ejecutivo sobre la Asamblea para que se apruebe el acuerdo con el FMI.

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El plan

Impuestos: Algunas de las medidas temporales del plan son impuesto a las transacciones bancarias en cuatro años, del 0,3% en los primeros dos años y del 0,2% en el tercero y cuarto año. Esta iniciativa recaudaría ¢3,6 billones del 2021 al 2024.

También, plantea una sobre tasa de entre el 2,5% y el 10% del impuesto a la renta de empresas y salarios superiores a los ¢840.00.

Como medidas permanentes se propuso eliminar exenciones del impuesto de renta a las grandes cooperativas y al salario escolar, así como establecer un tributo del 25% a los premios de lotería superior a los ¢200.000; y el aumento indefinido del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

En cuanto al incremento del IBI, este pasaría del 0,25% que hoy se le paga a las municipalidades al 0,75%, para que el incremento ingrese luego a Hacienda.

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Reducción de gastos: Como recorte de gastos, el Poder Ejecutivo planteó la regla fiscal del 2018 que frena los aumentos en salarios públicos y el crecimiento del gasto en obra pública y transferencias a instituciones, seguido por la reforma al empleo público.

Asimismo, sugirió la eliminación de las anualidades de los empleados públicos por cuatro años, del 2021 al 2024; y un plan de movilidad laboral voluntaria para 7.000 servidores públicos.

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En venta de activos propuso la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y propiedades ociosas de todo el aparato estatal.

En reactivación económica el Gobierno sugirió reducir el aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que hoy es de un 5%.

Este pasaría a ser financiado con lo que se recaude del impuesto a las transacciones bancarias, Solo el primer año, según Villegas, el aporte estatal sería de ¢327.000 millones.