29 representantes de sectores y del Poder Ejecutivo se sentarán a una mesa de diálogo con la misión de emitir recomendaciones para alcanzar la siguiente meta: reducir en unos ¢887.210 millones el desbalance entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central.

Para ello, dispondrán de tres tipos de medidas: aumento de ingresos, reducción de gastos y mejor gestión de la deuda pública.

El Programa Estado de la Nación, facilitadora del diálogo, planteó la meta de reducir el déficit primario del Gobierno en 2,5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) de manera permanente, aunque no se estableció un plazo para ello.

El déficit primario es la diferencia entre los gastos que hace el Gobierno Central y los ingresos frescos que recibe (por impuestos y otros rubros como las multas), pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en pagar los intereses de la deuda pública.

Por ejemplo, para el 2021, el Ministerio de Hacienda prevé tener un déficit primario equivalente al 4% del PIB, alrededor de ¢1,4 billones (millones de millones).

Si se alcanzara la meta planteada en el diálogo multisectorial, ese déficit se reduciría a un 1,5% del PIB, con lo que quedaría en ¢538.000 millones.

La reducción de unos ¢887.000 millones en el desbalance equivale a un 8% del Presupuesto Nacional del año 2021 y a unos $5.000 millones.

El monto, además, equivale a un 17% de los ingresos corrientes previstos para el próximo año, y a un 13% de los gastos programados por el Ministerio de Hacienda.

Dicho ajuste, según cuatro economistas consultados por La Nación, daría un golpe de timón para salvar a las finanzas públicas y a la economía nacional de caer en un abismo que ya está muy cerca.

Este medio consultó los criterios de Gabriel Alpízar, Alberto Franco, Olman Segura y José Luis Arce, quienes señalaron que la meta es ambiciosa.

Los medidas que proponga la mesa también deberán reducir el endeudamiento público del Gobierno Central en ocho puntos porcentuales del PIB, es decir, unos ¢2,87 billones.

El PEN no ha especificado el plazo en el que se deberían alcanzar esas cifras.

La deuda pública está asociada al déficit, porque se acumula y crece cada vez que el Gobierno pide prestado para financiarse. También aumenta por los intereses de los mismos préstamos.

Para el 2021, Hacienda prevé que la deuda llegará al 80,5% del PIB, unos ¢28,8 billones. Si esta se redujera en ocho puntos, quedaría en ¢25,9 billones.

José Luis Arce explicó que la estabilidad fiscal no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para el crecimiento económico y para que el Estado pueda proteger a las personas más vulnerables.

Según el especialista, si las finanzas públicas empeoran solo un poco más, lo que vendrá después será una “crisis de financiamiento de magnitudes desconocidas”.

“Tienen que tomarse decisiones en los próximos seis meses, porque ese precipicio está a finales del año entrante, entonces es una cuestión de urgencia”, subrayó Arce.

El mayor problema de un trance de ese tipo es que, inevitablemente, afectaría a los ciudadanos con menos inversiones; los créditos se tornarían limitados y caros, habría más desempleo e imposibilidad de mantener los programas sociales.

Para Gabriel Alpízar, la propuesta de Vargas Cullel y del Estado de la Nación es adecuada porque propone atacar dos factores que, en su opinión, son los más importantes para corregir el rumbo.

“¿Qué quiero decir? La gente está disgustada en este momento por las consecuencias. El desempleo es una consecuencia, el mal manejo político que se tiene es una consecuencia. Lo que pretende la mesa es atacar las causas”, afirmó Alpízar.

Gestión de la deuda, viable pero riesgoso

De acuerdo con Alberto Franco, la mesa deberá combinar medidas para incrementar los ingresos, reducir los gastos y gestionar mejor la deuda.

El gran reto está en encontrar alternativas que sean viables en un grupo tan heterogéneo como el que conformará la mesa de diálogo. Franco señaló que la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) es posible, pero serían transacciones lentas y que recaudarían poco dinero.

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Al consultarles sobre las opciones que se ven más viables en este momento, Franco y sus colegas mencionan la posibilidad de renegociar la deuda que tiene el Gobierno con otras instituciones del sector público, como los bancos, las operadores de pensiones, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y otras. Olman Segura coincide con él.

“Va a haber que sentarse con esa gente en la mesa y decirles ¿vean señores, lo más que podemos pagarles es tal tasa de interés, y en vez de que le paguemos ya, lo vamos a tener que extender más tiempo'”, dijo Segura.

Gabriel Alpízar apuntó que esa opción podría ser “fácilmente negociable” solo con cerca de un 21% de la deuda interna que está en manos de instituciones no financieras, porque en los bancos, por ejemplo, el dinero que dejarían de percibir no les pertenece directamente a las instituciones, sino a los ahorrantes.

En el caso de las operadoras de pensiones, son fondos para pagarles la jubilación a sus adultos mayores.

No obstante, José Luis Arce ve con mucho temor que se comiencen a emplear a la ligera términos como “reestructuración” o “renegociación” de deudas, porque es un lenguaje que puede ahuyentar a los inversionistas, si llegan a interpretar que Costa Rica simplemente no les va a pagar.

Para Arce, eso es lo menos que debería hacer el país en momentos en que necesita del financiamiento extranjero, en condiciones más ventajosas de las que ofrece el mercado costarricense.

“Hay que ser muy cuidadosos, porque un paso en falso y un mensaje equivocado pueden empeorar mucho más el acceso a financiamiento del gobierno, y ahí sí me asusta un poco más”, apuntó Arce.

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¿Será suficiente?

Una de las grandes inquietudes es si las propuestas que se generen en el diálogo tendrán suficiente músculo para evitar el colapso económico del país.

Para Franco, el Estado de la Nación se queda corto con su aspiración de reducción del déficit primario. En su opinión, la gravedad de las circunstancias ameritan que se apunte a recortar más de un 2,5% del PIB. “Podría ser un punto intermedio, en el orden de un 4%”, dijo.

Arce, por el contrario, considera que la meta es adecuada, dadas las circunstancias.

“Me parece que hay que empezar en la mesa de negociación con una meta alcanzable y razonable en el contexto de la situación económica actual, donde los espacios para un ajuste fiscal muy intenso se reducen”.

“Creo que si se logran medidas que vayan en esta dirección del 2,5% del PIB de reducción, sería devolvernos a una situación de equilibrio primario o un superávit y eso podría contribuir sustancialmente a la sostenibilidad”, alegó Arce.

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En tanto, Alpízar estima que el esfuerzo valdrá la pena si de la mesa sale un producto que no solo aporte las medidas a tomar, sino también el paso a paso de cómo implementarlo.

“Uno espera que el texto cobre vida en sí mismo. A ver, no hay plan B. En este momento, lo mejor que podemos hacer es apuntalar lo que se tiene para que ojalá salga algo. Tiene que ser muy consistente: el cómo, el cuándo y la modelación para ver si vas a lograr eso, y el manejo legal”, enfatizó Alpízar.

Él y Arce coinciden en que la intervención de emergencia es una base necesaria para que, en un segundo momento, se planteen medidas específicas para estimular el crecimiento económico.

Y, aunque Olman Segura califica la tarea que emprenderá la mesa de diálogo como “ambiciosa, pero necesaria y responsable”, es crítico de que la dinamización de la economía se haya postergado para un segundo esfuerzo.

"Definitivamente hay una cosa que le falta, porque vinculado están las necesidades de resolver cómo vamos a reactivar la economía. Si nosotros no reactivamos la economía, no hay forma de que salgamos adelante.

“Si hubiera sido yo, lo hubiera metido en el problema a resolver; el problema es reducir el déficit, reducir la deuda y dinamizar la economía; para mí esos eran los tres problemas”, aseveró Segura.