Luis Guillermo Solís se aferra al registro de accionistas que impulsa el Gobierno en el plan de ley contra el fraude fiscal.
El presidente justifica la necesidad de contar con esa herramienta, porque, alega, está relacionada con el freno al lavado de dinero de actividades ilegales.
Su afirmación cae en el contexto de la investigación que realiza el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por el presunto lavado de $2 millones a través del centro de apuestas deportivas en línea 5Dimes, ubicado en San Pedro de Montes de Oca.
“Yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis de qué es lo que pasó y quiénes son los responsables”, advirtió el gobernante en referencia al caso.
Para Solís, el registro de accionistas vendría a evitar situaciones similares a la que se investigan, al hacer más estrictas las regulaciones con que cuenta el país para seguir la pista al dinero que se mueve a través del Sistema Bancario Nacional.
Esta semana, La Nación publicó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que concluyó que Costa Rica es incapaz de reprimir el lavado.
La investigación determinó que en el país se lavan alrededor de $4.000 millones al año mediante actividades como las apuestas por Internet y la construcción.
Injusto. Empero, el mandatario opinó que Costa Rica no merece aparecer en informes internacionales como el que elaboró el Gobierno estadounidense.
Su argumento es que su administración se ha puesto al día con los instrumentos necesarios para detener el blanqueo de capitales y salir de la lista de países rezagados en la materia.
“La pura verdad es que pienso que no merecemos estar (en los estudios), a propósito de todos los esfuerzos que se han realizado”, insistió Solís el jueves pasado, antes de que se hiciera público el informe estadounidense.
Otra realidad. Lo cierto es que las expectativas del Gobierno sobre el registro de accionistas distan mucho de la realidad actual que enfrenta el proyecto.
El plan tiene al frente una dura oposición en el Parlamento; además, tampoco satisface a los empresarios.
Este último sector no cede en su posición sobre el acceso a beneficiarios y atora las negociaciones con el Gobierno.
Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el registro de accionistas no debe contener a los beneficiarios finales; es decir, a los dueños de empresas.
Los empresarios se mantienen firmes en la tesis de que, para efectos de una fiscalización tributaria y para combatir el lavado de dinero, el dato que reviste interés es de los beneficiarios legales de las sociedades.
Uccaep estima que para cumplir con las regulaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Estado no necesita registrar a los beneficiarios finales de las ganancias de las empresas.