La negociación de la Ley de Empleo Público ya se produjo en la Asamblea Legislativa y ahora lo que corresponde es implementarla, les dijo este lunes la ministra de Planificación, Laura Fernández, a los sindicatos y otras organizaciones durante un encuentro en el auditorio del Colegio de Abogados en San José.
Así refirió Fernández a la legislación que sustituiría el sistema de sueldos con pluses por el esquema de salario global. Esta norma requirió de tres años de trámite legislativo hasta que fue aprobada a finales del gobierno de Carlos Alvarado.
“La principal negociación de esta ley ya se dio en el marco de la Asamblea Legislativa. Lo que yo tengo es una ley aprobada, pasada por dos revisiones de la Sala Constitucional. Sin embargo, en la parte a que a mí me corresponde como jerarca, que es la reglamentación, por supuesto que vamos a hacer varios ejercicios de escucha.
“Los costarricenses merecen, no solo los trabajadores del sector público, sino todo nuestro país, merece que sea ordenado el abordaje de este tema que se viene hablando durante décadas.
“Como se lo dije a los señores de los sindicatos, yo respeto lo que representan, pero en la silla en la que yo me encuentro yo velaré por el bienestar del pueblo de Costa Rica.
“Yo no descarto que vayamos a tener otros espacios. Sí soy muy franca: en esto tenemos que ponernos manos a la obra. Es una necesidad de este país tener un Estado que genere mejores resultados, que genere eficiencia. Es una responsabilidad que yo como jerarca tengo, el conducir una función pública ordenada y que se genere bienestar a la gente.
“En realidad, yo les explicaba a los señores de los sindicatos que tenemos un profundo respeto al diálogo democrático. Adicionalmente, les decía que tenemos un profundo respeto a la representación de sectores e intereses propios de los sectores, pero que en la silla que estoy tengo un fin mayor, que es defender los intereses de los costarricenses. Ese es el rol que a mí me toca jugar, no es defender ni al uno ni el otro, sino buscar equilibrios y aplicar cabalmente la norma”, declaró Fernández.
La Ley de Empleo Público fue impulsada por la administración Alvarado para atacar uno de los principales disparados del gasto público: las remuneraciones y los pluses salariales, pues muchos crecían de forma inercial por factores como la antigüedad de cada funcionario.
Las instituciones con autonomía o independencia deberán definir las escalas salariales de cada puesto para el futuro salario global, mientras que el Mideplán lo hará para el Gobierno y sus órganos desconcentrados, así como para los puestos comunes en todo el Estado.
La ministra agregó que escuchó de los sindicatos dudas sobre el debido proceso en los despidos, las cuales pueden resolverse mediante la reglamentación de la ley.
El Ministerio de Planificación (Mideplán) es el ente rector del empleo público, según definieron la reforma fiscal y, ahora, esta nueva legislación.
Desde hace dos semanas, el Mideplán invitó a la prensa al encuentro de este lunes. Sin embargo, no permitió a los medios presenciar el conversatorio ni tomar imágenes.
La sesión se inició a las 8:30 a. m. y, para las 11 a. m., el Mideplán no había confirmado la lista de invitados y asistentes, pese a las gestiones ante el encargado de prensa, quien aseguró que todo el material del evento lo enviará la misma institución.
En este encuentro expuso el sindicalista y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, además de representantes del sector municipalista, según se pudo observar a través de una puerta de vidrio.
La semana anterior, la ministra de Mideplán, Laura Fernández dijo a La Nación que este es un primer acercamiento con los sectores para exponer los alcances de esta legislación que implementa cambios en las reglas como la introducción del salario global.
Según Fernández, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le instruyó a cumplir a cabalidad esta ley que empezará a regir en marzo del próximo año.
El salario global regirá para los futuros funcionarios. En el caso de los servidores actuales, se les congela el sueldo si este supera el global y, si ganan menos, se les permitirá seguir con el sueldo compuesto hasta que alcancen el nuevo. En ambas situaciones, cuando el salario compuesto alcance al global, el funcionario emigraría al nuevo esquema.