La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que dispone de una reserva de $4.000 millones (¢2,44 billones), quiere librarse de la restricción legal que hoy prácticamente solo le permite invertir en bonos de deuda del Gobierno.

El fondo de jubilaciones, al que pertenecen los docentes, presentará un proyecto de ley, la próxima semana, ante la Asamblea Legislativa para que se le permita generar más rendimientos mediante la inversión en obra pública y colocaciones financieras fuera del país.

Así lo confirmó Róger Porras, director ejecutivo de la entidad, aunque no detalló por medio de cuál diputado llevarán la iniciativa al Congreso.

De acuerdo con el director de Jupema, los cambios implicarían disminuir la participación en el sector público. Hoy, las operaciones en el Gobierno representan un 70% del portafolio de inversiones de la Junta. El resto lo colocan, por ejemplo, en créditos personales y de vivienda para los cotizantes.

“Seamos claros. Hay dos razonamientos adicionales ahí. Yo soy un costarricense que tiene una terrible fe y, si el tema fiscal se resuelve de alguna manera, el Gobierno va a tener menos necesidad de recursos y los fondos de pensiones tenemos que buscar otras alternativas de inversión que no están en el sector privado”, añadió.

La propuesta surge en momentos en que el Ejecutivo, golpeado por problemas de liquidez, ha tenido problemas para captar dinero en el mercado interno debido a los altos intereses que le cobran los inversionistas, lo que generó la idea de pedir permiso a la Asamblea para colocar eurobonos en el exterior con tasas más bajas y a mejores plazos.

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Según Porras, fondos de pensiones como el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y las operadoras representan el 15% del producto interno bruto (PIB) del país, de este, Jupema conforma el 6%.

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El director ejecutivo aseguró que se han acercado a congresistas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN).

El asunto, añadió, lo han conversado con el Gobierno, pues desean que sea tomado en cuenta durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que culmina el 30 de abril.

Según Mora, la normativa que rige a la Jupema actualmente, la Ley 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, no le permite invertir en infraestructura vial, educativa y de salud, tanto a nivel público como privado, ni en el mercado extranjero.

El dinero del cual quiere obtener réditos Jupema corresponde al fondo de pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC). A ese sistema de jubilaciones pertenecen 94.000 trabajadores que empezaron a laborar para el Magisterio Nacional después del 15 de julio de 1992. Ellos son los futuros retirados cuyas pensiones se costearán con esos recursos.

Ya 1.750 personas se pensionaron bajo ese régimen. La Jupema asegura que el sistema goza de “relativa estabilidad”, según estudios actuariales elaborados por firmas como Ernst & Young (2013) y Mercer (2015).

Actualmente, la ley faculta a fondos de pensiones, como el de capitalización colectiva, a invertir en la compra de bonos en el sector público y privado. Sin embargo, los recursos están concentrados en título valores de Gobierno, pues las opciones privadas son limitadas.

Según el director de esa entidad, el objetivo de la reforma es generar más ganancias para el RCC, así como aportar a la reactivación económica.

“Que se puedan utilizar esos recursos en nuevos esquemas de financiamiento y que los réditos que se generen de eso entren a los fondos y estos contribuyan con el pago de pensiones (…). Es una forma de matar dos pájaros de un tiro: contribuir con la sostenibilidad de los fondos de pensiones y con el crecimiento económico del país”, comentó.

Otra finalidad de la iniciativa de ley es dotar a Jupema de un marco normativo que le permita el cobro efectivo de las cotizaciones a los centros educativos privados, pues algunos patronos no reportan las cuotas de los trabajadores.

Inversión ‘gradual’

El texto que Jupema presentará como proyecto de ley propone una inversión en obra pública de hasta un 20% de su portafolio en un plazo de 10 años.

El primer año, el máximo por colocar será del 5%. A partir de ahí, los porcentajes irán subiendo en porcentajes del 5% cada tres años. Es decir, al cuarto año, crecerá al 10%; al sétimo año, llegará al 15%, hasta alcanzar el tope del 20% en el décimo año.

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Un segundo proyecto de ley

La iniciativa que llevará la entidad al Congreso revive el proyecto Reforma a la Ley 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, presentado en el 2014 y tramitado bajo el expediente Nº.18.888.

Sin embargo, en octubre de 2018, por un cambio de criterio de la Sala Constitucional sobre el plazo que tiene el Congreso para discutir proyectos de ley, este quedó archivado dentro de un conglomerado de 600 documentos.

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Porras dijo que el proyecto de ley tiene el visto bueno de la Junta Directiva de Jupema del Magisterio, representada por representantes de organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

Además del Régimen de Capitalización Colectiva, el otro sistema de jubilaciones del Magisterio Nacional son las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, las famosas pensiones de lujo.

De este último forman parte quienes ingresaron a trabajar a esa institución antes del 15 de julio de 1992, cuando ese régimen se endosó al Estado porque no había fondos para pagarlo.

Ese mismo día se promulgó la Ley 7302 Marco de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, y quienes empezaron a laborar en el Magisterio a partir de ese día se acogieron al RCC.