La Junta de Protección Social (JPS) reconoció dos nuevos pluses salariales, con un costo de ¢591 millones anuales, en la convención colectiva que empezó a regir en febrero de 2017.

Así lo aprobó la Junta Directiva de la JPS en diciembre de 2016 cuando se firmó el convenio, al tiempo que el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitaba a su gabinete revisar las convenciones colectivas para eliminar posibles cláusulas abusivas en espera de negociarlas hacia la baja.

La presidente ejecutiva de la JPS designada por Solís era Delia Villalobos, quien negoció con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), según consta en el documento, facilitado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Uno de los nuevos pluses es una remuneración por la asistencia y atención de sorteos. Se paga a los funcionarios por colaborar en el proceso de recepción de lotería que devuelven los vendedores y por asistir a los sorteos fuera de la jornada ordinaria.

El monto que reciben por esta labor va desde ¢17.000 a ¢60.000, aunque la entidad no especificó si es por día o por mes. Participan entre 10 y 100 funcionarios, según el tipo de sorteo. Por ejemplo, la Lotería Nacional de los domingos requiere hasta 100 funcionarios en estos procesos.

El presupuesto para ese incentivo este año es de ¢560 millones, según datos que facilitó la institución.

“La recepción de lotería no vendida antes de la realización del sorteo y la atención a sorteos son actividades sustanciales, inherentes a la gestión institucional y fundamentales para el cumplimiento del fin público y de interés social que el otorgamiento jurídico costarricense confiere a la Junta. Es una labor fuera de la jornada ordinaria y el pago legalmente tiene que ejecutarse”, argumentó Gina Ramírez, gerente Administrativa Financiera.

Según alega la JPS, este plus se paga desde antes de 1979 cuando fue reglamentado; sin embargo, ahora adquirió carácter legal con la convención colectiva.

La JPS no especificó bajo cuál concepto se pagaba anteriormente y no fue posible indagar al respecto porque el dato fue enviado al cierre de este viernes.

En su memoria institucional, la entonces presidente de la Junta defendió el incentivo con el argumento que se pagaba anteriormente como tiempo extraordinario, por lo cual no tenía legalidad.

“Es importante señalar que este rubro de asistencia se venía cancelando por parte de la Junta, pero ante un fallo judicial queda sin sustento legal y se define como tiempo extraordinario con las limitaciones que esta figura implica”, indicó Villalobos en ese documento.

Según Villalobos, el monto ejecutado por tiempo extraordinario para la asistencia a sorteos fue ¢356 millones en 2016, y de ¢184 millones en 2017. Ahora, se presupuestaron ¢560 millones.

El otro incentivo reconocido es un plus fijo de 18% de salario adicional, que se paga a los trabajadores que ejecutan labores de seguridad y vigilancia e inspección de vendedores de lotería. Para este incentivo, se presupuestaron ¢32 millones.

Con estos pluses, el presupuesto total de incentivos, incluyendo anualidades, dedicación exclusiva, salario escolar y aguinaldo, entre otros, pasó de ¢6.703 millones en 2017 a ¢7.585 en el 2018.

El año pasado, la ejecución en incentivos fue de ¢6.212 millones.

En la JPS, solo la anualidad es más costosa que mantener la planilla de salarios base de 438 empleados, de los cuales 362 reciben quinquenios. El presupuesto para anualidades de este año es de ¢4.320 millones, mientras que para las remuneraciones básicas es de ¢3.015 millones, según datos de la Contraloría General de la República.

La anualidad se reconoce hasta con un 6% por año laborado, más doble porcentaje cada cinco años, lo que se conoce como quinquenio. La JPS tiene una de las anualidades más altas del sector público, y está fijada también en la convención colectiva.

Cesantía

Pese a lo reciente de la negociación del nuevo convenio colectivo, también se mantuvo el tope de cesantía en 20 años y “sin límite de años” cuando hay reducciones forzosas de personal. En junio de este año, la Sala Constitucional consideró razonable un auxilio de cesantía de hasta 12 años y lo anuló en el caso de renuncia.

En la JPS se paga la cesantía a empleados que tengan más de 20 años de laborar para la institución y que tengan 59 años de edad.

Esa cesantía también resulta cara para la institución. Ejemplo de ello es el monto promedio de cesantía que se pagará este año a las siete personas que están en trámite de jubilación; cada una se llevará ¢43 millones, en promedio, según una cifra preliminar que dio a La Nación el departamento de Talento Humano.

Este viernes por la tarde, se consultó la opinión sobre estos incentivos a la presidente de la JPS, Esmeralda Britton, pero por encontrarse en una reunión no contestó las consultas enviadas por Whatsapp. Señaló que contestaría en el plazo que le otorga la ley (10 días hábiles).

Entre otros beneficios fijados en la convención colectiva, se encuentran las vacaciones de hasta 30 días hábiles, las ayudas económicas para funerales, y las dos semanas adicionales de licencia que tienen las mujeres que están en estado de embarazo, previo a iniciar el periodo de maternidad fijado por ley.