Luego de recibir la opinión consultiva integral sobre el proyecto de ley para limitar la reelección de alcaldes y otras autoridades municipales, los jefes de las fracciones políticas acordaron, este jueves, que la propuesta se conozca y se vote en su debate final el próximo lunes 28 de marzo.
La resolución de la Sala IV llegó el miércoles pasado al Congreso y eso les da luz verde a los congresistas para dejar aprobado el proyecto de forma definitiva, en vista de que el texto salió sin vicios de trámite de la consulta facultativa que hicieron varios legisladores.
Actualmente, los alcaldes se pueden reelegir indefinidamente. La propuesta es permitir que los alcaldes estén en sus cargos un máximo de dos periodos, o sea, ocho años. La votación en primer debate, el 25 de enero, tuvo el aval de 40 legisladores y uno estuvo en contra.
Una de las intenciones principales de la consulta a la Sala IV era dilucidar si llevaba razón el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entidad que consideró una violación que se impida a los alcaldes aspirar a otro puesto de elección popular municipal, cuando cumplan los ocho años.
Sin embargo, la Sala Constitucional declaró inevacuable la consulta sobre el fondo del proyecto.
Tal como fue aprobado en primer debate, el proyecto exige a los alcaldes una pausa de ocho años, tras haber ajustado esa misma cantidad de años en el puesto, antes de aspirar a cualquier otro cargo municipal.
El proyecto también impediría que otros funcionarios municipales puedan reelegirse al cumplir dos periodos en el mismo cargo, pero sí les permite aspirar, por ejemplo, a un puesto mayor.
Luego de que se conoció el por tanto de la Sala IV la semana anterior, varias organizaciones municipales pidieron a los congresistas que no avancen con el proyecto y traten modificarlo. No obstante, esa solicitud no ha tenido gran impacto entre las fracciones legislativas.
El impulso que tuvo este proyecto fue mayor después de la polémica por el caso Diamante, investigación judicial que señaló a una serie de funcionarios municipales de varios gobiernos locales por aparentes anomalías con empresas de construcción en contratos de obras viales.
Dicho caso se estudia, en forma paralela a la investigación judicial, en la Comisión especial legislativa sobre los presuntos casos de corrupción en la contratación de obra pública, que recién esta semana emitió un informe sobre el caso Cochinilla, que señalaba a varios funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por solicitar e, incluso pedir, pagos para favorecer empresarios.