Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), urge al gobierno a activar la cláusula de escape que permitiría suspender la aplicación de la regla fiscal, con el fin de que se puedan usar los recursos que sean necesarios para afrontar la pandemia de covid-19.
La vocera de los verdiblancos considera que el gobierno no puede postergar la aplicación de la herramienta, diseñada específicamente para coyunturas excepcionales cuya atención requiera ejecutar un gasto público superior al que normalmente se permitiría.
Para la legisladora, es claro que la situación de emergencia evitará que este año se pueda cumplir la norma de responsabilidad presupuestaria, por lo que considera prioritario suspenderla
"El gobierno debe ir activando la cláusula de escape que prevé la propia ley de Finanzas Públicas, para señalarle a la Asamblea Legislativa, como le corresponde formalmente, la imposibilidad de cumplir con la regla fiscal en este momento. Es absolutamente necesario, esto obliga al gobierno a que ya se acoja de inmediato a esa excepcionalidad”, afirmó Hernández.
La herramienta a la que hace referencia la liberacionista se establece en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Uno de los pilares de ese texto es la regla fiscal, mecanismo que le impone un límite al crecimiento del gasto del gobierno, cada año, salarios, transferencias e intereses, en particular cuando las finanzas públicas y la economía están debilitadas.
Para este año, el límite de crecimiento es del 4,67%.
No obstante, el artículo 16 de la ley establece que esa restricción se puede suspender en caso de que el país caiga en una recesión económica o en una emergencia nacional, como la ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus.
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El objetivo es que, en esos casos, las autoridades puedan destinar los recursos que sean necesarios para hacerle frente a la situación. El requisito es que la atención de la emergencia requiera un gasto igual o superior al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), unos ¢105.000 millones.
Hernández dice estar convencida de que ya es hora de activar la cláusula debido a que, este martes, la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, un crédito de $500 millones (¢216.000 millones) para atender la emergencia sanitaria y sus efectos sobre la economía.
“Aprobar $500 millones por parte de la Asamblea Legislativa significa, en razón de que dice que los fondos van a ser para la atención, que ya se puede ir viendo. Sin duda alguna, no tengo duda de eso. Es más, ya no puede demorarse”, sentenció la legisladora verdiblanca.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, dijo días atrás a La Nación que el gobierno evalúa aplicar la cláusula de escape, pero aún no hay un estimado de cuánto dinero se necesitará.
Además del crédito de $500 millones, el Ejecutivo pide a los diputados aprobar otro financiamiento por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), como parte del plan Proteger, el cual busca reunir ¢1 billón para atender la emergencia.
El préstamo del BID-AFD se usaría para financiar la operación del Gobierno durante la emergencia, para sustituir los ingresos tributarios que dejarán de percibirse durante los próximos meses.
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No obstante, para Hernández, los legisladores necesitan primero que el gobierno active la cláusula y además les comunique, aunque sea preliminarmente, cuánto dinero requerirá para ejecutar los planes de emergencia.
“La Asamblea no puede seguir autorizando más deuda que va a llevar a un incumplimiento de la regla, cuando el mismo gobierno no ha salido a decir que acoge la cláusula de escape”, afirmó la liberacionista.
PAC y Restauración de acuerdo, vocera del PUSC difiere
Nielsen Pérez, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que el gobierno podrá aplicar la cláusula de escape “en muy poco tiempo”.
“Hay que vigilar las finanzas públicas, pero también atender la emergencia desde el punto de vista sanitario”, afirmó Pérez.
La bancada de Restauración Nacional también considera que la medida es necesaria.
“Lo están valorando, y yo creo que se hace bien en valorarlo porque en tiempos de crisis usted no puede estar metido en una camisa de fuerza”, dijo Eduardo Cruickshank, coordinador de los restauracionistas.
Entre los jefes de las principales bancadas del Congreso, quien duda de la prudencia de suspender la aplicación de la regla fiscal es la socialcristiana María Inés Solís. A ella le preocupa que las decisiones que se tomen en este momento empeoren la crítica situación de las finanzas públicas.
“Lo que no quiero es que este problema nos vaya a generar un problema mayor a nivel presupuestario, yo no quisiera que nos estén declarando al gobierno en default y que nos veamos como impagables para los créditos en el exterior, incluso los internos. Ese es un cuidado que tenemos que tener".
”Yo no quisiera ver al Ejecutivo dando ese paso todavía, pero ellos sabrán cuándo es el momento que les corresponde. Yo hago mi trabajo y espero que ellos hagan el de ellos de la manera más adecuada posible, pero sí me parece que sería un escenario muy desastroso", manifestó Solís.