La pandemia del coronavirus obligará al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a utilizar la totalidad de los intereses de su reserva de este año, monto que asciende a ¢200.000 millones, para salir con el pago de las pensiones de este 2020.

La razón de ello es el impacto ocasionado por la pandemia del coronavirus a este sistema jubilatorio.

El IVM perdió 100.718 cotizantes en cuatro meses (entre febrero y junio) y su recaudación por concepto de cuotas obrero patronales bajó de ¢89.000 millones en febrero a ¢74.000 en mayo.

Todo eso producto de la suspensión de contratos laborales y de la reducción de jornadas, principalmente entre los trabajadores privados, en ocasión de la emergencia.

Normalmente, los ¢85.000 millones mensuales que paga el IVM en pensiones se costean con el dinero de las cotizaciones que aportan los afiliados.

Eventualmente, si esos recursos son insuficientes, se recurre a los intereses de la reserva del régimen, como se viene haciendo desde el 2011.

Sin embargo, nunca antes se había presentado el escenario de tener que utilizar el total de esos intereses y, menos, la apremiante situación de no saber si será necesario tocar la reserva, confirmó a La Nación Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.

“Los intereses se usan desde el 2011. El tema es que este año, por la pandemia, puede que se use la totalidad de los mismos y, eventualmente, hasta una parte de la reserva, pero aún es preliminar saber”, afirmó.

El monto mayor de intereses de la reserva que se había empleado anteriormente, para el pago de pensiones, fue de ¢90.000 millones en el 2017, pero no se trató del monto completo de ese año.

El más reciente estudio actuarial sobre la salud del IVM —el régimen más importante del país— proyectaba que su reserva empezaría a reducirse en el 2030 y se agotaría en el 2037.

Si se materializa el inconveniente de tener que echar mano de ella para afrontar los gastos en pensiones de este 2020, se estaría acelerando en nueve años ese proceso desgaste de la reserva.

“Para poder completar el pago de las pensiones en el año 2020, vamos a tener que usar todas las cotizaciones que nos entren, más los intereses de la reserva. Proyecciones que tenemos a hoy, pueden rondar hasta los ¢200.000 millones de colones”, alertó Barrantes a los diputados de la Comisión Especial de la CCSS el pasado 29 de julio.

Ese día, y por segunda ocasión en las últimas tres semanas, el jerarca asistió a una audiencia ante ese foro legislativo, el cual empezó a sesionar recientemente con el fin de rendir un informe sobre las finanzas de la institución, para lograr la sostenibilidad futura del IVM.

Una semana antes, Barrantes dijo a los diputados que, debido al golpe de la covid-19, ya se había empezado a tomar dinero de los intereses de la reserva.

“Estamos teniendo un impacto en los ingresos que estamos cubriendo con los intereses de la reserva en este momento”, sostuvo.

El IVM cuenta con una reserva de ¢2,4 billones (¢2,4 millones de millones) a marzo de 2020, los cuales generan ¢200.000 millones en intereses por año.

Este último monto es el que se usaría, por completo, de aquí a finales del 2020. Todavía no se tiene el cálculo de cuánto habría que tomar de la reserva.

La reserva del régimen se distribuye de la siguiente manera:

-¢2.208.744 billones están invertidos en títulos valores del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

-¢83.866 millones son inversiones a la vista, para contar con liquidez para el pago de las pensiones.

-¢87.936 millones corresponden a préstamos hipotecarios que el IVM hace a sus afiliados.

-¢7.845 millones en bienes inmuebles (casas rematadas y valor de los edificios propiedad del régimen).

-¢2.445 millones invertidos en la Operadora de Pensiones de la CCSS.

LEA MÁS: Régimen de Pensiones de CCSS perdió 100.000 cotizantes en cuatro meses por crisis del coronavirus

Como un barco en medio de la tormenta

El impacto del coronavirus sobre el IVM no se debe únicamente a la caída de los empleos o a la reducción de jornadas, sino también a la desmejora del salario promedio de los trabajadores.

Por ejemplo, para los del sector privado —los más afectados por la pandemia— el sueldo promedio bajó de ¢581.426 en febrero a ¢556.225 en junio.

No ocurrió lo mismo con los empleados públicos, quienes más bien percibieron una mejora: el sueldo promedio pasó de ¢1.108.322 a ¢1.115.962.

En el caso de los independientes —muy golpeados también— el ingreso promedio reportado bajó de ¢526.246 a ¢132.799 en ese mismo periodo.

Esa caída tan significativa en el salario promedio de los trabajadores por cuenta propia se debe a la baja de la base mínima contributiva.

En marzo, la CCSS disminuyó, por tres meses, la base mínima contributiva al 25% de su valor original. Esta base es el salario mínimo a partir del cual una empresa o una persona pueden asegurarse.

La medida tenía por objetivo evitar la fuga de trabajadores independientes, así como facilitar el aseguramiento de trabajadores a quienes se les redujo la jornada y su salario quedó por debajo de la base mínima contributiva ordinaria.

No obstante, esa pérdida de dinero por la baja en la base mínima contributiva es temporal para la Caja, pues el Gobierno se comprometió a pagárselo. Se trata de ¢33.000 millones que fueron incluidos en el segundo presupuesto extraordinario, recién aprobado por los diputados, y que se le girarán a la entidad.

Desde mucho antes de la pandemia, la desmejorada salud del IVM es tema de discusión.

Aparte de la proyección de que su reserva empezaría a agotarse en el 2030, para ese mismo año también se prevé que haya 3,9 cotizantes por cada pensionado, cuando el mínimo requerido para sostener cada jubilación de ese régimen es de 6 trabajadores.

Diputados de la Comisión Especial de la CCSS coincidieron en que la discusión sobre las medidas para salvar este sistema jubilatorio se da una coyuntura de gran complejidad, con un país colapsado, pero dijeron estar conscientes de que es un debate que debe librarse desde ya.

Entre ellos están las liberacionistas Yorleny León y Paola Valladares, así como Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Estamos en un contexto realmente difícil y, particularmente, para nuestra nave insignia de la seguridad social, para la Caja del Seguro, porque por un lado tenemos la crisis sanitaria, que tiene que enfrentarse desde la Caja, y por otro lado tenemos la crisis económica con una repercusión directa en el mercado de trabajo y en las contribuciones a la seguridad social. Es el peor de los escenarios”, comentó Morales.

Y agregó: “Es el peor de los escenarios. Yo me imagino una escena como que hay un barco al que hay que hacerle reparaciones. Sin embargo, el barco va y viene. Y hay un debate sobre las reparaciones que hay que hacerle. En uno de esos viajes lo agarra una tormenta y tiene que enfrentarla con las condiciones en las que está, pero ahora la reflexión es: ¿En qué condiciones va a quedar después de la tormenta?.

“Ya no son las reparaciones que originalmente se debatían. Ahora es lo que hay que hacerle si logramos sacarlo, entero o con posibilidades de llegar a puerto. Realmente, las circunstancias, el entorno y la situación que vivimos son las peores que uno puede pensar”, declaró Morales.

En ese foro legislativo, los jerarcas de la CCSS y los diputados discuten las medidas pendientes para que el IVM salga de los apuros actuales, pero también buscan soluciones en el mediano y en el corto plazo.

El informe Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de julio del 2019, efectuó una proyección de los ingresos y gastos del régimen, en un periodo de 100 años, y determinó que el déficit actuarial es de ¢100 billones, es decir, tres veces el producto interno bruto (PIB) del país.

El estudio fue realizado por la Dirección Actuarial de la CCSS, ente administrador del fondo, con datos al 31 de diciembre del 2018.

Dicha investigación concluyó que, para lograr la sostenibilidad futura del régimen debe realizarse ajustes en materia de incremento en la cotización, aumento en la edad de retiro, actualización de las pensiones por debajo de la inflación y búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento.

De ahí que, tanto Barrantes como Ubaldo Carrillo —director de Pensiones de la CCSS quien también asiste a las audiencias con los diputados— insistan ante la Comisión sobre la necesidad de acabar con las alternativas de retiro anticipado y sobre la urgencia de buscar nuevos ingresos para el régimen, de manera que su capital no esté supeditado solo a los aportes patronales.

LEA MÁS: CCSS llama a unificar edad de pensión en los 65 años