Las instituciones del sector público pagarán este año hasta ¢134.000 en pluses salariales por cada ¢100.000 destinados a salarios base.

Así lo reveló un informe de la Contraloría General de la República (CGR), con fecha del 26 de febrero, donde se analiza el peso de las remuneraciones en los presupuestos públicos.

El documento revela que las instituciones descentralizadas no empresariales son las más dinero pagan en incentivos en relación con la remuneración base. Ahí es donde existe la relación ¢134.000 frente ¢100.000.

Dentro de esas entidades están, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las universidades públicas.

De esta forma, en promedio, un salario base de ¢600.000 es acompañado por ¢800.000 de incentivos, para un total de ¢1,4 millones.

Los datos de la Contraloría exponen que en promedio, en todo el sector público, se gastan ¢106.000 en incentivos por cada ¢100.000 en sueldos base.

Estas diferencias han propiciado que la subpartida de pluses demande, este año, ¢200.000 millones más que la de salario base.

Durante el 2021, los incentivos costarán ¢2,5 billones (millones de millones), mientas que las remuneraciones básicas, ¢2,3 billones.

El dato fue extraído al analizar ¢6,3 millones que, este año, destinará el sector público al pago de remuneraciones, incluyendo cargas sociales y otros costos.

En otro tipo de entidades públicas, los pluses representan menos que los salarios base. Ese es el caso de las instituciones públicas financieras, como los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), expuso la Contraloría.

En este sector, por cada ¢100.000 en salarios, se pagan ¢47.500 en pluses.

“Esta diferencia se explica por la tendencia decreciente que ha presentado el gasto en incentivos salariales de ese sector, producto en parte de la implementación de sistema de compensación diferentes”, explica el informe.

Urge corrección

Según la Contraloría, la partido de incentivos registró un “crecimiento inercial” hasta que, en el 2018, la reforma fiscal le puso límite a varios pluses. Por ejemplo, la ley ordenó que el pago por anualidades pasara a convertirse en un monto nominal, en vez de un porcentaje del salario base.

Además, se ajustaron hacia abajo los nuevos contratos de dedicación exclusiva. Antes, se pagaba hasta un 65% del salario base y, ahora hasta un 25%.

No obstante, para la CGR todavía urge un mejor ordenamiento de los desequilibrios salariales entre instituciones.

“La eliminación de disparidades en el gasto asociado a la partida de remuneraciones, que es la de mayor peso en el gasto público y, por ello, debe permanecer bajo constante revisión y control, resulta imperante para corregir de manera eficiente las debilidades estructurales del gasto que aún persisten”, explica el informe.

“Desde la Contraloría General, se ha señalado que la complejidad que se afronta en el tema de sostenibilidad de las finanzas públicas es profunda y que el costo del sistema de empleo público actual es elevado”.

“Por esta razón, el análisis y priorización de temas legislativos como el proyecto de ley 21.336, Ley Marco de Empleo Público, representa una oportunidad para mejorar la eficiencia de este rubro de gasto; así como para modernizar el sistema de empleo público.

“El manejo de este tema requiere de responsabilidad, pero sobre todo de compromiso por parte del sector público en su totalidad, en un contexto en el que las medidas para retomar la senda de estabilidad y sostenibilidad de las finanzas del Estado son parte de un ajuste estructural absolutamente necesario”, agrega el documento.

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Remuneraciones equivalen al 16,9% del PIB

La partida de remuneraciones del Estado equivaldrá, en este 2021, a un 16,9% del PIB.

Dicha cantidad de dinero representa el 23,5% del total global de los presupuestos públicos, incluyendo todas las instituciones, no solo las del Gobierno Central.

El análisis de la Contraloría también sostiene que el gasto destinado a remuneraciones es similar al registrado, en promedio, en el periodo 2015-2019 (24,6%).

Asimismo, esta es la partida con mayor peso relativo en el presupuesto inicial desde el año 2015.

Para este año, el gasto asignado a remuneraciones se concentra principalmente en el Gobierno Central, con el 44% de los recursos presupuestados para esta partida.

“Tres instituciones en este grupo absorben el 77,8% del presupuesto inicial 2021 en remuneraciones: el Ministerio de Educación Pública (MEP, 56,4%), Poder Judicial (13,7%) y Ministerio de Seguridad Pública (7,7%)”, dijo Contraloría.

El restante 22% es consumido por las demás instituciones y ministerios que componen el Gobierno Central.

Por su parte, las instituciones descentralizadas no empresariales ocupan el segundo peldaño entre los sectores con mayor gasto en salarios, con casi ¢2,2 billones asignado para 2021.

Esta cifra representa el 34% de todos los recursos destinados al pago de remuneraciones.

Dentro de este grupo de instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la que históricamente cuenta con el mayor presupuesto asignado, consumiendo el 69,6% del total de este grupo.

Le siguen la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), cuyos presupuestos componen en conjunto un 14% del total del grupo.

El tercer lugar, por gasto en remuneraciones, lo poseen las empresas públicas no financieras, las cuales reúnen el 10% de los fondos dirigidos para financiar el pago de esta partida.

Estas empresas estatales devengan poco más de ¢636.300 millones, de los cuales el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) absorbe el 53%, seguido del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con un 10,5%.

Gobierno es el único sector que aumentó gastos

El documento de la CGR también reveló que el gasto en remuneraciones del sector público presentó un decrecimiento de 2,4% respecto al presupuesto inicial 2020.

“Por grupo institucional, el único sector que presenta un crecimiento respecto al presupuesto inicial de 2020, corresponde al Gobierno de la República, con un aumento de 3,9% (¢105.551 millones)”, alertó la Contraloría.

El aumento del Gobierno Central fue tal que superó al de los dos años anteriores; 0,4% en 2019 y 0,8% en 2020.

Según la Contraloría, esto se explica porque, para el 2021, la planilla de los órganos desconcentrados se incorporó al Presupuesto de la República por primera vez.

En el resto del sector público, se presentó un decrecimiento en el monto aprobado por concepto de remuneraciones de un 2,7% respecto al presupuesto inicial 2020.

Esto se produjo después de que, en el periodo 2016-2019, se presentó un crecimiento promedio en remuneraciones de un 3%.

El sector institucional que presenta la mayor reducción son las empresas públicas no financieras, cuyo gasto es ¢46.715 millones, un 6,8% menor que el presupuesto inicial del 2020.

Según la Contraloría, algunas instituciones del sector descentralizado presentaron una reducción en sus presupuestos ante la afectación experimentada por la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.

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