El Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió por segunda ocasión a la funcionaria Cristina Ramírez Chavarría, exministra de Justicia (2014-2015), al encontrarla responsable de haber contratado en la entidad a dos allegadas en la Dirección Jurídica y darle ventajas a una de ellas.

“Después de otorgado el derecho de defensa, el órgano externo que tuvo a cargo la investigación calificó la falta como gravísima, y tuvo por acreditado que la señora Ramírez, de forma intencional, ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos”, explicó el INS.

Ante esto, el INS indicó que decidió destituir sin responsabilidad patronal a Ramírez del cargo de directora de la Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios y “queda deshabilitada para el ejercicio profesional del cargo que ejecutaba en representación de este Instituto”, detalló la oficina de prensa este 14 de enero.

La investigación se efectuó luego de que la funcionaria fue denunciada penalmente por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en 2020, por presuntos delitos a la función pública.

La PEP le ordenó al Instituto cursar un procedimiento disciplinario contra Ramírez y se le remitió el informe AEP-INF-018-2020 sobre la investigación.

Según el expediente del procedimiento administrativo, del cual La Nación posee copia, la funcionaria habría aprovechado su influencia para la “prestación de servicios de dos personas de su preferencia y de su confianza (las señoras Karla Rodríguez Jiménez y Darlyn Michelle Montoya Zúñiga)”, así como darle a una de ellas “condiciones y privilegios” por encima de los que correspondía, justificando sus gestiones con aparente necesidad, legalidad y apego a las normas.

“La investigada es responsable del cargo que se le imputa, esto es, de incurrir en una infracción al deber de probidad y a los deberes éticos de la función pública”, afirma el expediente.

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Según el expediente, las mujeres Karla Rodríguez Jiménez y Darlyn Montoya Zúñiga laboraban en Ministerio de Justicia cuando Ramírez fungió como jerarca de esa cartera y, luego, ella solicitó sus nombramientos en el INS.

La primera llegó a ocupar un puesto de confianza en el despacho de Cristina Ramírez por orden de la entonces ministra, y la segunda fue su asistente.

Ramírez ingresó al INS en el 2015, luego de que el expresidente Luis Guillermo Solís le pidió abandonar su puesto como ministra de Justicia y Paz para apoyar las gestiones del INS.

Según detalla la investigación, en el año 2017, la exministra solicitó en el INS un puesto urgente para su despacho y dijo contar con un currículo. El cargo recayó sobre Karla Rodríguez.

“En el año 2017, sin que se precise fecha exacta, la señora Yanory Isabel Vega Arias, quien fungía como Gerente General de INS Servicios S.A., recibió una llamada telefónica de Cristina Ramírez Chavarría, quien le manifestó que le urgía que se efectuara una contratación de un abogado para la Dirección Jurídica y que contaba con el currículum de la persona idónea para el perfil”, afirma la investigación.

El 12 de setiembre de 2017, el INS inició con los pagos en razón del servicio prestado por Rodríguez Jiménez en la Dirección Jurídica; estos pagos concluyeron el 1.° de mayo del 2018, luego de que presentara su renuncia.

“De acuerdo con los testimonios recibidos por parte de funcionarios del INS, entre las señoras Cristina Ramírez y Karla Rodríguez existía una relación de cercanía y confianza mientras trabajaron juntas en la Dirección Jurídica”, indica el informe sobre los testimonios recolectados.

Además, señala que ambas mujeres coincidieron como profesoras en una universidad, y que Ramírez fue quien refirió el currículum de la señora Rodríguez, “lo que denotaba que le tenía confianza”.

La otra contratación fue la de Darlyn Montoya, a quien la exministra habría contactado para ofrecerle el puesto de su asistente con motivo de la renuncia de otra funcionaria.

“El 4 de julio de 2018, la señora Karen Morales Gutiérrez presentó su renuncia al INS y, ese mismo día, le entregó el recibido a la señora Cristina Ramírez, quien procedió a comunicarse con la señora Darlyn Montoya para ofrecerle el puesto que dejaría la funcionaria Morales″, detalla la investigación.

Según se detalla en el documento, dicha plaza fue cerrada, por lo que, a solicitud de Ramírez, se procedió a abrir una nueva que se ajustara al perfil de Montoya; para el 6 de agosto del 2018; ella empezó a laborar en la Dirección Jurídica.

El 9 de abril de 2019, luego de que nuevamente se determinara que la plaza ocupada por la asistente no requería de la contratación, inmediatamente el INS término su relación laboral con responsabilidad patronal.

Directora negó hechos

Dentro de la investigación contra Cristina Ramírez también se encuentran los argumentos con los que ella negó haber cometido los hechos por los que fue despedida.

Alegó que la mayoría de testigos dijo no tener conocimiento de los hechos y que los testimonios fueron “falsos e inexactos”, carentes de credibilidad y teñidos de “mala fe”.

Asimismo, dijo que todos los procedimientos de contratación externa implementados en la Dirección Jurídica “eran usuales y que no hubo nada irregular”.

Además, el expediente también revela que Ramírez aseguró no conocía a Karla Rodríguez, “solo de vista y que su relación era estrictamente laboral”.

En cuanto a la contratación de Darlyn Montoya, negó que fuese propiciada por ella; afirmó que “la asistente no sabía dónde trabajaría sino hasta su primer día de trabajo”.

En noviembre del 2019, el Instituto de Seguros ordenó el despido sin responsabilidad patronal de la exministra de su cargo como directora de Asuntos jurídicos.

Sin embargo, el 8 de enero del 2020, el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió una medida cautelar interpuesta por Ramírez, quien alegó una supuesta violación al debido proceso.

Entonces, se le reasignó en el cargo de jefa del departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios.

Según informó La Nación, para el mes de noviembre del 2020, la exministra acumulaba dos procedimientos disciplinarios abiertos, uno de ellos obedece a un presunto acoso laboral y deterioro del ambiente laboral mientras fungía como directora de Asuntos Jurídicos del INS.

El otro procedimiento es el causante de su segundo despido, efectuado este mes de enero.

Según informó el INS, Ramírez presentó cinco procesos judiciales en los juzgados laborales, con la finalidad de evitar la ejecución del despido.

Se intentó conocer la versión de la exministra, sin embargo no fue posible localizarla al cierre de la edición.

Actualmente, la exministra se encuentra denunciada penalmente por la PEP ante la Fiscalía, por lo que el INS ha indicado que se sumará al proceso para ampliar la demanda.

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