El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cobrará un canon mensual al Ministerio de Educación Pública (MEP) por el uso de su edificio de Telecomunicaciones, valorado en $100 millones, el cual se encuentra ubicado en Sabana Sur, San José. El MEP tiene planeado trasladar ahí su sede central.
Así lo confirmó el gerente de Operaciones y Logística del ICE, Melvin Monge, ante consultas de La Nación. Sobre el monto que debe sufragar el Ministerio, el funcionario indicó que aún no está definido.
“La figura de permiso de uso ciertamente requiere de un canon mensual por parte del MEP al ICE. Quedará definido mediante un avalúo administrativo”, respondió Monge por escrito.
El 20 de julio anterior, en conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que el MEP dejará de alquilar tres edificios donde alberga sus sedes centrales, para mudarse al inmueble del ICE, con el propósito de ahorrar recursos.
Los contratos de esos alquileres, aseguró el mandatario en conferencia de prensa, representan un costo anual de ¢3.000 millones.
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Casi dos meses después, el Instituto desconoce cuándo se trasladarán las oficinas centrales del ministerio a su inmueble. Tampoco sabe cuántos funcionarios ocuparán el edificio. Además, las entidades siguen sin firmar un acuerdo.
“Una vez se suscriba el acuerdo entre ambas instancias, se definirá el cronograma de traslado”, contestó Monge.
Este medio de comunicación remitió consultas al Ministerio de Educación para saber la proporción de sus funcionarios de sede central que se trasladarán a ese inmueble así como el ahorro de recursos esperado con esa medida.
No obstante, a través de la oficina de Prensa, se contestó que todavía es muy temprano para conocer esas cifras, pues apenas se encuentran en negociaciones.
“En relación con un eventual traslado de los funcionarios a otro edificio, y por encontrarse en etapa de negociación no es posible referirnos al tema”, señaló el ministerio.
Capacidad del edificio
La torre propiedad del Instituto, ubicado en las cercanías de la Contraloría General de la República (CGR), en Sabana Sur, es de 16 pisos y tiene una capacidad para 1.400 personas, con 687 espacios de parqueo.
El inmueble es administrado por un fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) y fue estrenado en el año 2010. Ahí se ubicaron a trabajadores del área de Telecomunicaciones.
En su momento, el edificio tuvo problemas por el uso de los elevadores, debido a que eran insuficientes para la cantidad de personal. No obstante, esos inconvenientes fueron solventados.
De acuerdo con el Banco de Costa Rica, el edificio tiene un área total de construcción de 41.825 metros cuadrados (m²), mientras que el área arrendable es de 16.336 m².
Ante consultas de este medio, el Banco señaló que el Instituto sí puede subarrendar ese inmueble. No obstante, indicó que todavía no reciben un solicitud por parte del Instituto, como responsable de la propiedad.
De acuerdo con el gerente de Operaciones y Logística, Melvin Monge, el edificio actualmente se encuentra vacío, pues una parte de los funcionarios fue trasladada a otros inmuebles del ICE y otra parte permanece en teletrabajo.
La Nación supo que los funcionarios en virtualidad, que anteriormente frecuentaban ese edificio, aún no han sido notificados sobre qué sucederá con ellos; si serán trasladados o permanecerán laborando desde casa.
La Junta Directiva de la empresa estatal tampoco ha deliberado sobre el plan para prestar su inmueble al Ministerio de Educación Pública. Al respecto, el funcionario indicó que “tanto el ICE como el MEP trabajan en la atención de la solicitud de la Presidencia de la República sobre el uso del edificio”.
Durante 14 años, el MEP tuvo sus oficinas centrales en Plaza Rofas, frente al hospital San Juan de Dios, en San José. No obstante, en el 2021, la institución dejó ese edificio y distribuyó el personal entre otros dos inmuebles.
Una parte se mudó a Torre Mercedes, en Paseo Colón; y otra a un inmueble de la BCT Arrendadora S. A., en avenida central. Torre Mercedes, propiedad del Fondo Inmobiliario del Banco de Costa Rica (BCR), cobraba ¢100 millones mensuales y BCT Arrendadora S. A., ¢31 millones.