Hacienda rechaza conclusión de Contraloría sobre datos fiscales no confiables

Hacienda aseguró que los registros de ingresos y gastos del Presupuesto Nacional se ajustan a legislación, al tiempo que el ministro Nogui Acosta sostiene que el déficit fiscal fue de 2,5% del PIB, aproximadamente ¢1,1 billones de colones.

El 3 de mayo, la Contraloría publicó un dictamen de auditoría en el que concluye que la liquidación del Gobierno no es confiable debido a errores generalizados y limitación de acceso a la información en las instituciones públicas.

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Según la auditoría, los errores se relacionan principalmente con rubros no incluidos. Tal es el caso de errores en la partida de salarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), producto de reclamos administrativos, así como incentivos salariales no nominalizados y posibles sumas giradas de más.

No obstante, el ministro Acosta dijo tener argumentos suficientes para estar en total desacuerdo con las conclusiones expuestas por la Contraloría.

Dijo que las conclusiones, “más que a razones técnicas, parecen responder a valoraciones subjetivas”.

“En todo momento, el Ministerio de Hacienda ha actuado con transparencia y ha brindado la información requerida por el ente contralor”, adujo el jerarca.

Hacienda negó que exista una mala clasificación de los ingresos provenientes de los órganos desconcentrados.

Aseguró que la incorporación de ¢201.000 millones provenientes de los órganos desconcentrados están “dentro de la técnica contable y en correspondencia directa con la normativa aplicable para ese ejercicio económico”.

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Hacienda también se refirió a un cobro por ¢252.000 millones realizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Al respecto, la CGR aseguró que no estaba presupuestado en el ejercicio de 2022.

El ministerio defiende que, para poder honrar un cobro, debe existir su presupuestación.

“El cobro por ¢252.000 millones referidos a la CCSS son recursos que no constituyen un gasto verificable en la liquidación porque no están presupuestados en el 2022. Asimismo, el monto indicado se basa en un reporte de la CCSS no conciliado con el Ministerio de Hacienda, por lo que no es posible hacer referencia de un gasto sin registrar y por ende sin presupuestar, cuando no existe claridad de la deuda pendiente con esa entidad”, argumentó la entidad.

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La institución también refutó los señalamientos del ente contralor respecto a aportes patronales y estatales del Ministerio de Educación Pública (MEP) que no aparecían registrados en el ejercicio fiscal del 2022.

El ministerio argumentó que estos montos no podían ser registrados porque, según la Ley de Administración Financiera, los saldos caducan el 31 de diciembre de cada año, y los gastos comprometidos a esa fecha se trasladan el periodo siguiente.

“Siempre hemos observado y nos hemos apegado al bloque de legalidad que rige el ejercicio económico desde su inicio hasta su cierre, que es amplio, complejo, diverso, afecto a modificaciones en el tiempo y sobre el que entendemos, también debería actuar la Contraloría General de la República”, concluyó el ministro Acosta.

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