El Poder Ejecutivo desconvocó el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de las sesiones extraordinarias para que los diputados puedan realizarle “mejoras” antes de dictaminarlo.
Casa Presidencial confirmó que la medida se tomó a petición de la comisión legislativa especial que analiza el plan (expediente 19.571).
Dicha iniciativa propone darle herramientas administrativas al Estado para que pueda arrebatarle bienes a personas sospechosas de estar ligadas al crimen organizado, y que no pueden justificar el origen de sus recursos.
El diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, secretario de la comisión, explicó que le pidieron tiempo al Gobierno para agregarle al proyecto varios filtros constitucionales y mejoras en la definición de los procesos que establece.
La solicitud obedece a que durante el período de sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo es el que define la agenda de proyectos que se discuten en el Congreso.
“Por ejemplo, un juez debe revisar la resolución de incautación, no es en automático y se están definiendo medidas de protección para que la ley no pierda colmillo, no es que estamos obstaculizándola. En la aclaración de las fases del procedimiento, hay jueces que intervienen en el proceso y entonces la Fiscalía no actúa de manera arbitraria. En algunos casos está establecido, en algunos se esta estableciendo”, alegó Abarca.
El socialcristiano aseguró que la comisión legislativa también pretende mejorar lo referente a la administración de los bienes incautados, los cuales quedarían en manos del Estado.
La expectativa de Abarca es que se pueda consensuar un texto sustitutivo durante las próximas dos semanas, para después votarlo y dictaminar el proyecto en setiembre.
El foro especial que tramita la iniciativa es conformado, además de Abarca, por los diputados liberacionistas Gustavo Viales y Jorge Luis Fonseca; Víctor Morales, de Acción Ciudadana; Zoila Rosa Volio, de Integración Nacional; así como Jonathan Prendas y Eduardo Cruiskshank, de Restauración Nacional.
El Gobierno informó de que “la Comisión Legislativa propuso seguir trabajando con asesores y equipo técnico de Instituto Costarricense sobre Drogas, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, para presentar un texto final que permita atender de la mejor manera esta problemática y lograr el consenso para su avance en la corriente legislativa”.
Presidencia, además, aseguró que la desconvocatoria es temporal. Cuando los legisladores tengan la nueva propuesta, la volverán a incluir.
“Es una manera de apoyar desde el gobierno el esfuerzo de los legisladores que trabajan en la construcción de un texto de consenso”, dijo el viceministro de la Presidencia Agustín Castro, a través de un comunicado de prensa.
Los supremos poderes de la República promueven el proyecto de Ley de Extinción de Dominio como una forma de atacar a las estructuras del crimen organizado; pues permitiría incautar bienes que sean producto, objeto o instrumento de actividades ilícitas.
La acción de extinción de dominio sería ejercida por el Ministerio Público, y las resoluciones de los casos estarían a cargo de un juzgado especializado.