El Gobierno nombró este martes al exministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, como el nuevo embajador de Costa Rica en México. Asumirá sus funciones el 1.° de junio.
Marcelo Prieto renunció al Ministerio de la Presidencia el 21 de diciembre del 2020, con menos de ocho meses de haber asumido el cargo, el 1.° de mayo del 2020. Es el exjerarca que menos tiempo permaneció en su cargo en esta administración.
Además, fue el tercer ministro de la Presidencia en lo que va de este gobierno.
El futuro embajador había sustituido en el Ministerio de la Presidencia a Víctor Morales Mora, quien renunció por el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Tras la salida de Marcelo Prieto, su cargo en Zapote fue asumido por Geannina Dinarte, quien actualmente sigue al frente de esa cartera.
La salida de Prieto se produjo luego de que la oposición rechazó un crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Congreso.
En su carta de renuncia, Prieto le dijo al presidente Carlos Alvarado que “redefinir su estrategia legislativa” para afrontar un nuevo clima político tras la pérdida del empréstito.
“Comprendí que mi nombramiento podía servir para fortalecer el propósito de unidad nacional planteado por usted y, sin duda, requerido por el país ante la grave crisis que enfrentamos. Acepté entonces su propuesta de servir a Costa Rica como titular del Ministerio de la Presidencia, a partir del 1°. de mayo del 2020, a sabiendas de que eso implicaría para mí, ineludiblemente, el pago de un altísimo costo político”, recalcó Prieto.
Prieto había asumido el cargo luego de haber fungido como rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Durante su labor al mando del centro de universitario, había presentado una demanda contra el gobierno del presidente Alvarado.
La acción judicial la realizó junto con los demás rectores de las universidades públicas, ante el Juzgado Contencioso Administrativo, para oponerse a las medidas de ahorro que el Poder Ejecutivo ordenó aplicar en los salarios de todo el sector público, incluyendo a las casas de enseñanza superior, con base en la reforma fiscal.