Gobierno pide trámite expedito para proyecto de combate a pobreza con ahorro en pensiones de lujo

El Gobierno recibió a los diputados, al término del receso de fin y principio de año, con el envío de un proyecto de ley que destinará, a personas en pobreza extrema, los ¢12.000 millones que se ahorrará el Estado con la más reciente reforma a las pensiones de lujo.

Los ministros de la Presidencia, Víctor Morales; y de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez; llevaron el documento este mismo lunes ante la Secretaría del Directorio legislativo.

Según explicó Morales, su intención ahora es conversar con los diputados, así como con el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, para tratar que la iniciativa reciba un trámite expedito.

Luego de que un proyecto es presentado ante la Secretaría legislativa, el presidente del Congreso debe asignarlo a una comisión para que allí sea discutido y dictaminado antes de enviarlo al plenario.

Se trata de la primera iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso en este 2020. El proyecto fue anunciado, la semana pasada, por el presidente de la República, Carlos Alvarado.

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La iniciativa llevada a la Asamblea Legislativa este lunes propone redistribuir los recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

El objetivo es fortalecer programas existentes sobre reducción de la pobreza como Crecemos y Avancemos, así como el régimen de pensiones no contributivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual cubre a adultos mayores en pobreza.

“Estos recursos permiten atender a parte de las familias que tenemos identificadas en el Sistema Nacional de Información y de Registro ünico de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que hemos identificado en una situación de pobreza extrema y que no están siendo atendidas por los programas de protección y de promoción social de las distintas instituciones”, aseguró Bermúdez.

Los ¢12.000 millones para atender pobreza provienen del ahorro que implicará la aplicación de la ley 9.796, aprobada por el Congreso el 21 de noviembre de 2019 y firmada por el presidente Alvarado, el 5 de diciembre de ese mismo año.

Dicha normativa fijó contribuciones especiales solidarias a las pensiones mayores de ¢2,2 millones en los regímenes del Magisterio Nacional y Gobierno, y a las superiores de ¢2,6 millones en el Poder Judicial.

La entrada en vigencia de esta norma permite cobrar aporte solidario a unos 3.200 jubilados de esos regímenes, quienes se suman a 920 pensionados a quienes se les aplicaba la contribución antes de que se aprobara la ley.

La contribución especial solidaria es un importe que se les impone a las pensiones muy altas en solidaridad con el resto de la población.