El Gobierno anunció este miércoles, en conferencia de prensa, que planteará un juicio de lesividad contra 78 beneficiarios de pensiones de lujo del extinto régimen de exdiputados, con el propósito de establecer un tope de ¢4 millones a las retribuciones que reciben mensualmente. Entre estas jubilaciones, hay algunas que alcanzan los ¢8 millones, por ejemplo.
De acuerdo con el mandatario, Rodrigo Chaves, el reclamo judicial se sustentará en un pronunciamiento emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), en setiembre de 2020, ante una consulta de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Ese criterio establece que, a pesar de que el régimen especial de pensiones de diputados fue derogado en 1992, los excongresistas que se jubilaron están cubiertos por aquel régimen y el artículo 13 de la ley suprimida establecía que ninguna pensión podía sobrepasar “la remuneración total de las dietas o salarios que devengue mensualmente un diputado (actual), por concepto de sesiones de comisión y de plenario de la Asamblea Legislativa”.
Ese tope, según informó Presidencia, es de ¢3.982.371 mensuales.
El criterio de la Procuraduría señala: “En consecuencia, interesa precisar que las normas derogadas deben seguir siendo aplicadas a las situaciones que se concretaron antes de perder su vigencia. Es lo que se conoce como ‘ultraactividad normativa’ o ‘supervivencia del derecho abolido’. Por lo tanto, cada caso concreto debe ser analizado de forma individualizada para determinar qué normativa se le debe aplicar, tarea que compete a esa Dirección de Pensiones desarrollar”.
Sobre la medida que impulsará el Gobierno, Rodrigo Chaves manifestó que “la Procuraduría externó su criterio sobre las pensiones de lujo que gozan los exdiputados, diciendo que el tope establecido, que me parece todavía excesivo, es el salario de un diputado actual. La pensión máxima de la Caja es de ¢1,6 millones y aquí estamos de ¢4 millones todavía”.
De acuerdo con el presidente, si se logra establecer el tope máximo a las pensiones de exdiputados el Estado ahorrará ¢3.500 millones anuales.
En relación con las pensiones de exdiputados, la ministra de Trabajo, Marta Eugenia Esquivel, aclaró que con este proceso “no las estamos eliminando”.
“Lo que vamos a hacer con estas 78 personas es un análisis, que ya realmente está avanzado. Ahora tenemos que documentar para remitir a la Procuraduría y ellos presentarán este proceso de lesividad, que es un proceso judicial donde el Estado reconoce que se equivocó, que tomó una decisión incorrecta que generó un derecho, y será el juez el que va a venir a validar que efectivamente lo que dice la Procuraduría es correcto y que sí había un tope para las pensiones de exdiputados”, declaró Esquivel.
Los procesos de lesividad ya han sido planteados en el pasado con el propósito de frenar privilegios en las pensiones con cargo al presupuesto nacional.
Por ejemplo, en 2019, la administración de Carlos Alvarado, por medio de la Procuraduría, presentó un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de reactivar el cobro de contribuciones solidarias a pensionados del Magisterio Nacional, a los cuales se les había eximido de pagar durante años.
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Investigación
Luego de hacer el anuncio, la ministra afirmó que el Ministerio de Trabajo realizará una auditoría interna para determinar “si existiría una responsabilidad contra los funcionarios que no tomaron decisiones, porque eso le hubiera ahorrado dinero al erario público”.
El criterio de la Procuraduría fue solicitado por el entonces jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, quien actualmente ostenta el cargo de viceministro de Trabajo.
La respuesta del órgano asesor tiene fecha del 17 de setiembre de 2020. Mora, quien impulsó recortes a las pensiones de lujo durante la administración de Carlos Alvarado, renunció al puesto de director nacional de Pensiones el 15 de agosto de ese mismo año, un mes antes de la emisión de la opinión de la Procuraduría.