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Aunque el gremio de taxis se oponen a un nuevo proyecto de ley que regula las plataformas digitales de transporte, el gobierno considera oportuno que esa iniciativa se apruebe lo más pronto posible. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro Trejos)
El gobierno está de acuerdo con que el Congreso tramite, mediante una vía rápida, el nuevo proyecto de ley para regular plataformas digitales de transporte como Uber.
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, explicó que el Poder Ejecutivo respalda la voluntad de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, quienes este miércoles presentaron un nuevo texto y decidieron impulsar la implementación de un procedimiento expedito para el expediente 21.587.
“Lo importante es que el proyecto siga su ruta legislativa", consideró Morales, a pesar de que los diputados sustituyeron el texto presentado a inicios de año por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
"Ojalá haya acuerdo para aplicarle una vía rápida a este expediente y tengamos un marco legal, un marco normativo que permita prestarle el mejor servicio a los usuarios”, añadió el titular de la Presidencia.
La propuesta, respaldada por los nueve diputados de la comisión, obligaría a los conductores registrados en las plataformas digitales de transporte a inscribirse como trabajador independiente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, les impediría trabajar más de 12 horas diarias y obligaría a los clientes a pagar un 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) para cada servicio.
A su vez, los choferes deberán pagar un derecho de operación anual de ¢90.000.
El primer texto de gobierno les exigía a los conductores un pago anual de ¢124.000.
La nueva versión elimina el cobro de ¢8.300 millones que el gobierno pretendía cobrarle a las plataformas que hubiesen empezado a operar antes de la ley, como Uber.
En lugar de ello, establece un cobro inicial de ¢8,9 millones para las plataformas, el cual se renovaría cada cuatro años por un monto de ¢4,45 millones.
En la iniciativa del gobierno ya desechada, las nuevas plataformas debían pagar ¢44,6 millones la primera vez y ¢2,.3 millones en las renovaciones.
El ministro de la Presidencia aseguró que, a pesar de que la propuesta del gobierno fue rechazada en comisión, cumplió con uno de sus objetivos, como lo fue servir de base para abrir la discusión sobre la regularización de estas plataformas.
El diputado liberacionista Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Económicos, explicó que por unanimidad los nueve legisladores de dicho foro acordaron este miércoles impulsar, en el plenario legislativo, un proceso de vía rápida para el nuevo texto.
“Incluso se habló de la posibilidad de establecer en esa eventual vía rápida un plazo muy corto de cerca de un mes para poder tener dictaminado el proyecto y ponerlo, luego, en conocimiento del plenario legislativo para su votación”, explicó el verdiblanco.
Para que ese proceso ágil se concrete, la comisión tendrá que presentar al plenario una moción que debe ser aprobada por al menos 38 diputados.
De ahí que se necesita de una negociación política entre las bancadas para lograr ese acuerdo, explicó Thompson.
El liberacionista añadió que la moción sería propuesta al plenario la próxima semana, siempre que el nuevo proyecto cumpla con el requisito de ser publicado en el diario oficial La Gaceta.
El nuevo proyecto de ley no acoge la voluntad del gobierno de que los taxis reciban una compensación económica por la regularización de las plataformas.
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Morales adelantó que la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), de la cual forma parte, no presentará mociones al texto sustitutivo para incluir ese interés del gobierno. Cualquier inclusión de una eventual compensación, será voluntad de la comisión, añadió el ministro.
“Es un tema que se verá en el debate, yo estuve hace dos semanas en la comisión y, ante ese tema, planteamos que era un criterio que nos parecía que los diputados debían manejar en la construcción del texto que fueran a hacer”, mencionó el ministro.
Morales explicó que la voluntad del gobierno ha sido que una ley de esa categoría sea equilibrada, “que permita colocar en el centro a los usuarios y que podamos institucionalmente resolver los temas”.
“El proceso interno que se viene es importante porque se tienen que escuchar a las partes, hacer audiencias, plantear consultas y creo que esa dinámica permitirá enriquecer muchísimo el texto”, añadió el jerarca.
El gremio de taxis se opone al nuevo proyecto y adelanta protestas.
Uno de los aspectos que les molesta es que la tarifa sea un precio máximo de referencia; sin embargo, también plantea la posibilidad de que el chofer y el usuario puedan convenir un precio de servicio.
Al respecto, Morales aseguró que ahora el diálogo está abierto en la Asamblea Legislativa, al cual el gobierno se estará acercando para hacer el “acompañamiento que sea necesario”.
“La molestia, la inconformidad natural cuando se trata de ese tipo de proyectos tiene que canalizarse institucionalmente”, comentó el jerarca.
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