Gobierno reconocerá el matrimonio gay al acatar en su totalidad criterio de Corte IDH

Así lo anunció la segunda vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quien se encargó de enviar la consulta a la Corte, sobre el tema, hace dos años.

"Es valiosa la ocasión para reiterar el profundo respeto a la Corte", dijo Chacón, en torno a la potestad de ese órgano para la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por tanto, añadió, el Poder Ejecutivo decidió acoger, respetar y acatar en su totalidad el criterio.

"Por lo tanto, a partir de este momento, el Poder Ejecutivo se abocará a estudiar en profundidad la resolución", agregó.

Marvin Carvajal, director Jurídico de Casa Presidencial, explicó que el Gobierno iniciará un proceso de análisis para determinar las vías adecuadas para hacer cumplir el fallo de la Corte.

"Ya tenemos como antecedente una serie de medidas que se han adoptado que no han requerido de una reforma legal, ya sea por fallos de la Sala Constitucional, o decretos que sean remitidos por el Ejecutivo. Todo aquello que sea de competencia del Ejecutivo, sin ninguna duda, este poder hará lo posible por regularlo", dijo Carvajal.

"Aquellos temas que dependan de una decisión jurisdiccional eventualmente tendrán que seguir ese camino, y habrá que analizar si algunos de estos cambios podrían requerir al menos a largo plazo de una reacción en el ámbito legislativo", añadió el funcionario.

La vicepresidente declaró que, con este criterio, se salda una deuda histórica con las personas LGBTI, pues "se les trató como personas sin derechos" y, ahora, esto permitirá que las futuras generaciones "crezcan sin miedo".

"Este fallo viene a abrirnos muchas puertas a nosotras, más que todo a las que somos de zona rurales del país, porque son lugares que son muy machistas, y al dar ahora este fallo de la Corte da indicios de que vamos a poder tener nuestra identidad como nosotras nos identificamos", afirmó Alondra Castillo, activista de la población trans.

Kerlyn Obando, además, celebró que los jueces interamericanos acalarara que para iniciar el proceso de cambio de nombre baste la voluntad de la persona trans.

"No tienes por qué pagar por que te validen tu identidad, y ningún juez tiene por qué decidir si eres o no una persona trans, tampoco tienes por qué pasar por tratamientos hormonales ni ninguna cirugía para que validen tu identidad. Somos mujeres y esto es un cambio positivo", manifestó Obando.

En opinión de Carvajal, será necesario emplear "una estrategia muy agresiva" y diálogo entre todos los poderes de la República para distribuir las responsabilidades que impone el criterio de los jueces interamericanos.

El director jurídico señaló, además, que las obligaciones decretadas por la Corte también recaerán en el próximo Gobierno.

"Lo cierto es que los cambios que se puedan implementar en esta administración se desarrollarán. Aquellos que no, eso no significa que al cabo de pocos meses el Estado pierde esas obligaciones, sino que se mantienen vigentes", manifestó Carvajal.

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Tras conocerse el criterio de la Corte, la Conferencia Episcopal comunicó que antes de emitir un pronunciamiento, espera "un análisis concienzudo, jurídico y técnico" de los alcances del criterio.

"Mientras, como corresponde, vamos a seguir manteniendo la enseñanza de la Iglesia sobre la verdad del ser humano, la naturaleza como Dios lo creó, su plan para el ser humano y que propone a todo ser humano para su desarrollo en la vida del matrimonio y de la familia como lo entiende la palabra de Dios", expresó Mauricio Granados, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal.

¿Cuáles derechos deberán ampliarse?

La Corte "resolvió que las parejas del mismo sexo sí son iguales" y el Estado "tiene la obligación de garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar", dijo Chacón en conferencia de prensa en Casa Presidencial.

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De acuerdo con Daniel Valverde, abogado especialista en temas laborales y de derechos humanos, estas son algunas de las garantías de las que gozan actualmente las parejas heterosexuales, y que deberán extenderse a los matrimonios conformados por personas del mismo sexo:

• Solicitud conjunta de préstamos en el sistema bancario.
• Solicitud de créditos fiscales, para que se aplique una deducción al monto que se paga de impuesto sobre la renta.
• Herencia por muerte del cónyuge, si la persona fallecida no dejó un testamento.
• Separación de bienes según la normativa estatal en caso de divorcio.
• Adopción de hijos.
• Negociación de la custodia de los hijos, en caso de separación.
• Acceso a seguros por enfermedad en sistemas públicos y privados.
• Acceso a pensión por muerte del cónyuge.
• Derecho a negarse a declarar en contra del cónyuge en procesos penales.
• Solicitud de pensiones alimenticias.
• Licencias por matrimonio en el lugar de trabajo.
• Toma de decisiones de vida o muerte en caso de hospitalización de la pareja.
  

Consultado sobre los derechos que deben ampliarse a partir de la opinión de la Corte, Carvajal dijo que el Estado "debe garantizar todos aquellos derechos patrimoniales y no patrimoniales que se reconocen en una pareja de personas heterosexuales, también en una pareja de personas del mismo sexo.

Maureen Solís, jueza de Familia, señaló que el criterio de la Corte obligará a que el país deje de lado la heteronormatividad que fue norma hasta ahora, en especial en temas legales.

"Esto va a tener un impacto primero que todo en la legislación ordinaria, en los juzgados de familia. El Poder Judicial poco a poco se va a tener que ir preparando porque conforme esta resolución alcance mayor ejecutividad, conforme la ciudadanía la esté alegando en sus planteamientos, se va a generar un mayor circulante de trabajo", explicó Solís.