Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, cuestionó la confiabilidad de los hallazgos revelados por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la entrega de los bonos Proteger.
“Las conclusiones y hallazgos a los que llega la Contraloría tienen serias debilidades”, afirmó este jueves la jerarca durante una entrevista con el periodista Ignacio Santos, director de Telenoticias de Canal 7.
“Coincido completamente en las disposiciones y, por supuesto, las instituciones las acatarán, pero las conclusiones y los hallazgos sí tiene presunciones que ponen en riesgo incluso el derecho a la defensa de las personas”, expresó Dinarte.
Según la ministra, los informes de la Contraloría están concluyendo que hay ¢7.000 millones “mal pagados”, pero en su criterio no se han hecho las investigaciones para demostrarlo.
Debido a eso, alega que se podría “violentar los derechos de defensa de las personas que recibieron el bono”.
Dinarte insistió en que los datos revelados por las auditorías del órgano contralor no coinciden con los que estaban en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cartera que ella dirigió hasta el mes de diciembre del 2020.
“La diferencia es muy grande; para la Contraloría, hubo un 16% de filtraciones, y lo que nosotros hemos encontrado, hasta el momento, es solamente un 0,6%, y tenemos la información y también hemos hecho la investigaciones”.
“En ningún momento se ha dejado de investigar y eso incluso ha permitido que ya se haga recuperación de los fondos públicos en los casos en los que ya la etapa procesal lo permite”, agregó la titular de la Presidencia.
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Las declaraciones de Dinarte se dieron luego de que el periodista Ignacio Santo le consultó si la rendición de cuentas que deberá brindar ante el Congreso, por solitud de los diputados, perjudicaba su relación con los legisladores.
En el mes de diciembre, el ente contralor sacó a la luz que el Gobierno habría otorgado ¢7.500 millones en subsidios a personas que no requerían el bono o que ni siquiera calificaban para recibirlo.
Se trata del 16,4% de los beneficiarios de la ayuda económica, que obtuvieron montos de ¢62.500 o ¢125.000 mensuales por tres meses.
La auditoría del órgano contralor encontró que 64.690 beneficiarios no habían registrado ninguna afectación salarial en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras que otros 1.058 habrían tenido asignada otra ayuda estatal.
La revisión también detalló que siete miembros de un mismo hogar recibieron el beneficio estatal. Asimismo, se determinó que un total de 17 hogares contaban con seis familiares con la cobertura.
La Nación intentó conversar con Geaninna Dinarte sobre sus cuestionamientos a los hallazgos de la Contraloría; sin embargo, no se obtuvo su respuesta al cierre de esta nota.
Por su parte, la Contraloría decidió abstenerse de comentar los señalamientos hechos por la jerarca.
“En este momento no nos referiremos porque el informe aludido se encuentra recurrido ante la CGR y, hasta no resolver la vía recursiva, no vamos a emitir ninguna opinión sobre las apreciaciones de Dinarte”, dijo la CGR.
Tras la publicación del informe de auditoría, la entonces jerarca de Trabajo planteó un recurso de revocatoria, para que ese órgano haga una revisión de la auditoría.
Debido a la serie de deficiencias cometidas en la entrega del bono, achacó la responsabilidad del alto grado de filtraciones al MTSS y demás autoridades a cargo del programa.
Por ello, este jueves 14 de enero, los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobaron por unanimidad llamar a comparecer tanto a Dinarte como a el Juan Luis Bermúdez, presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
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