‘No se puede perseguir solo narcos. ¿Y los funcionarios públicos?’ Fiscalía, OIJ e ICD critican decisión de diputados

La Fiscalía General, el OIJ y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) expresaron su “oposición total” a la nueva versión de proyecto de ley que cinco diputados impulsaron para incautar bienes de origen dudoso al crimen organizado.

Los tres organismos consideran inaceptable que se excluyeran delitos como corrupción, contrabando, fraudes, sicariato o pornografía infantil del proyecto de Extinción de Dominio, el cual busca debilitar el poderío económico de los grupos criminales.

Esta figura permite al Estado incautar bienes a personas que no puedan justificar su origen, es decir, que no puedan demostrar que los adquirieron mediante dinero bien habido.

En palabras del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, la nueva versión del proyecto "atenta contra contra el fin que busca la ley”.

La noche del martes, los diputados dictaminaron una nueva versión de la Ley de Extinción de Dominio según la cual el Estado podría incautar bienes de origen dudoso ligados a ocho tipos de delitos: narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos.

El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, votó en contra alegando que el nuevo texto excluye conductas como corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, así como el contrabando o los delitos tributarios.

Votaron a favor Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gustavo Viales y Jorge Fonseca, de Liberación Nacional (PLN); Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN); y de Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN).

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La extinción de dominio, tal como la define la iniciativa legal, consiste en que el Estado pueda incautar todos los bienes y derechos “adquiridos sin causa lícita aparente, como consecuencia de actividades ilícitas de los afectados".

La aplicación de esta herramienta no es penal, aunque se tenga que dar por sentencia, sino que se trata de un “proceso jurisdiccional autónomo”, sin contraprestación ni compensación para el afectado.

Director del OIJ: ‘Una ley sin armas que ya escogió quiénes van a ser sus clientes’

"Lo más importante es recordar que la extinción significa la posibilidad de que el Estado quite el disfrute de bienes a personas vinculadas con actividades ilícitas, no necesariamente delictivas, pero sí ilícitas", explicó el director del OIJ.

“Cuando se hace en el campo penal o delictivo es difícil, porque se tiene que probar que el bien o dinero se usó para cometer el delito o se obtuvo por eso. La extinción de dominio es para facilitar eso en el campo del respeto a los bienes”, adujo Espinoza.

El OIJ sostiene que países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú y España han tenido buenos resultados con la extinción de dominio, pero que la versión aprobada el martes “limita absolutamente” el rango de acción.

"Elimina la posibilidad, de manera absoluta y total, de que se pueda usar la extinción de dominio contra corrupción, enriquecimiento ilícito, fraudes, sicariato y otras actividades que producen bienes y fondos.

“Eso es trascendente y vital, nos dan una ley sin armas, poco beligerante, que no va a servir, que ya escogió quiénes van a ser los clientes y público meta. Eso no lo queremos y no lo aceptamos. Tenemos que dirigir esfuerzos a la recuperación de bienes independientemente del modo ilegítimo”, continuó Espinoza.

¿Y los funcionarios públicos?

“No se puede perseguir solo narcos. ¿Y los funcionarios públicos? Ellos van a quedar totalmente protegidos. Esto es una aprobación parcial, sesgada y que pretende favorecer a determinados grupos”, sostuvo el jerarca del OIJ.

“Tenemos que golpear la estructura financiera de organizaciones criminales, también de ciberdelito, fraude, pornografía infantil. Ese escollo que nos están poniendo es insalvable. Exhortamos a los diputados a reconsiderar”.

Fiscala general: ‘Intenciones que desconozco pero puedo presumir’

La fiscala general, Emilia Navas, también cuestionó la decisión de los diputados sobre el proyecto: “El que quieren apobar, con intenciones que desconozco pero puedo presumir, deja por fuera los bienes adquiridos por corrupción, fraude, pornografía infantil. Si los hechos de corrupción generan pobreza e impiden desarrollo, no es posible que un proyecto por aprobarse excluya a personas que cometen hechos de corrupción”.

"Ese dinero, esas ganancias, beneficios obtenidos de forma ilegítima por corrupción, no pueden ser excluidos de esta ley, tienen que devolverse a la sociedad".

“No entiendo cuál es el objetivo de excluir investigaciones por hechos de corrupción, ciberdelitos, estafas, contrabando, delitos tributarios, pornografía infantil, con los números que esta última genera”, añadió Navas.

La fiscala señaló que el nuevo texto también tiene problemas procedimentales que dificultarían la aplicación de la figura de la extinción de dominio.

“Nos hace concluir que el procedimiento será lento, inaplicable y no vamos a ver nunca frutos. Nos estamos oponiendo, hacemos llamado a diputados para que tomen conciencia, examinen proyecto que presentamos para que tenga éxito. Si el discurso de los diputados es ‘luchemos contra corrupción y crimen organizado’, no entiendo por qué excluyen de la ley ese tipo de delitos", declaró la fiscala.

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, también había lamentado que la iniciativa excluya una gran cantidad de actividades delictivas, como los ciberdelitos o delitos sexuales de diversa naturaleza, incluyendo la pornografía infantil.

Araya alegó que esos cambios debilitan la propuesta original e, incluso, estarían derogando la Ley sobre capitales emergentes.

Según el director del ICD, la iniciativa estaba originalmente enfocada en la lucha contra el crimen organizado, en general, y no solo en el narcotráfico y otros.

“El objetivo nacional e internacional de este proyecto es la persecución del crimen organizado, que no solo se nutre del tráfico de drogas. La legitimación de capitales tiene 21 delitos precedentes, hay muchos delitos pero se está delimitando demasiado”, dijo Araya.