EscucharLa Fiscalía Anticorrupción indagó el miércoles al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, como investigado por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley, en relación con supuestas irregularidades en inversiones del Gobierno en el extinto Bancrédito, entre los años 2016 y 2018.
Róger Guevara, defensor del exmandatario, confirmó que Solís Rivera se presentó a solicitud del Ministerio Público para rendir declaración indagatoria. Dicho caso, confirmó el abogado, se abrió por solicitud de la Contraloría General de la República (CGR).
En julio del 2020, la Contraloría denunció irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Solís Rivera hizo en Bancrédito, antes de que este banco público cerrara por falta de liquidez, en noviembre de 2018.
El año pasado, la Contraloría precisó que las compras de títulos hechas entre 2016 y 2018, con el supuesto objetivo de solventar los problemas de liquidez de Bancrédito, afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018, “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”.
“Le puedo indicar que la declaración de don Luis Guillermo versó en demostrar que las decisiones relacionadas con el banco se tomaron siempre con criterios técnicos y con objetivos públicos muy claros, como era la protección del Sistema Financiero Nacional para evitar lo que podía ser una corrida de ahorrantes y asegurar que todos los acreedores del banco fueran pagados.
“Esto, al final, es un beneficio de la economía del país, que se pudo haber afectado por la quiebra de un banco del Estado como fue con el extinto Banco Anglo. Todos estos objetivos establecidos bajo criterios y decisiones técnicas se cumplieron a cabalidad”, afirmó el abogado Guevara.
La oficina de prensa del Ministerio Público indicó que, por la causa que se sigue bajo el expediente 20-000115-1218-PE, también se investiga, al menos, a otras dos personas de apellidos Fallas y Cubillo.
“La Fiscalía Anticorrupción solo informa de apellidos de personas que ya han sido indagadas”, señaló la entidad.
Guevara aseguró que esperan el sobreseimiento del exmandatario, al tiempo que afirmó lamentar la tendencia de judicializar las decisiones políticas en el país.
“Este fenómeno yo me atrevería a llamarlo no judicialización, sino criminalización de las decisiones políticas. Don Luis Guillermo sí tiene plena confianza en el Ministerio Público, confianza en que realizará una investigación objetiva, tomando todos los criterios legales y toda la normativa vinculante en esta materia, y que, una vez que realice su investigación, llegará a la verdad real de lo que sucedió.
“Lo que sucedió fue un cierre técnico correcto, basado en decisiones técnicas, profesionales y con criterios tendientes a lograr los fines que menciono. Estamos seguros de que esa investigación solo podrá arrojar una conclusión, que es un sobreseimiento definitivo del caso”, señaló Guevara.
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Lo ocurrido con Bancrédito
En febrero del 2018, durante una audiencia de la comisión legislativa que investigó el cierre de Bancrédito, trascendió que el Gobierno estaba en riesgo de perder ¢131.000 millones que invirtió en esa entidad financiera entre marzo y abril del 2017, con el objetivo de ayudarle a afrontar su falta de recursos.
El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses. No obstante, la crisis de Bancrédito no se revirtió, sino que fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en diciembre del 2017, precisamente por incumplir con la devolución de ¢118.000 millones que había invertido Hacienda.
Para principios del 2018, el banco carecía de liquidez para pagar sus obligaciones y el Gobierno se había convertido en su principal acreedor. Las deudas estaban vencidas desde el 22 de diciembre del 2017.
Finalmente, mediante una ley, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR) y este le pagó al Ministerio de Hacienda ¢135.000 millones el 10 de diciembre del 2018, con efectivo y certificados a plazo.
Este mismo miércoles, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) desestimó una denuncia contra el expresidente Solís Rivera, en el caso del cemento chino.
De acuerdo con la resolución que ese órgano envió a la Asamblea Legislativa, no se encontraron indicios para reprochar el accionar de Solís Rivera, aunque sí de su exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, a quien atribuyó presiones a directivos del BCR para nombrar a Barrenechea en el cargo.
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El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, durante una comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, el 20 de setiembre de 2018, por el hueco presupuestario que heredó su administración al presente gobierno. (Albert Marín)
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