El Instituto Nacional de Seguros (INS) tiene dos procedimientos disciplinarios abiertos en contra de Cristina Ramírez Chavarría, actual jefa de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios del INS, quien también fue ministra de Justicia del 2014 al 2015.
El primer expedientes contra Ramírez obedece a un presunto acoso laboral y deterioro del ambiente laboral mientras fungía como directora de Asuntos Jurídicos del INS, puesto del que fue removida en el 2019.
Según detalló el INS, el proceso se produjo luego de que una investigación de psicólogos institucionales determinó que, de 40 funcionarios de la Dirección Jurídica, siete habían sufrido acoso por parte de Ramírez.
“El procedimiento finalizó con una gestión de despido, después de que un órgano externo y la Junta de Relaciones laborales, de forma unánime, constataron que la señora Ramírez acosó laboralmente a siete funcionarios y causó un grave deterioro del ambiente laboral”, indicó el ente asegurador.
Un colaborador de la entidad también la denunció por acoso laboral. Sin embargo, el INS indicó que este procedimiento finalizó sin sanción para la Ramírez.
El segundo procedimiento vigente fue abierto luego de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunciara penalmente a la exministra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado, el 15 de junio de 2020, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
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Los supuestos delitos denunciados están relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, a través de la subsidiaria INS Servicios S. A., añadió la Procuraduría de la Ética en ese momento.
Ante el hecho, el INS indicó que se presentará como víctima a la denuncia penal.
En noviembre del 2019, el Instituto de Seguros ordenó el despido sin responsabilidad patronal de la exministra de su cargo como directora de Asuntos jurídicos.
Sin embargo, el 8 de enero 2020, el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió una medida cautelar interpuesta por Ramírez, quien alegó una supuesta violación al debido proceso.
Entonces, se le reasignó en el cargo de jefa del departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios.
“De forma inexplicable, todavía sigue vigente la medida cautelar de reinstalación que ordenó el Juzgado de Trabajo de Cartago (…). El INS ha solicitado insistentemente que se deje sin efecto la medida cautelar, sin que se acoja su gestión”, agregó el Instituto.
En busca de eliminar esa medida cautelar, el INS aseguró que, desde el 12 de junio anterior, presentó una solicitud en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, pero a la fecha sigue sin resolverse.
Se intentó conocer la versión de Ramírez; sin embargo, ella indicó que no daría declaraciones para respetar la confidencialidad del proceso.
Exministra actúa legalmente
Según confirmó el INS, Ramírez ha presentado cinco procesos judiciales en los juzgados laborales, con la finalidad de evitar la ejecución del despido.
Incluso, el pasado 23 de octubre, la exdirectora interpuso un recurso de amparo contra el INS, el cual fue rechazado el 30 de octubre.
En él, solicitaba la suspensión de una audiencia a la que se le había convocado de parte del Instituto, sobre el tema de la denuncia penal interpuesta por la PEP, e imponer medidas cautelares al INS para velar por el debido proceso.
Sin embargo, la Sala resolvió que la solicitud de Ramírez “carece de sustento” para imponer una medida cautelar y suspender la comparecencia.
Los fundamentos planteados por la exjerarca eran que, debido a los procesos en su contra, había desarrollado una serie de patologías, como hipertensión arterial.
Ramírez alegó a la Sala IV que sus médicos le sugirieron evitar situaciones de estrés laboral para controlar sus patologías y, por ello, no podía unirse de forma física a la audiencia con el INS.
Asimismo, como consta en el documento de la Sala, la funcionaria indicó que, al ser una persona de alto riego, no podía exponerse a una reunión física, pero tampoco accedería a reunirse de forma virtual, alegando violación al debido proceso.
En agosto, cuando se le llamó para la primera audiencia, la funcionaria se escudó en sus padecimientos y el riesgo ante la pandemia para suspender la sesión, por lo que el INS accedió y reprogramó la cita para dos meses después.
El INS asegura que, en el mes octubre, se logró celebrar la audiencia pese a las gestiones de Ramírez para suspenderla.
El instituto agregó que por ahora es inviable brindar más información, pues el caso se encuentra cobijado por la confidencialidad.
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