EscucharLa sobreoferta de candidatos presidenciales diluyó el financiamiento adelantado que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les otorga a los partidos políticos, hasta el grado de convertirlo en un monto marginal para los comicios del 6 de febrero.
La suma a la que cada agrupación puede acceder de forma anticipada bajó, esta vez, a solo ¢94 millones, luego de que la cifra fue de ¢214 millones en las elecciones del 2018.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, atribuyó la afectación a la participación de 25 candidaturas presidenciales en esta ocasión.
¿La razón? La suma establecida como adelanto de deuda política, correspondiente al 15% del monto total por aporte estatal, debe repartirse de forma equitativa entre cada agrupación participante.
Para el presente proceso electoral, el monto de adelanto corresponde a ¢2.960 millones. Un 80% de dichos recursos debe repartirse por partes iguales entre los partidos con candidatos presidenciales, y el restante 20% se divide entre los partidos a escala provincial que inscribieron candidatos a diputado.
“Entre mayor sea la cantidad de partidos políticos que se inscriban tanto a escala nacional como provincial, es menor la cantidad de recursos de financiamiento anticipado a la que pueden acceder. Al compararse con 2018 se nota ese decrecimiento”, manifestó el funcionario.
De esa manera se explica por qué los partidos políticos a escala nacional solo podrán acceder al 44% del monto que se dispuso en 2018. En esa ocasión había 13 candidatos presidenciales, frente a los 25 que hoy aspiran a la Presidencia de la República.
“Precisamente al darse la reducción (por la cantidad de candidatos), esto va en contra de la pretensión del TSE, pues reduce la cantidad de recursos a los que pueden acceder las agrupaciones políticas mediante el financiamiento anticipado y claramente se está notando, en lo que ha transcurrido en la campaña, que una gran cantidad de partidos políticos no están logrando tener acceso a fuentes de financiamiento, principalmente bancarias”, afirmó Chacón.
Si en estos comicios la participación hubiese sido de 13 partidos políticos, al igual que en las elecciones de 2018, a cada agrupación le hubiese correspondido ¢180 millones de adelanto, casi el doble de lo que se dispuso esta vez.
Los diputados acordaron destinar a las elecciones del 2022 (nacionales) y 2024 (municipales) un aporte estatal equivalente al 0,085% del producto interno bruto (PIB) del 2020, en vez del 0,19% que establece la Constitución Política.
El ajuste fue una medida de contención de gasto en medio de la crisis fiscal. Redujeron la deuda política en 55% para ahorrarle al país ¢36.000 millones.
La contribución estatal se fijó en ¢30.586 millones, de los cuales ¢19.970 millones son para los comicios nacionales y ¢10.795 millones para los municipales.
En los dos procesos anteriores, el monto total fue de ¢34.386 millones (¢25.000 millones para las nacionales y ¢9.386 millones para las municipales), equivalentes a un 0,11% del PIB.
Si bien el financiamiento adelantado se reparte por partes iguales, el resto de la deuda política se distribuye de acuerdo con el apoyo que cada partido recibe de parte de los votantes, es decir, por la cantidad de votos obtenidos.
Cifra histórica de candidatos
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) registró una histórica inscripción de 38 partidos políticos para las elecciones de 2022: 27 agrupaciones postularon candidatos presidenciales y nóminas para diputados, mientras que otros 11 partidos buscan que sus candidatos logren curules en la Asamblea Legislativa.
Posteriormente, el Tribunal denegó la participación de dos partidos nacionales por inconsistencias en la renovación de estructuras. Así, con la no inscripción de Viviam Quesada, de Fuerza Democrática, y Camilo Rodríguez, de Renovación Costarricense, la papeleta presidencial se redujo a 25 candidatos.
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De haberse mantenido la cifra de candidatos en 27 postulantes, el monto que le hubiese correspondido a cada partido por adelanto de deuda política habría disminuido a ¢87 millones.
¿Cómo funciona el adelanto de la deuda política?
“El adelanto de la deuda política viene a representar un préstamo que hace el Estado a las agrupaciones políticas con candidaturas, con el propósito de que cuenten con recursos en el momento en que más necesitan”, explicó Ronald Chacón.
De acuerdo con el funcionario del Tribunal, todas las agrupaciones tienen acceso de forma anticipada al monto que les corresponde, siempre que depositen garantías líquidas. Así, en caso de no obtener los votos necesarios para cosechar al menos el mismo monto que recibió por adelantado, el TSE liquida esas garantías que depositó el partido, para poder recuperar los fondos.
“El Tribunal aboga por un aumento en el monto del financiamiento anticipado. Esto incluso data de una propuesta presentada por el órgano electoral ante la Asamblea Legislativa en el año 2013, en virtud de la necesidad de que los partidos políticos cuenten con recursos sanos con fuentes de financiamiento que propicien la equidad, precisamente en el momento que más requieren dinero para invertir en sus campañas”, afirmó Chacón.
El Tribunal Supremo de Elecciones emitió la resolución sobre los montos de adelanto por deuda política el pasado 23 de diciembre. El órgano electoral, sin embargo, aún no recibe solicitudes formales por parte de las tesorerías de las agrupaciones.
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En una entrevista ofrecida a La Nación, la nueva presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora, pidió al Congreso aprobar una reforma para que los partidos políticos puedan acceder por adelantado hasta al 50% de la contribución estatal para las elecciones.
La magistrada consideró urgente avanzar con esa reforma al modelo de financiamiento de las agrupaciones políticas para solventar las inequidades financieras en las campañas electorales.
“Los partidos han quedado en una situación muy difícil de acceso al financiamiento. Muchos de los partidos no tienen garantías líquidas para pedir ese dinero de adelanto y segundo, ese adelanto es muy bajo, es un 15%, los partidos necesitan el dinero durante la campaña electoral, no después”, afirmó Zamora.
En esa misma línea, el último informe del Estado de la Nación alertó que las reglas de financiamiento electoral vigentes exponen a los partidos políticos a ser capturados por grupos delictivos, como aquellos provenientes del narcotráfico, o bien por grupos de gran poder económico.
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