La mayoría de los costarricenses percibe que el Estado está en deuda con el deber de garantizarle justicia pronta y cumplida a los habitantes.

Un estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alianza con el sistema de Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría de los Habitantes, identificó que la población señala el acceso a la justicia como el derecho humano que menos se protege en el país.

Los encuestadores les preguntaron a 1.178 personas si Costa Rica hace un buen trabajo para garantizar el disfrute de 21 derechos y, en el ítem sobre justicia pronta y cumplida, solo un 32% de los participantes respondió afirmativamente.

El 68% restante contestó que ese derecho no se protege.

“Lo anterior representa un desafío para la institucionalidad democrática del país, especialmente para el Poder Judicial en la actual coyuntura de profundo escrutinio público y transformación institucional”, señalan los investigadores en el informe.

Sobre el derecho a la seguridad, el resultado también es bajo: un 54% considera que sí se cumple y un 46% que se incumple.

En el caso de la igualdad ante la ley y la no discriminación, un 60% considera que el Estado garantiza el derecho, al igual que en el caso del derecho a una vivienda digna.

En cuanto al trabajo digno, el porcentaje que cree que se cumple el derecho es de un 61% y, en garantías laborales, es de un 65%.

“Este es un llamado de atención en momentos en que recientemente el Programa Estado de la Nación reporta una desconexión estructural entre la producción y la generación de empleo”, apunta el informe.

Las demás garantías consultadas, relacionadas a temas sociales y económicos, obtuvieron resultados superiores al 70%, entre ellos la libertad de tránsito y a la vida (ambos con 71%), la educación de calidad (77%), la participación política (80%) y el transporte (82%).

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El mejor evaluado por los encuestados fue el derecho al refugio (85%), seguido de los derechos a la cultura y el de libertad de creencia y religión (ambos con 84%).

En términos generales, un 56% de los participantes dijo que el sistema político de Costa Rica protege los derechos básicos de sus habitantes, mientras que un 33% considera que se hace poco y un 9% afirmó que en el país las garantías no se protegen nada.

Para el CIEP, dichos resultados son un llamado de atención sobre el trabajo pendiente, pues existe una diferencia entre lo que debería ser y la imagen que proyecta el país hacia el exterior, y lo que ocurre en la realidad.

Indígenas, indigentes y trabajadoras domésticas, los más excluidos

La encuesta también indagó la percepción de los costarricenses sobre si se cumplen o no los derechos de distintos grupos.

Los encuestados señalaron que las condiciones más adversas las enfrentan las personas en condición de indigencia, pues solo un 28% de los participantes consideraron que a esa población se le respetan los derechos.

También hay percepción sobre un bajo cumplimiento de garantías a los pueblos indígenas (37%) y las trabajadoras domésticas (42%), seguidas de las personas en pobreza (43%), la población LGBTIQ (45%) y los afrodescencientes (48%).

En contraste, la noción es que quienes disfrutan más plenamente sus derechos son los trabajadores públicos (85%), los niños (76), los jóvenes (70%) y los refugiados (68%).

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Perfiles de apoyo a los derechos

El CIEP procuró conocer qué opiniones tienen los costarricenses sobre los derechos de los migrantes y los refugiados, las mujeres y otros grupos excluidos.

Por ejemplo, les preguntó a los encuestados en qué medida, del 1 al 10, estaban de acuerdo con la frase “en Costa Rica las parejas del mismo sexo deben tener derecho a la adopción de hijos”, la cual al final obtuvo un puntaje promedio de 3,87.

En tanto, recibió una nota de 7,33 la frase “los costarricenses deben tener prioridad para acceder a los servicios sociales públicos por encima de los extranjeros”.

En el caso de “los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad para participar en política”, la nota fue de un 9,62.

A partir de esas respuestas, los investigadores elaboraron perfiles de las personas que respetan en mayor y menor medida los derechos humanos.

El análisis señala que las personas con educación universitaria, menores de 35 años y vecinas de San José, Cartago y Heredia, expresan un mayor apoyo a los derechos, mientras que el respaldo es menor entre quienes tienen educación primaria, son mayores de 35 años y viven en Limón, Guanacaste y Puntarenas.

Además, hay mayor apoyo entre quienes se informan con frecuencia y a través de Internet, que quienes se enteran rara vez y solo a través de la televisión del acontecer noticioso.

A partir de esos datos, el informe recomienda identificar los perfiles de respaldo a los derechos humanos que responden a brechas educativas y territoriales, así como a enfocar el trabajo, a través de la educación, en los grupos que muestran bajos niveles de apoyo.