Los representantes de Juan Guaidó en Costa Rica esperan la visita de una comitiva de su país que analizará la situación de las propiedades que el Estado venezolano tiene en suelo costarricense, las cuales se encuentran bajo el control del régimen de Nicolás Maduro.

Una de dichas propiedades es la empresa Alunasa, que según una publicación del diario español ABC es utilizada por miembros del chavismo para recibir dinero del narcotráfico mexicano.

Según María Faría, embajadora en Costa Rica designada por Guaidó, presidente interino de Venezuela, la visita la hará el comité designado por este, para dar seguimiento a los activos que posee el Estado de Venezuela.

Alunasa se ubica en Esparza de Puntarenas. La compañía pertenece a la Corporación Venezolana de Guayana (GVG) y se dedica a la fabricación de productos de aluminio.

De acuerdo con el diario ABC, la empresa recibía dinero en efectivo que venía camuflado en cargamentos de comida que salían de México y hacían una parada en la provincia de Limón, antes de seguir hacia Venezuela.

La publicación del medio europeo afirma que los billetes eran “en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas”.

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Faría aseguró que dicho reporte no los tomó por sorpresa.

“No era de extrañarse; obviamente, es parte de la situación de lo que son todos los activos de Venezuela, y todos los bienes forman parte del expediente que se ha generado desde hace más de cuatro años por medio de la Asamblea Nacional, para reabrir toda la situación contra el régimen, y más por la vinculación que se tiene con el narcotráfico, con lavado de dinero, con terrorismo, entre otros”, dijo Faría.

La embajadora afirmó que el equipo conformado por Guaidó tiene tan documentado el tema, que su visita no se enfocará en recabar información, sino en buscar alternativas para recuperar los activos.

“Todos esos procedimientos los maneja esa comisión; obviamente, ellos tendrán ya un expediente que vendrán a trabajar con el gobierno de Costa Rica y vendrán a hablar con las autoridades pertinentes del caso”, aseguró Faría.

“Ellos se encargarán, por medio de su bufete de abogados que ya tienen designado, cuáles van a ser las medidas ante la normativa local de Costa Rica”, añadió la embajadora.

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Este medio consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores si planea atender próximamente a alguna delegación de Guaidó; no obstante, al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

El 20 de agosto, el medio venezolano El Nacional informó de que Guaidó designó una junta directiva y una junta administrativa ad hoc para proteger los activos de la CVG.

La otra propiedad que sigue bajo el control del régimen de Maduro es la residencia que posee Venezuela en Los Yoses, San José, donde se suele instalar el embajador de turno.

No obstante, en este momento, la manejan los simpatizantes del chavismo en Costa Rica. Cuando Carlos Alvarado les solicitó a los diplomáticos de Maduro que abandonaran el país, la propiedad le fue cedida al exdiputado costarricense Álvaro Mejía, quien la puso a disposición de sindicalistas y organizaciones sociales.

Según el político, su plan es transformar el inmueble en el “centro cultural Simón Bolívar”.

En su afán de tomar posesión de dicho edificio, el cual se ubica frente a la embajada de Venezuela, Faría solicitó la intervención del gobierno costarricense. La diplomática afirmó que están a la espera de una respuesta.

Alunasa niega haber recibido dinero narco en Limón

En un comunicado de prensa, Alunasa se defendió de lo consignado por ABC y afirmó que dicha publicación se basó en información “falsa y sin fundamento”.

La compañía afirma que las paradas de los barcos en Limón, que se mencionan en la publicación, nunca existieron, por lo que, según dicen, tampoco han tenido ninguna relación con los transportes de comida que allí se señalan.

“Alunasa no ha sido consignataria de ningún embarque procedente de México con transbordos”, dice el comunicado.

La empresa, además, negó que haya recibido ni depositado dinero en efectivo por sus transacciones.

“Alunasa no ha tramitado pagos a ningún oficial público venezolano, ni transferencias de bancos costarricenses a cuentas bancarias de ningún tipo en Rusia”, añade el documento.