EscucharEl diputado Eduardo Cruickshank, jefe de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó este martes un proyecto de ley que pretende otorgar recompensas económicas a quienes denuncien actos de corrupción en la función pública.
“Uno de los elementos que más favorecen la impunidad es la negativa de las personas a denunciar y este proyecto busca que los medios de comunicación, los ciudadanos y los funcionarios públicos no se queden callados cuando tengan información y pruebas que permitan identificar actos de corrupción”, expresó Cruickshank mediante un comunicado.
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La iniciativa señala que las denuncias deben ser de “buena fe” y “fundamentadas en cualquiera de los delitos contemplados en el capítulo V de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito”.
El legislador propone que también se incluyan en el plan los delitos cometidos contra la función pública, como el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, cohecho propio o impropio, así como la aceptación, ofrecimiento u otorgamiento de dádivas.
Cruickshank detalló que para evitar que proliferen acusaciones de mala fe, la iniciativa contempla una multa de tres salarios base (equivalente a casi ¢1,4 millones) contra quienes presenten querellas sin pruebas o que se basen en información falsa. Además, el documento indica que en caso de reincidencia, la sanción se elevará a seis salarios base (cerca de ¢2,8 millones).
El proyecto plantea que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República sean los encargados de determinar de manera conjunta el monto económico que se podrá otorgar al denunciante, siempre y cuando se logre probar la responsabilidad de la persona acusada. Además, pretende que este mecanismo se pueda aplicar en los tres poderes del Estado, municipalidades, instituciones públicas y cualquier otra entidad que administre fondos públicos.
El diputado aseguró que países como Chile, Perú y Estados Unidos cuentan con normativa de este tipo para estimular la denuncia con incentivos económicos y que se garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante.
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La propuesta del diputado Eduardo Cruickshank empezará a conocerse en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.772. (JOHN DURAN)
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