Al filo de las 5 p.m. de este miércoles 20 de enero, el proyecto de reforma al empleo público acumulaba 302 mociones de ajuste presentadas por legisladores de seis bancadas, independientes y del bloque fabricista.

En cuanto a las bancadas, las proponentes son congresistas del PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional, el PIN y el Frente Amplio (FA).

Se tenía previsto que la iniciativa, dictaminada hace más dos meses en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, quemara su primer día de mociones en el plenario este miércoles.

Sin embargo, diez legisladores rompieron cuórum y el proceso no se abrió.

Las mociones plantean, por ejemplo, devolver la rectoría del empleo público al Servicio Civil, eliminar convenciones colectivas en las instituciones públicas donde se realiza gestión administrativa directa y regular el traslado de los actuales funcionarios al salario global.

Al mismo tiempo, otras debilitarían el proyecto como las del diputado Walter Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN), que pide establecer el salario global solo para futuros funcionarios y no para actuales, así como dar incentivos monetarios por cumplimiento de metas en la evaluación de desempeño.

También, se presentaron iniciativas que piden excluir del plan a ciertas instituciones. El independiente Dragos Dolanescu pide sacar al Poder Judicial y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC) a las universidades públicas y empresas estatales en competencia.

Lo mismo pide Víctor Morales, del PAC, para las empresas públicas en competencia.

El frenteamplista José María Villalta sugiere que a los empleados se les incremente el salario cada seis meses por el aumento por el costo de vida, lo que incumpliría con la regla fiscal que establece un congelamiento durante la crisis fiscal.

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También, los legisladores presentaron mociones para ajustar la redacción de un artículo sobre paridad de género, modificar una norma sobre causal de despido del funcionario público, u ofrecer remuneraciones en casos especiales de licencia por maternidad.

A nivel individual, el legislador que más iniciativas ha presentado es Wálter Muñoz. En total, planteó 84. Le sigue Paola Vega, con 41.

Además de pedir la exclusión de universidades estatales y empresas públicas en competencia, la rojiamarilla propone modificar los artículos sobre ampliación de permisos de maternidad, creación de permisos por paternidad y licencias cuando se requiera cuidar a un familiar en casos de enfermedad o discapacidad.

La versión actual del texto concede esos beneficios sin remuneración. Vega pide que se les pague a los funcionarios en cada una de esas situaciones. Esa misma solicitud hace Villalta.

El liberacionista David Gourzong introdujo con 31 mociones al expediente. Casi todas las suyas se enfocan en devolver la rectoría de empleo público al Servicio Civil, pues el texto actual la deja en poder del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Yorleny León, también legisladora liberacionista, ha presentado 27 propuestas de ajustes.

Ella se enfoca, básicamente, en plantear prohibiciones en la negociación de convenciones colectivas en instituciones donde se ofrecen servicios públicos, excepto las que están en competencia.

Asimismo, pide establecer un traslado gradual al salario global de actuales trabajadores y evitar que se incremente a 50 días el goce de vacaciones para técnicos y administrativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), como lo plantea el texto dictaminado.

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La liberacionista Silvia Hernández planteó tres mociones individuales, una de ellas que ordenaría que unos 28.800 trabajadores del Estado que hoy ganan menos del futuro salario global, emigren en unos 10 o 12 años para generar ahorros en el pago de remuneraciones.

Wagner Jiménez, de la misma bancada, presentó cinco iniciativas, básicamente para prohibir convenciones colectivas en una parte del Estado.

En las tiendas socialcristianas, la subjefa de fracción Shirley Díaz presentó 14 mociones, Pablo Heriberto Abarca, nueve; y Erwen Masís, ocho.

Abarca pretende que los 28.800 funcionarios emigren en unos seis meses al nuevo esquema de salario global que sería un monto único sin pluses. Así lo plantea la actual versión de la reforma. Abarca presentó algunas alternativas como tomar en cuenta la regla fiscal que congelaría el pago de incremento salarial por actualización del costo de vida.

A nivel de fracción, el PIN planteó 84 mociones de fondo, el PLN 69 mociones, el PAC 64, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 31 y el FA 20, al filo de las 5 p.m. de este miércoles.

Restauración Nacional planteó 12 propuestas de cambio, legisladores independientes siete y el bloque fabricista, una. También, se plantearon 14 mociones firmados por varios legisladores.

Hasta el martes 19 de enero, el texto acumulaba 254 mociones.

El miércoles por la tarde, se plantearon más de 48 adicionales, incluidas las 20 del frentemplista José María Villalta y 13 de Víctor Morales Mora. El proceso de recepción de iniciativas de ajuste sigue abierto al no quemarse el primer día de mociones de fondo.

75 horas de discusión

Por cada moción un legislador tiene hasta 15 minutos para defenderla en comisión. Si se discutieran una por una las 302 presentadas a la fecha, la comisión requeriría como mínimo 75,5 horas de trabajo, sin incluir el tiempo de los diputados que respalden cada iniciativa y quienes la rechacen.

Las sesiones ordinarias este foro suelen durar hora y media. Entonces, discutir estas mociones requeriría de al menos 50 sesiones.

Sin embargo, el vocero del PLN, Luis Fernando Chacón, explicó que la idea de las fracciones es buscar consensos sobre tres grandes temas: salario global, convenciones colectivas y rectoría.

El PLN inició el lunes 18 de enero a analizar posiciones sobre esos tres temas. Continuará con el análisis la próxima semana.

Una vez que los diputados presenten todas las iniciativas de ajustes, estas serán discutidas en la Comisión de Gobierno y Administración.

Después de que se cumplan los dos días de presentación de mociones y de que sean discutidas en comisión, el plan pasaría a la discusión previa al primer debate, en el plenario.

Nota actualizada a las 7:15 p.m.