La mayoría de los diputados apoya la propuesta del gobierno de aumentar de ¢23.415 a ¢107.000, las multas para quienes incumplan la restricción vehicular sanitaria.

Incluso, congresistas de algunas fracciones consideran que los nuevos montos deberían ser más agresivos para que los costarricenses dejen de irrespetar las órdenes, además de que se podría retirar placas o imponer penas de cárcel.

El sábado, el gobierno anunció que presentará un proyecto de reforma para elevar las multas de tránsito. Además, propuso otra reforma para imponer una sanción de ¢450.200 a quienes incumplan medidas u órdenes sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Actualmente, las multas dependen de los ingresos de la persona.

En cuanto al tránsito, unos 1.500 conductores han sido multados por violentar la restricción vehicular sanitaria desde que entró a regir el miércoles de la semana pasada. La medida se aplica de 10 p. m. a 5 a. m. de lunes a jueves; y de 8 p. m. a 5 a. m. de viernes a domingo.

Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo estar de acuerdo con las propuestas de ley presentadas por el ejecutivo, las cuales fueron construidas en conjunto por los diputados oficialistas Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez.

La diputada independiente, Zoila Rosa Volio, también apoya los proyectos: “Tenemos en las próximas semanas la situación más difícil; puede haber una contaminación comunitaria y es cuando más restricción deberíamos de tener para evitar que la gente ande sin necesidad en las calles”.

Por su parte, la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, confirmó el respaldo de la mayor bancada del Congreso.

“Estamos de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo para hacer cumplir la restricción vehicular, como una forma de desmotivar a las personas a salir de sus casas en medio de la emergencia nacional, cuando no es absolutamente necesario y en el marco de los lineamientos técnicos adoptados por los científicos y el Ministerio de Salud”.

“Las cifras demuestran que a muchas personas les está costando acatar las medidas de mantenerse en casa. La irresponsabilidad solo conduce a un incremento en el número de pacientes positivos”, añadió la liberacionista.

Para esta jefa de fracción, se puede evaluar la posibilidad de incorporar el retiro de placas de los automóviles en caso de reincidencia.

Jonathan Prendas, representante del bloque Nueva República, expresó que para muchos estas medidas pueden sonar fuertes, pero lo que están haciendo es protegiendo a las personas incluso de sí mismos.

“Hay mucha gente que aún no ha entendido que se tienen que quedar en sus hogares para evitar ser contagiados por el covid-19 y así evitar la multiplicación de este virus en Costa Rica”, dijo Prendas.

Pena de cárcel

María Inés Solís, cojefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que el monto de la sanción debería más alto.

“Me parece que le hace falta contenido, le hace falta pena cárcel para que realmente los costarricenses entendamos que nos hace falta tener aislamientos, debemos estar fuera de contacto con nuestros seres queridos por un rato”, dijo Solís.

Esta medida no la considera el oficialista Enrique Sánchez, quien dijo que el tema de cárcel más bien complicaría la situación por los costos que tienen.

“Tener personas en la cárcel no creo que sea la ruta adecuada para este tema, simplemente nos generaría un foco de contagio en los centros penitenciarios, donde hasta el momento no hay casos confirmados”, argumentó.

Además, señaló que esto implica un costo y, en estos momentos, se necesitan todos los recursos para atender la emergencia.

Dragos Donalescu, jefe de fracción del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), indicó que apoyan las medidas temporales para evitar un aumento exponencial en el número de casos.

El diputado independiente Erick Rodríguez, dijo estar de acuerdo, pero no del todo convencido de la eficacia que generarán las restricciones.