Diputados mejoran reglas del silencio positivo en favor de ciudadanos

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que cambiará las reglas para recurrir al silencio positivo en beneficio de la ciudadanía, al momento de gestionar trámites y de cumplir requisitos exigidos por las diferentes instituciones del Estado.

Se trata de una reforma integral de la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, de la diputada Silvia Hernández, cuyo objetivo es fortalecer la normativa que, en casi 20 años de existencia, no ha logrado debilitar totalmente la burocracia excesiva.

La reforma reduce de tres a dos días el plazo para que las instituciones emitan una resolución luego de que un usuario presenta una declaración jurada acusando a la administración de silencio positivo. Esa declaración puede presentarse después de que, vencido el plazo para resolver una solicitud sobre un permiso una licencia, la entidad no se ha pronunciado.

“Procederá el silencio positivo de pleno derecho y se tendrán aprobadas las solicitudes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legalmente establecidos”, dice la nueva normativa.

Lo mismo sucederá en el caso de que un funcionario incumpla el plazo para resolver un trámite o requisito necesario para otro trámite, lo que permitiría al habitante seguir con las gestiones siguientes.

La declaración jurada donde el ciudadano acuse el incumplimiento del plazo podría ser autenticada por notario público, o bien, firmada por el administrado en frente del funcionario, así como vía electrónica, con firma digital, indicando que la administración no resolvió en tiempo.

Emitida esa declaración, la institución solamente tendría dos días para autorizar la aplicación del silencio positivo. En el caso de trámites realizados mediante plataformas digitales, se podría aplicar el silencio positivo sin declaración jurada, siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos.

El proyecto aprobado establece que no se podría utilizar el silencio positivo en licencias, permisos o autorizaciones relacionados con salud pública, ambiente o materias en que, por disposición constitucional, legal o jurisprudencia legal, así se indique.

El proyecto de Hernández, firmado por 17 diputados más, crea un Catálogo Nacional de Trámites, para que contenga todos y cada uno de los trámites que estén obligados a cumplir los ciudadanos en diferentes circunstancias, y que no sean forzados a gestiones que no tienen fundamento legal, o no existan en decretos, reglamentos o disposiciones administrativas.

Según la liberacionista, el plan fue trabajado en conjunto con las autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y no exime a los ciudadanos de los requisitos, pero protege de su exceso, buscando una mejor aplicación de la ley vigente.

Las instituciones del Estado quedan obligadas a señalar expresamente, en ese catálogo, los trámites y procedimientos existentes, así como aquellos en los que no se pueda aplicar el silencio positivo. El catálogo será administrado por el MEIC y deberá estar disponible en su sitio web, para consulta pública.

Funcionarios responsables y sanciones

En cuanto a las faltas y sanciones, los diputados destacaron que, por dos décadas, ha sido prácticamente imposible aplicar los castigos a funcionarios y jerarcas que impiden la simplificación de la burocracia estatal, en parte por una redacción confusa de la ley vigente.

Con el proyecto aprobado, se detallas claramente las faltas graves y muy graves, así como el funcionario responsable de esa falla en el sistema. Por ejemplo, es responsable por no brindar publicidad a los trámites el jerarca de la institución respectiva, mientras que el funcionario sería responsable de irrespetar el trámite ante una instancia administrativa única, o no aceptar la presentación única de documentos, así como de exigir más requisitos que los establecidos en leyes, decretos o reglamentos.

Los oficiales de simplificación de trámites podrían ser sancionados si no publicar ni mantienen actualizado el Catálogo Nacional de Trámites o no presentan el informe sobre cumplimientos de plantes de mejora regulatoria.

Si un funcionario no resuelve en plazo los trámites, peticiones, gestiones y solicitudes, así como la entrega de permisos, licencias o autorizaciones, será una falta grave.

En el caso de faltas muy graves, lo serán cuando el funcionario o jerarca incumpla el procedimiento de aplicación del silencio positivo, rechace documento válidos de otro órgano, ente o institución del Estado, entre otras.

Las sanciones se mantienen tal como aparecen en la legislación vigente: suspensión sin goce de salario de tres a ocho días en caso de faltas graves, de ocho a 30 días si son muy graves, o despido sin responsabilidad patronal al funcionario sancionado más de dos veces por faltas muy graves en un año.

Aunque ya existen los oficiales de simplificación de trámites para cada institución, la nueva ley obliga a que constituyan una red de buenas prácticas y a que sesionen cada tres meses bajo coordinación con el Oficial de Simplificación de Trámites del MEIC. Este ministerio tendrá que emitir un informe semestral al Consejo de Gobierno sobre los avances en materia de mejora regulatoria.

El proyecto de Hernández también obliga a realizar constantemente procedimientos para mejorar el engranaje contra el exceso de trámites, estableciendo responsabilidades de emitir informes y, además, obligando al Gobierno a emitir una Política de mejora regulatoria y simplificación de trámites, en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de la ley.

Adicionalmente, se crea normativa que permite la emisión de licencias o permisos de forma temporal, para facilitar que un ciudadano pueda continuar con el trámite de los demás requisitos, mientras haya una resolución definitiva, pero sin que ello sustituya su obligación de cumplirlos todos.

Así lo establece el artículo 15 que se introduce en la Ley que protege al ciudadano del exceso de trámites, donde crea instrumentos para la simplificación de trámites, entre ellos aprobaciones temporales de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite, mientras la persona cumple con lo pendiente.

Si el interesado en la gestión no cumple con lo adicional, el permiso temporal quedará revocado.

El también liberacionista Gustavo Viales indicó que, por muchos años, ha sido casi imposible castigar a los funcionarios adeptos a generar más trabas y burocracia en el aparato estatal.

Mientras tanto, el frenteamplista José María Villalta destacó la centralización de los trámites, para hacer la atención al público más ágil, flexible y humanizada.