EscucharCon 38 votos a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Presupuesto Nacional del 2023 por ¢12,2 billones. De esta forma, los diputados confirmaron el recorte de ¢81.000 millones en la partida para pagar intereses de la deuda pública, efectuado por los diputados de la Comisión de Hacendarios, para restituir fondos a diversos programas sociales.
Los votos negativos fueron de legisladores del oficialista Partido Progreso Social Democrática (PPSD) y el Partido Liberal Progresista (PLP). No obstante, Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, votó a favor.
Los recursos recortados fueron reasignados a diversas instituciones y programas, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asociaciones de desarrollo y bonos de vivienda.
De esta forma, el presupuesto aprobado por los diputados, primero de la administración Chaves Robles, crece un 6,5% en la comparación con el del año 2022.
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Los 13 votos negativos fueron de los oficialistas Pilar Cisneros, Ada Acuña, Paola Nájera, Waldo Agüero, María Marta Padilla, Alexander Barrantes, Jorge Antonio Rojas, Manuel Morales y Daniel Vargas. A esto se sumaron los liberales Luis Diego Vargas, Eliécer Feinzaig, Jorge Dengo y Gilberto Campos.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, declaró que el recorte de ¢81.000 millones en la partida para pagar intereses se dio luego de que varios ministros expresaran sus preocupaciones con el presupuesto, debido a que no se les consultó para redactarlo.
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“Es un presupuesto equilibrado entre lo fiscal y lo social”, subrayó Ramírez.
Por su parte, el jefe de fracción del PLP, Eliécer Feinzaig, justificó el voto negativo de su bancada.
“No estamos de acuerdo con la reasignación de más de ¢81.000 millones que se hizo. Nos parece que es una movida arriesgada en un tiempo como el actual donde las tasas de interés han crecido muchísimo y van a seguir creciendo todavía por un tiempo más. Por lo demás, estamos de acuerdo”, expresó el legislador.
Esta misma justificación brindó Feinzaig luego de su voto negativo en primer debate.
En esa ocasión, el diputado Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio (FA) y miembro de la Comisión de Hacendarios, recordó las críticas del presidente Chaves, quien lo calificó a él y a otros diputados de irresponsables.
“Lo que hicimos fue buscar revertir esos recortes a mansalva hechos sin consultar y que hacían daño a la institucionalidad y a los servicios que se dan a la ciudadanía”, dijo el frenteamplista durante sesión legislativa.
El presupuesto se financia con ¢7,2 billones (59%) de ingresos, impuestos principalmente, y ¢5 billones (49%) de endeudamiento.
Por su parte, de estos ¢12,2 billones, se destina el 47% al pago de la deuda pública (amortizaciones e intereses), y el restante 53% a remuneraciones, servicios, transferencias de capital y adquisición de bienes duraderos, entre otros rubros.
Entre las instituciones a las que se le reasignaron recursos del pago de intereses se encuentran la Caja con ¢26.000 millones, las asociaciones de desarrollo con ¢10.000 millones, las municipalidades con ¢9.802 millones y el Poder Judicial con ¢6.400 millones.
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