Los diputados aprobaron este lunes en primer debate, con 41 votos a favor, un proyecto de ley que exige un conjunto de requisitos estructurales y de operación legal para el funcionamiento de los conocidos food trucks.
Se trata de una iniciativa del liberacionista Daniel Ulate Valenciano, llamada Ley de Comercio sobre Ruedas, que busca exigir permisos sanitarios, legales, tributarios y una estructura mínima de camión para que estos negocios puedan operar legalmente.
Entre los requisitos legales que se exigirán a los comerciantes sobre ruedas, está un permiso temporal de la municipalidad respectiva donde se determine el espacio físico habilitado para colocar el camión de comida.
Además, se requerirá de un permiso sanitario de funcionamiento de la respectiva área rectora del Ministerio de Salud.
Adicionalmente, se exige una póliza de riesgos del trabajo, inscribir la actividad empresarial ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como un permiso para la utilizacióin de gas licuado de petróleo (GLP), salvo cuando no se trate de venta de alimentos.
Los empleados que manipulen alimentos dentro de los camiones deben contar, obligatoriamente, con el curso de manipulación de alimentos.
En cuanto a los requisitos estructurales del camión, este debe tener un tanque de almacenamiento de aguas residuales, un tanque de agua potable, un lavamanos portátil para usuarios, una ventana para la venta y una puerta de acceso. A ello se suma ventilación natural por medio de ventanas y rejillas, una cámara de enfriamiento que garantice la cadena de frío de productos perecederos, iluminación interna de 500 lux y, a partir de las 6 p. m., también iluminación externa.
El automotor, remolque, vehículo o unidad de arrastre que se utilice debe ser de una sola pieza, con aislamiento término, dice el proyecto aprobado.
Entre las obligaciones de los comerciante de food trucks, la nueva ley les exige depositar las aguas residuales (lavamanos, fregaderos y piletas de limpieza) en un sistema de tratamiento de aguas residuales que el Ministerio de Salud tendría que aprobar.
Adicionalmente, se les obliga a separar los residuos sólidos generados y clasificarlos según su tipo, para entregarlos a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud.
Por otra parte, se exige a los propietarios de un comercio sobre ruedas disponer en el comercio, o mediante un tercero, de servicios sanitarios para los trabajadores y para el público en general.
En el caso de las prohibiciones, se impide arrojar desperdicios de comida o cualquier tipo de basura en la vía pública, disponer de las aguas residuales en el cordón y caño de las calles, o la obstrucción de paso a los transeúntes con sus camiones de comida.
En el caso de los plazos de la licencia comercial para el comercio sobre ruedas, queda en manos del respectivo concejo municipal determinarlos.
Según Daniel Ulate, la inicitiva busca regular el “novedoso modelo” para brindar “seguridad jurídica, no solo para el usuario final, sino para todos aquellos emprendedores que buscan consolidar un negocio”.
El liberacionista alegó que también se permitiría tener, bajo la modalidad de comercio sobre ruedas, otras actividades además de venta de comidas, como salón de belleza, barbería, venta de ropa y otros.
“En épocas de crisis, similares a una economía de guerra como la que vivimos, con un desempleo y subempleo históricos, es necesario facilitar, flexibilizar y ordenar las distintas actividades comerciales para dinamizar la economía y brindarles a las costarricenses opciones reales para salir adelante”, alegó Ulate.