Escuchar19 meses después de haber iniciado la pandemia, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley para crear un fondo de avales y garantías para los créditos de las empresas afectadas económicamente por la covid-19.
El plenario legislativo aprobó la iniciativa con el voto unánime de los 40 diputados presentes. La presidencia legislativa fijó la aprobación en segundo debate y definitiva, para este jueves 16 de diciembre.
El fondo de avales, que se nutrirá durante tres años con $270 millones de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), permitiría al Estado otorgar garantías bancarias de hasta el 75% sobre el principal del crédito que otorguen las entidades bancarias a unas 18.000 empresas afectadas por la pandemia. Con esa garantía, los deudores podrían responder ante el banco en caso de impago.
La condición para que las compañías adquieran el beneficio es que sostengan el nivel de empleo al momento de solicitar el crédito, además de tener un buen récord crediticio.
El proyecto lo presentó el Poder Ejecutivo a principios del mes de agosto del 2020, con la economía golpeada y el aumento del desempleo por la pandemia, como una forma de respaldar capitales de trabajo y readecuar deudas en actividades productivas.
En su etapa en la comisión de Hacendarios, el plan sufrió varias modificaciones, desde el texto inicial que planteó la idea de que la administración recayera en el Instituto Nacional de Seguros (INS), hasta la redacción final que deja esa potestad en el Fondo para el Desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme) manejado por el Banco Popular.
El consejo rector, encabezado por el Ministerio de Hacienda, definirá la comisión de hasta el 0,25% por administrar los recursos.
La distribución de los fondos sería de la siguiente forma: el Banco Central de Costa Rica (BCCR) elaborará un informe técnico que indique la afectación de la pandemia sobre cada actividad económica.
Posteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suministraría información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado, según actividad económica y segmento de riesgo.
Con esa información, el consejo rector encabezado por el Ministerio de Hacienda asignará los recursos proporcionalmente entre los intermediarios, de acuerdo con la participación de cada entidad en el saldo de crédito otorgado al sector privado en la cartera empresarial o comercial más afectada por la pandemia.
En esa etapa, “la entidad financiera fijará los montos máximos de avales por actividad económica, debiendo priorizar todas las actividades económicas empresariales según su nivel de afectación. A partir de esta fijación, el intermediario financiero distribuirá al menos 50% para las personas físicas o jurídicas que empleen 100 o menos personas trabajadoras”, dice el texto.
Los recursos que no sean colocados en los plazos definidos por el rector, serán redistribuidos entre los intermediarios interesados que estén en la capacidad de colocación, añade la iniciativa.
Sobre los beneficiarios de los avales, estos deben tener una calificación buena o aceptable en el récord crediticio antes de la pandemia y una morosidad inferior a los 60 días.
Además, deberán afrontar problemas de liquidez debido a los efectos económicos de la pandemia y que asuman el compromiso de mantener la planilla al momento de hacer la solicitud.
La congresista de Liberación Nacional, Yorleny León, comento durante los meses de discusión, el proyecto pasó por más de cuatro textos sustitutivos, dado que la primera versión presentada por el Gobierno era poco apegada a las necesidades institucionales, según aseguró.
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