Diputados quitan ¢29.000 millones al Conavi para trasladarlos a municipalidades

El traslado se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra, pese a la objeción del Ministerio de Hacienda de que la medida afectaría los proyectos de carreteras nacionales; además, que la regla fiscal le permite distribuir los recursos de los impuestos con destino específico según la disponibilidad cuando las finanzas públicas están en crisis.

El ajuste provino de una moción de fondo, presentada por el diputado liberacionista Gustavo Viales, al Presupuesto Nacional del 2022. El verdiblanco asegura que para el año entrante, producto de la transferencia del impuesto a los combustibles, a los gobiernos locales les corresponde recibir ¢109.794 millones.

Sin embargo, en el plan de presupuesto del año entrante, a los municipios se les asignan ¢80.374 millones, al tiempo que el Conavi se le incrementaba en un 10,2% para totalizar ¢181.000 millones, según Viales.

“Existe un recorte claro (de ¢29.244 millones) que queremos revertir. A los gobiernos locales le corresponde sostener 80% de red vial del país. Queremos evitar una afectación”, justificó el parlamentario.

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La moción la aprobaron integrantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Nueva República (NR), Acción Ciudadana (PAC) y la independiente Shirley Díaz. En contra lo hizo la rojiamarilla Laura Guido.

Guido reclamó que el ajuste implica restar el 37% de la subpartida en mantenimiento de vías a cargo del Conavi, lo que afectaría caminos y vías nacionales en abandono.

Su preocupación, añadió, se debe también a que el recorte incidiría en la estrategia de contratación en obra pública del Gobierno en 2022.

Ana Lucía Delgado, presidenta de Hacendarios, y quien votó a favor del traslado, sostuvo que el ajuste cumple con la Ley 8114, la cual establece que el 22,25% de la recaudación del impuesto a los combustibles debe ir a los ayuntamientos.

El recorte al Consejo solo se atenuaría con ¢8.000 millones nuevos aprobados por la misma comisión, en la misma sesión, solicitados de último momento por el Gobierno.

Con los movimientos, el presupuesto del Conavi bajaría de ¢181.000 millones planteados en un principio, a ¢160.000 millones.

Trasladan ¢16.000 millones a vivienda

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Adicionalmente, los legisladores de Hacendarios autorizaron otra moción de Viales que recorta ¢16.000 millones del gasto corriente de otras instituciones para dirigirlos a vivienda de interés social.

Su propuesta, expresó el congresista, consiste en rebajar gastos “superfluos” de rubros como transportes, viáticos, capacitación, consultoría, papelería o mantenimiento de equipos de varios programas de 18 instituciones y trasladarlos al Fondo de Subsidios para la Vivienda.

Al defender su moción, Viales argumentó que el traslado de recursos restituía parte del dinero suprimido a vivienda para el próximo año, de unos ¢30.000 millones.

Además, continuó el diputado, hace un balance entre el crecimiento del gasto corriente y la caída en la inversión de capital del presupuesto nacional del próximo año. Previo a los ajustes de este martes, el primero crecía en 2,23% y el segundo disminuía en un -4,86%.

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De no hacer ese traslado, se afectarían ¢4.000 soluciones de vivienda de interés social y se afectarían cerca de 13.000 empleos en construcción, subrayó el parlamentario.

En la discusión de esta moción, Guido se volvió a oponer. La oficialista señaló, por ejemplo, que al Ministerio de Economía y Comercio se le restan ¢36 millones del programa de protección al consumidor.

“Es un recorte sensible en la partida de reparación de equipo de cómputos y sistemas de información. El impacto de esa rebaja implica el cierre técnico del sistema de atención y tramitación de denuncias”, argumentó Guido.

Finalmente, en la misma sesión, el foro aprobó ¢2.900 millones adicionales para el plan de gastos del Poder Judicial del 2022, los cuales se financiarían con nueva deuda. El presupuesto pasaría de ¢469.000 a ¢471.000.

Este dinero serviría para crear 413 nuevas plazas dentro de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada creada por ley, así como para desarrollo logístico, proceso de remodelaciones, licitaciones y otros de esa unidad. El ajuste recibió siete votos a favor y tres en contra.