En los últimos dos meses, Costa Rica enfocó la labor de su maquinaria diplomática en visibilizar, ante la comunidad internacional, la violencia del régimen de Daniel Ortega contra los civiles en Nicaragua.

Con el contexto de que la crisis nicaragüense afectará a toda la región, los esfuerzos costarricenses coinciden en llamar a desmantelar los grupos parapoliciales, cesar los ataques contra manifestantes, suspender las detenciones arbitrarias y adelantar las elecciones.

El país impulsó las resoluciones que dos organismos internacionales tomaron contra la forma en que Ortega reprimer a los manifestantes que, desde el 18 de abril, protestan en las calles de las principales ciudades nicaragüenses contra su gobierno.

Además, logró que 12 países latinoamericanos se unieran en un pronunciamiento similar.

La primera resolución la tomó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 10 de julio en Ginebra, Suiza. En esta, se les recuerda a los Estados que deben respetar los derechos civiles y políticos de las personas que protestan pacíficamente. “Nada justifica el uso indiscriminado de la fuerza letal contra multitudes”, alegó Costa Rica cuando 50 países apoyaron el pronunciamiento.

La segunda la aprobó este miércoles 18 de julio el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya presidencia pro témpore ocupa Costa Rica.

Esta declaración pretende que se identifique a los responsables de la violencia en Nicaragua a través de procedimientos legales. Además, exige el desmantelaminto de los grupos parapoliciales que han castigado a los manifestantes, al tiempo que exhorta al Gobierno de Nicaragua a fortalecer las instituciones democráticas y a apoyar elecciones anticipadas en acuerdo con la oposición (el periodo de Ortega vence en enero del 2022).

Costa Rica también logró, el 16 de julio, que 12 gobiernos latinoamericanos firmaran una condena contra los actos de intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense.

El pronunciamiento surgió durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE), en Bruselas Bélgica, en la que participó la canciller Epsy Campbell.

La declaración exige el cese inmediato de la violencia y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. De igual forma, pide el adelanto de las elecciones presidencial en un ambiente “libre de miedo” y apoya a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que se constituyó en mediadora para encontrar soluciones a la crisis.

El peso de la cruzada tica contra el régimen de Ortega ha recaído hasta ahora sobre los hombros de Epsy Campbell, del presidente de la República, Carlos Alvarado; de la representante permanente de Costa Rica ante la ONU en Ginebra, Suiza, Elayne Whyte; y de la embajadora permanente de Costa Rica ante la OEA, Rita Hernández.

Los llamados

Desde que asumió la Presidencia el 8 de mayo, Carlos Alvarado y su equipo han hecho numerosos discursos acerca de la crisis en Nicaragua.

Lo hicieron durante una cumbre del SICA, en la OEA y ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António, Guterres, por ejemplo.

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El presidente y su gobierno han ido subiendo el tono al referirse a lo que ocurre en las principales ciudades pinoleras. El 13 de mayo, cuando Alvarado tenía apenas cinco días al frente del país, la Cancillería emitió un comunicado en el que se solidarizó con Nicaragua y anunció que el país observaba con atención el desarrollo de los hechos internos en ese país.

El 29 de mayo, en otro comunicado de Relaciones Exteriores, el tono fue otro: Costa Rica pidió a Ortega suspender toda acción violenta contra la problación civil, los estudiantes y la prensa. Y agregó que el Gobierno esperaba que Nicaragua honrara compromisos internacionales que la obligan al respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad.

A principios de junio, de nuevo el gobierno de Alvarado lanzó vehementes y reiterados llamados a Ortega para que suspendiera la andanada de violencia contra su pueblo.

El 4 de junio, ante la OEA, Epsy Campbell afirmó que Costa Rica se rehusaba a guardar silencio sobre la situación nicaragüense y utilizó el foro para deplorar la muerte de 76 personas que hasta ese momento habían sucumbido ante las fuerzas gubernamentales.

Campbell pidió al régimen “cesar inmediatamente toda la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, y a las autoridades a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

El 12 de junio, durante su visita a Washington, sede de la OEA, Carlos Alvarado reforzó el mensaje y pidió al organismo continental tomar acciones “contundentes” ante las crisis nicaragüense y venezolana.

“Pese al llamado internacional, la situación de Nicaragua sigue agravándose cada día. A pesar de los esfuerzos de la Conferencia Episcopal, el diálogo continúa suspendido y se siguen sumando muertes a esta muy difícil situación. Se requieren signos claros de una verdadera voluntad de diálogo y compromiso con un cronograma de trabajo”, dijo Alvarado en la OEA citando el interés que suscita el tema por los lazos históricos y familiares entre ambos países.

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En República Dominicana, el 30 de junio, Carlos Alvarado pidió al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) asumir un papel “más activo” para propiciar una salida negociada a la crisis política y social que vive Nicaragua.

Este lunes 16 de julio, durante la visita de António Guterres, Alvarado afirmó que lo que ocurre en Nicaragua demanda una reacción de la ONU para detener la ola de violencia generalizada.

"Seguiremos levantando nuestra voz de manera firme y vehemente en los distintos foros, como corresponde, para que haya soluciones a un problema que afecta a la región”, declaró ese día Alvarado.

A la vez, siete expresidentes y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) le envieron cartas a Guterres en el que hablan del peligro de una guerra civil en Nicaragua y de genocidio.

Casi en paralelo, pero en Bruselas, Bélgica, la canciller Epsy Campbell pidió a sus colegas latinoamericanos, caribeños y de la Unión Europea poner sobre la mesa de discusión el asunto nicaragüense.

“La crisis interna que vive Nicaragua, la represión y violencia cometida contra el pueblo es motivo de dolor”, recalcó la jefa de la diplomacia costarricense para visibilizar el problema.

La cantidad de fallecidos a la fecha, a raíz de la represión que ejerce el gobierno de Ortega, ronda los 300.

Razones ticas se arraigan en la historia

Costa Rica ha alegado que su posición se sienta sobre su larga historia de defensa de los derechos humanos y sobre la autoridad moral que le confieren haber abolido el Ejército y centrar su estrategia de defensa en el derecho internacional y el multilateralismo.

En la década de los año 80 del siglo pasado, Costa Rica fue uno de los principales perjudicados con el conflicto armado que se desató después de la Revolución Sandinista de 1979, por la migración masiva de nicaragüenses que recibió y por las constantes amenazas a su integridad territorial.

En medio del conflicto, han aumentado las solicitudes de visas de nicaragüenses a Costa Rica, en momentos en que aquí el trabajo escasea con una tasa de desempleo que ronda el 10% de la población, los servicios públicos están saturados el elevado déficit fiscal amenaza con desatar una crisis económica.

Encontronazos

La relación entre Costa Rica y Nicaragua se complicó desde que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007.

Esta nueva etapa ha estado marcada por las múltiples demandas de Costa Rica contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, por disputas territoriales y marítimas generadas por los abusos perpetrados por el gobierno de Ortega en isla Calero y al ofrecer en concesión para la explotación petrolera bloques marítimos costarricenses en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

De hecho, en abril pasado, a finales del gobierno anterior, el régimen de Ortega le pidió a Costa Rica no meterse en sus asuntos, cuando la Cancillería emitió un primer comunicado expresando preocupación por la violencia.

En abril, cuando Carlos Alvarado anunció a Epsy Campbell como su futura canciller, la elegida afirmó que era el momento de retomar el diálogo con Nicaragua después de casi una década consumida por los conflictos territoriales y políticos con el régimen de Ortega.

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No obstante, a finales de mayo, ya en el cargo de canciller, Campbell reconoció que el contexto político nicaragüense no da para pensar en una reunión bilateral para tratar de recomponer la maltrecha relación bilateral.

Como ha ocurrido históricamente, además, siempre está presente la amenaza para Costa Rica de que el gobierno nicaragüense se fabrique un conflicto bilateral para distraer la atención de sus problemas internos.

Por lo pronto, Costa Rica está más cerca de endurecer su discurso contra Ortega y sus tácticas de represión civil, que de invitarlo a discutir un nuevo estilo de relación conjunta.