La Asamblea Legislativa está a un paso de oficializar la adquisición de un seguro que permitiría reaccionar con agilidad en caso de que un buque derrame hidrocarburos en territorio marítimo costarricense.
El 13 de enero, los diputados aprobaron, en primer debate, la adhesión de Costa Rica a dos convenios internacionales que otorgan indemnizaciones a las víctimas de contaminación causada por derrames de combustibles pesados, como el búnker.
Uno de ellos sienta responsabilidad sobre el propietario del barco que cause los daños y lo obliga a pagar una indemnización a los afectados.
El otro, conocido como Convenio del Fondo, otorga un segundo nivel de indemnización, al cual se puede acceder para mitigar el impacto de un vertido en la zona económica exclusiva.
La adhesión a los instrumentos, auspiciados por la Organización Marítima Mundial (OMI), la impulsa el Poder Ejecutivo como parte de las acciones para poder unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Estos convenios son sumamente importantes debido a que Costa Rica, a pesar de que es un 92% mar, no cuenta con ningún mecanismo que le permita poder reaccionar de forma rápida, con las capacidades técnicas y sobre todo económicas, para poder solventar un problema de derrame de hidrocarburos”, explicó Haydée Rodríguez, viceministra de Agua y Mares.
Los convenios se pueden aplicar cuando haya derramamientos de combustibles pesados, como el bunker, desde buques de transporte de hidrocarburos, en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Ese espacio comprende la franja de 200 millas náuticas (370,4 kilómetros) que sale de la costa hacia el mar.
Las indemnizaciones
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) informó de que tras un siniestro de ese tipo se pueden hacer reclamos de cinco tipos: por daños materiales, por costos de las operaciones de limpieza en mar y tierra, por pérdidas económicas de los pescadores o quienes se dedican a maricultura, por pérdidas económicas del sector turismo o por costos de reparación del medio ambiente.
De acuerdo con la entidad, el CRC 92, que obliga a pagar al propietario del buque desde el cual se produce el derrame, también permite que el operador limite la indemnización conforme al tonelaje del buque, de forma que el monto a pagar no resulte desproporcional.
Así, el máximo para un buque que no exceda de 5.000 unidades de arqueo bruto, serían $6,29 millones. Para un buque cuyo arqueo esté comprendido entre 5.000 y 140.000 unidades, se añadirían $881 por cada unidad adicional. Y para un buque cuyo arqueo sea igual o superior a 140.000 unidades, el tope sería de $125,3 millones.
El Fondo complementario, por otra parte, permitiría que Costa Rica acceda a una indemnización adicional de hasta $283 millones. El seguro se podría reclamar inclusive en casos en que se detecten “manchas fantasma”, en las que se desconoce su procedencia.
“Es un seguro contra incendios que uno compra y espera no tener que usar”, apuntó Rodríguez.
Para poder tener disponible ese seguro, los países firmantes del Convenio del Fondo deben pagar una tarifa, la cual se calcula según los informes de importación de hidrocarburos.
Según Rodríguez, para Costa Rica la cuota anual sería de unos $3.000, según cálculos realizados por el gobierno en 2016 y una comunicación que emitió la autoridad del Fondo.
Pago de tarifa
En todos los países, las contribuciones las pagan los importadores de hidrocarburos, por lo que en el país dicha responsabilidad recaerá sobre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
De acuerdo con el Minae, en el territorio marítimo nacional no ha ocurrido nunca un derrame de un hidrocarburo pesado, como el bunker, el cual llega a tener un gran impacto sobre el ambiente.
Sí se han registrado derrames de diésel; no obstante, los convenios no cubren ese tipo de vertidos, ni tampoco los de gasolina. Según el Minae, el país tendrá que protegerse de dichas eventualidades con instrumentos que se tendrán que promover “en las siguentes etapas”.
Según el sitio web de los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), desde 1971 se han atendido 149 siniestros de distinta magnitud en todo el mundo.
Para que Costa Rica se adhiera formalmente a los convenios, se requiere que los diputados voten afirmativamente los expedientes 21.118 y 21.119 en segundo debate, y luego las iniciativas deben recibir la firma del presidente.