En los primeros días de junio, el Poder Judicial recibirá los resultados de un nuevo estudio actuarial que medirá el impacto que tuvo la reforma al sistema de pensiones judiciales, siete meses después que la ley entrara en vigor.

Se trata del primer examen que se realizará al fondo de jubilaciones que intervinieron los diputados a inicios del 2018, debido a que presentaba un déficit actuarial de ¢5,3 billones.

La orden de inicio del análisis se dio este martes. El informe deberá ser entregado a la Corte al cabo de 80 días.

Con el estudio, se espera determinar la situación financiera-actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial al cierre anual del 2018.

La reforma a dicho sistema rige desde finales de mayo del año pasado.

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Una de las modificaciones se hizo sobre el porcentaje de cotización obrera, el cual se elevó de un 11% a un 13%. En el informe quedará expuesta la solvencia económica del régimen de acuerdo con las tasas de contribución actuales.

El estudio también tiene como objetivo “identificar posibles causas de desequilibrios presentes o futuros, así como asesoramiento en las medidas necesarias para preservar el equilibrio del régimen vinculados a los perfiles de requisitos y beneficios ofrecidos por éste”, comunicó el Poder Judicial.

“En este estudio se conocerá el impacto de la reforma de ley que entró en vigencia en mayo del 2018”, destacó la Corte.

El estudio actuarial se adjudicó mediante la licitación abreviada No. 2018LA-000055-PROV a la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A. (PIPCA), en un contrato por ¢34,2 millones.

La oferta de dicha compañía resultó ganadora entre las tres que participaron en el concurso.

Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), afirmó que los gremios de la Corte solicitaron formar parte del ente que fiscalizará la elaboración de dicho estudio, pero que hasta el momento las autoridades de la Corte no han respondido a su petición.

Principales cambios a revisión

El cambio en las reglas para acogerse a una pensión judicial se realizó con el objetivo de cerrar el déficit de ¢5,3 billones que presentaba el fondo.

Dicho faltante fue identificado en un estudio actuarial que realizó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyos resultados fueron expuestos a la Asamblea Legislativa en marzo del 2017.

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A partir de dicho informe, los diputados elaboraron la propuesta de reforma que se aprobó en abril del año pasado.

La modificación incluyó un aumento en la cuota de los trabajadores. Los aportes patronal y estatal se mantuvieron igual: 14,36% y 1,24%.

Para contener el desembolso institucional, las jubilaciones se redujeron del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. Además, se subió la edad de retiro de 62 a 65 años, y se elevó el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.

Otro cambio significativo fue la imposición de contribuciones solidarias a las jubilaciones más onerosas, que van de un 35% a un 55% del monto que sobrepase los ¢4 millones.

Jubilaciones de transición

La reforma también estableció un periodo de 18 meses, a partir de la promulgación de la ley, para que los funcionarios judiciales que cumplen con los criterios de jubilación del régimen anterior se acojan a su pensión con las condiciones previas, más ventajosas.

Entre junio del 2018 y febrero de este año, según los registros del Poder Judicial, se han jubilado por ese régimen 197 personas.

El número de funcionarios que egresan de la Corte por mes al acogerse a su jubilación varió poco a partir de la promulgación de la fecha, con respecto a los años previos.

Entre enero del 2015 y mayo del 2018, mensualmente se pensionaban entre tres y 27 personas. La única salida atípica durante ese periodo fue julio del 2015, cuando se jubilaron 32 personas.

En los meses que siguieron a la aprobación de la reforma, el comportamiento de las jubilaciones se mantuvo, con entre seis y 27 salidas cada mes.

Fue hasta diciembre que la cifra se elevó de forma moderada, con 37 nuevos jubilados. Los últimos dos meses, la cifra fue similar: se pensionaron 31 personas en enero y 32 en febrero.

El periodo de año y medio previo al cierre definitivo del régimen anterior culmina en noviembre de este año.

Las modificaciones al sistema de pensiones judiciales fueron impugnadas ante la Sala Constitucional por un exmagistrado y líderes sindicales, a través de acciones de inconstitucionalidad que se acumulan en el expediente 18-007819-0007-CO.

Además, se tramitan cerca de una decena de recursos de amparo que presentaron exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.