La Contraloría General de la República (CGR) improbó el presupuesto del 2020 de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) porque todavía tiene demasiados empleados frente a su disponibilidad de dinero.

Sin embargo, la jerarca de Japdeva, Andrea Centeno, sostiene que ese rechazo no pone en peligro la operación de la entidad estatal ni la liquidación de la mayor parte de su personal.

Centeno explicó que la institución está por recortar unas 400 plazas para los próximos meses con base en la ley de reestructuración aprobada por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, para enero del 2020, la planilla será mayor de lo que se previó en el presupuesto presentado a la Contraloría el 30 de setiembre.

Al respecto, la Contraloría indicó: “Si bien el presupuesto inicial fue formulado considerando la ocupación de 305 plazas (...), la administración de Japdeva informó que, de acuerdo con el “Programa de Reorganización Institucional”, para enero 2020 se van a requerir al menos 498 funcionarios, incumpliendo así los principios de universalidad e integridad y sostenibilidad en virtud de que no se incorporaron en el presupuesto los recursos suficientes para cubrir la totalidad de plazas indicadas”.

Centeno argumentó que el presupuesto se presentó antes de que los diputados aprobaran la ley de transformación de Japdeva que implica una reducción de personal. Esta legislación se aprobó en octubre.

Agregó que, para la fecha de presentación del presupuesto del 2020, el Ministerio de Planificación aún no había avalado la reorganización, por lo que todavía no existía certeza sobre el proceso de salida de funcionarios.

Al tratarse de un planteamiento sin esas condiciones, Centeno aseguró que la improbación no los toma por sorpresa.

Con la resolución de la Contraloría, la institución deberá empezar el 2020 con el mismo presupuesto del 2019, que fue por ¢49.620 millones, cifra superior a la que planteó para el próximo año, por ¢14.900 millones, correspondiente al ingreso que pudo certificar.

Centeno aclaró que, en los próximos días, presentarán un plan de gastos ajustado a las necesidades institucionales, incluidas las de la planilla, cuya expectativa es que se reduzca a unos 300 empleados.

Dinero asegurado

Las prestaciones que recibirán los funcionarios que se retiren de la institución están aseguradas con un presupuesto extraordinario que se aprobó en el Congreso, según indicó la jerarca.

Los salarios representan para la institución el 60% de su presupuesto, lo cual equivale a unos ¢8.700 millones.

En este 2019, la Asamblea Legislativa autorizó a Japdeva a indemnizar a la mayoría de sus 1.400 empleados para ajustar la planilla a la carga laboral que se vio reducida con la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín.

De esa cantidad de plazas, 1.200 estaban activas y, en diciembre, todavía quedan en la institución unas 800 personas, de las cuales la mitad se retirará en los próximos cuatro meses.

Japdeva todavía trabaja en ese ajuste para reducir la planilla a 300 empleados. Sin embargo, hasta noviembre solo habían salido 400 personas de las 1050 que acordaron una de las alternativas que se le ofrecieron: prejubilación, traslado a otras instituciones o una indemnización de hasta ocho salarios base adicionales a las prestaciones legales.

Centeno explicó que, el próximo año, se evaluará si se podrá trabajar con 300 o 400 empleados, según se ajusten los procesos en la empresa.

La reestructuración de la Japdeva costará ¢39.000 millones. El Estado tardará 10 años pagando los beneficios y subsidios a los extrabajadores portuarios.