De 198 instituciones públicas, cuatro son las que afrontan un alto riesgo financiero y operativo debido a la pandemia de covid-19 que azota al país.
Se trata de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Junta de Protección Social (JPS).
Un estudio realizado por la Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de que estas entidades sufran pérdidas, daños o consecuencias económicas.
Para elaborar la clasificación, la Contraloría tomó en cuenta factores financieros, de recursos humanos, tecnologías de información y la posible disminución de los ingresos debido a la emergencia.
“Mediante el análisis de esos niveles de riesgo, considerando distintas perspectivas, entre ellas la propuesta por la Contraloría, se dispone de un insumo para la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable, promover de manera razonable el logro de los objetivos, así como la prestación continua de los servicios públicos”, indica el informe.
De acuedo con el estudio, 31 instituciones tienen un riesgo medio alto. Entre ellas figuran el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud, y Ministerio de Seguridad Pública.
En una condición de riesgo medio fueron identificadas 33 entidades, entre las que destacan los bancos estatales (Costa Rica, Nacional y Popular).
Por otra parte, 109 dependencias fueron calificadas en riesgo medio bajo, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la mayoría de las municipalidades.
Finalmente, en riesgo bajo fueron clasificadas 21 entidades, como Correos de Costa Rica, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y 17 ayuntamientos.
Golpe a los ingresos
El golpe económico a la CCSS provino, principalmente, de la disminución en los ingresos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Según la Gerencia Financiera de la Caja, entre abril y mayo de 2020 las entradas bajaron en ¢35.000 millones con respecto al mismo periodo en el 2019, el equivalente a 63.000 trabajadores afiliados menos.
En abril pasado, la recaudación del SEM y el IVM disminuyó en un 2,7%, mientras que en mayo la caída fue de un 8,4%.
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Estos son los recursos destinados para el funcionamiento del sistema de salud, que debe atender la emergencia sanitaria, y el pago de pensiones mensuales para 290.000 jubilados.
El aumento del desempleo provocado por la pandemia también afectó a Fodesaf, dependencia del Ministerio de Trabajo.
El Gobierno estimó que este órgano, que se nutre de los aportes de los patronos, dejó de percibir un 20% de ingresos debido a suspensiones, reducciones de jornadas y despidos ocasionados por la crisis.
La JPS, por su parte, sufrió caídas en sus ingresos por la suspensión, durante casi dos meses, de los sorteos de lotería y chances como parte de las medidas tomadas para evitar una explosión de casos.
Esto diezmó el financiamiento para 430 organizaciones de bien social que dependen de los sorteos para atender adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de explotación sexual comercial.
De hecho, el pasado 16 de junio, la JPS avisó a esas instituciones que no podría realizar el traslado de ¢6.000 millones debido a la caída de sus ingresos.
Además, la Contraloría advirtió, desde abril, que la JPS y el ICT son algunas de las entidades que deberán utilizar sus superávits para aliviar sus dañadas finanzas.
Dichas entidades fueron incluidas por el Gobierno en el proyecto de ley Pagar, el cual envió en febrero al Congreso con la intención de utilizar superávits de 11 instituciones para pagar deuda pública.
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Por su parte, el ICT se financia principalmente con un impuesto a los pasajes aéreos y el alquiler del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, por lo que el cese de estas actividades tumbó sus ingresos casi hasta cero, reportó en aquel momento el ente contralor.
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