La contralora general, Marta Acosta, les pidió a los diputados ejercer control político sobre la Aresep para que corrija las tarifas que el ICE les paga a los generadores privados por la compra de electricidad.

Acosta llamó a que se cumplan las disposiciones de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual el ICE incurrió en un sobrepago de $24 millones a los generadores, entre 2017 y mayo del 2019, debido a un error de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La Aresep niega haber incurrido en error alguno y en el 2019, ante una consulta de La Nación, alegó que el tema tarifario es competencia única y exclusiva de la Aresep y no del órgano contralor.

La Contraloría le otorgó plazo a la Aresep, hasta el 26 de marzo, para corregir la metodología de los siguientes ajustes tarifarios y tomar acciones para que los generadores privados le devuelvan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el monto que habría pagado de más.

Este jueves, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso, la contralora les solicitó a los legisladores cuestionar al regulador general, Roberto Jiménez, sobre este tema, luego que la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, le preguntó cuándo se ajustarían las tarifas.

“Yo sí quisiera que, cuando el regulador general venga, le hagan las preguntas que realmente interesan; que él manifieste qué están haciendo ellos. La Contraloría ha hecho todas las fiscalizaciones del mundo y siempre hay justificaciones para atrasar. Contratan consultorías y ahí se van los siglos y los siglos y no aterrizamos”.

“Nosotros ahora estamos haciendo una investigación para determinar qué acciones vamos a seguir en la vía administrativa y otras vías”, agregó Marta Acosta.

Luego agregó: “El control político que ustedes puedan ejercer sí es importante para ayudar a que esto camine porque, en realidad, nos preocupa mucho la actitud de la Aresep”.

Acosta, además, les informó a los diputados de que la Fiscalía está al tanto del tema, pues solicitó a la CGR información sobre los sobrepagos citados en el informe.

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“Hemos estado también colaborando con la Fiscalía; la Fiscalía está haciendo algo, yo no sé en concreto, pero sí nos han estado pidiendo información y la hemos estado dando, estamos dando seguimiento”, indicó Acosta.

Por su lado, Acosta también reveló a los diputados que la Aresep interpuso una demanda contra la CGR ante el Tribunal Contencioso Administrativo por su desacuerdo con las conclusiones del órgano contralor.

La contralora confirmó que tanto el ICE como la Contraloría respondieron los alegatos de la Autoridad Reguladora, ante el Tribunal, y solicitaron que no se aplique la medida cautelar solicitada por la Aresep de suspender los efectos del informe.

El informe de auditoría del Área de Fiscalización de Ambientales y Energía de la CGR concluyó que la Aresep puso una tarifa única para la venta de energía hidroeléctrica y eólica, por parte de los generadores al Instituto, cuando cada una debe tener un costo diferenciado.

Según el informe, por ejemplo, la Aresep estimó para el 2019 que el ICE debía pagar 7 centavos de dólar por cada kilovatio hora sea de plantas hidroeléctricas o eólicas, cuando según la estimación de la Contraloría, el costo de la energía eólica debía ser de 5,8 centavos de dólar.

Atraso de una hora

Acosta dio detalles de este informe porque fue llamada a comparecer ante la comisión de Ingreso y Gasto que investiga la situación financiera del ICE.

Sin embargo, para exponer los hallazgos de los diputados, la jerarca debió esperar por más de una hora.

Su exposición se atrasó por la discusión de una moción para que el diputado Jonathan Prendas, de Nueva República, no participara de la sesión.

La diputada Vega propuso que Prendas no estuviera en la sesión al alegar un supuesto conflicto de interés.

En la moción, explicó que Prendas está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente haber recibido de una empresario de telecomunicaciones el pago de un boleto e ingreso al congreso mundial de móviles (World Mobile Congress), el año pasado en Barcelona, España.

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La diputada oficialista dijo que dicho empresario tuvo una relación laboral con la empresa china de telecomunicaciones Huawei, cuyos contratos con el ICE también están siendo cuestionados en esta comisión.

Según sus argumentos, Prendas podría filtrar información confidencial y estratégica que se pueda revelar sobre el ICE en esta comisión. Por ello, tachó de lesivo, inoportuno e inconveniente su partipación.

Prendas, por su parte, calificó de ridículos los argumentos de Vega y la acusó de crear cortinas de humo para desviar la atención de la diputada al caso que también investigan los diputados por el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Dicha moción no fue acogida por la mayoría de los diputados; Vega solo tuvo el apoyo de la diputada socialcristiana (PUSC), Shirley Díaz.

Previo a la votación, Servicios Técnicos aclaró a los diputados que la moción no tenía carácter vinculante, pues la inhibición tendría que venir voluntariamente del diputado.

Posteriomente, Vega presentó otra moción para que no se revelaran detales sobre los contratos del ICE con Huawei. La solicitud fue rechazada.

En esta sesión participaron los diputados Yorleny León, Luis Fernando Chacón y Franggi Nicolás, de Liberación Nacional; José María Villalta, del Frente Amplio; el independiente Erick Rodríguez, Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano; Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana; Paola Vega y Jonathan Prendas.