Al finalizar el año 2015, los ingresos del Gobierno habían aumentado un 0,53% del producto interno bruto (PIB) con respecto al 2014, o sea cerca de ¢150.000 millones. Sin embargo, eso de nada ayudó a equilibrar las finanzas públicas, pues el gasto público se tragó dicha alza, al incrementarse en un 0,49% de la producción.
Así les explicó la contralora general, Marta Acosta, a los diputados, la relación entre egresos e entradas del Gobierno durante el año pasado.
Esa relación cercana entre el incremento de los ingresos y de los gastos impidió que el año pasado bajara el déficit primario, que según los datos de la Contraloría General de la República (CGR) se mantuvo en un 3,1% del PIB.
En audiencia con los miembros de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público, la jerarca de la (CGR detalló que esa absorción deja en evidencia que hacer un ajuste fiscal solo subiendo los impuestos sería insuficiente.
Durante dos horas y media, Acosta se dedicó a presentar la memoria anual de la Contraloría e informar a los legisladores porque no avala la liquidación del Presupuesto Nacional del 2015, tal como la presentaron los ministerios de Planificación Nacional y Política Económica y el de Hacienda.
Entre las razones de la CGR para rechazar esa liquidación presupuestaria está el incumplimiento de la regla fiscal que impone el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera.
Dicha regla le prohíbe al Gobierno financiar gasto corriente con ingresos de capital, o sea con deuda. No obstante, en el 2015, el financiamiento de gastos corrientes con deuda llegó al 4% del PIB, o sea ¢1,1 billones.
“Por muchos años se ha incumplido la regla fiscal más importante que tiene el país”, sentenció la contralora.
Insostenibilidad. Entre las alertas que planteó a los diputados, Acosta llamó la atención sobre la deuda del Gobierno central, que llega a un 43% del PIB, mientras que la deuda pública (incluyendo todos los poderes y las instituciones descentralizadas) es un 60%.
A la vez, la Contraloría consideró que hay una alta evasión a los impuestos de la renta y de ventas (5%), además de que dichas leyes están desactualizadas.
“Se impone un ajuste de fondo a las administraciones Tributaria y Aduanera”, dijo Acosta.
Críticas a diputados. Aunque la evaluación que presentó la CGR sobre la liquidación presupuestaria fue crítica de los gastos e incumplimientos del Gobierno, la contralora también atacó la incapacidad de los sectores políticos para consolidar un acuerdo que solucione la emergencia fiscal.
“No puede menos que sorprendernos la dilación en la articulación y búsqueda de acuerdos para la imperativa toma de decisiones en respuesta a la difícil situación en que se encuentra la Hacienda Pública”, enfatizó.
Para Acosta, la impresión que queda es que los legisladores pretenden continuar prorrogando, “antes que asumir responsabilidad por la toma de decisiones impostergables”.
Ante ese llamado de atención, solo diputados como Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana, y Jorge Arguedas, del Frente Amplio, fueron autocríticos.
Mario Redondo, presidente del foro, insistió en que la solución fiscal debe ser integral y en que la oposición ha dicho que no solo es con impuestos, sino también contención del gasto.