El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) advirtió de que un proyecto de ley aprobado en primer debate por 39 diputados podría fomentar conductas oportunistas.

El Conassif se refirió de esa manera al plan que condonaría créditos por ¢6.200 millones a 2.500 deudores del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), bajo el argumento de que son agricultores afectados por la pandemia aunque la iniciativa no exige que se demuestre la afectación.

La propuesta legislativa, presentada por el Gobierno y diputados de diferentes fracciones, fue aprobada en primer debate el pasado martes; su segunda votación está pendiente.

Este proyecto condonaría unos ¢6.200 millones de créditos con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) del SBD, sin que los beneficiarios tengan que acreditar pérdidas por la emergencia sanitaria.

Además, limpiaría su historial crediticio con la institución, aunque sus préstamos hayan entrado en mora antes de la pandemia.

“Esto, indudablemente permitiría conductas oportunistas que no tenemos claro se hayan medido adecuadamente”, señaló el presidente del Conassif, Alberto Dent, en el criterio PDC-0031-2021, enviado al diputado Jonathan Prendas, este miércoles.

La Nación reveló que un grupo de al menos 200 beneficiarios de este proyecto arrastra deudas por ¢1.315 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros ¢40 millones con el Ministerio de Hacienda. Además, muchos de ellos no están inscritos ante Hacienda como actores agrícolas, sector al que el proyecto pretende defender.

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En criterio de la Conassif, la condonación implicaría un “premio” y conlleva un “serio riesgo moral” ante quienes sí ha cumplido con sus obligaciones:

“Respecto de las referidas condonaciones, debe indicarse que, como concepto, se genera una pérdida de recursos públicos e implica un premio para quienes no han cumplido con sus obligaciones crediticias, lo cual a su vez representa un serio riesgo moral respecto de los deudores que sí han cumplido con sus obligaciones crediticias”.

“La promoción y aprobación de este tipo de disposiciones, dejando lagunas de aplicación que permiten su aprovechamiento por deudores que mantenían problemas de comportamiento crediticio desde antes de la pandemia, incrementa ese riesgo moral señalado supra, y no contribuye a la disciplina que como país, debe observarse en el cumplimiento de las obligaciones crediticias”, señaló el presidente del Consejo.

La única diputada que votó en contra de la iniciativa fue la liberacionista Yorleny León.

Por su parte, el diputado frabricista Jonathan Prendas dijo que, con este criterio del Conassif, este texto no puede ser sometido a segundo debate sin ajustes, pues señaló que sus compañeros de Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN) se comprometieron a hacer cambios en caso de que el criterio fuera negativo.

Poca supervisión y riesgos fiscales

El Conassif además fue crítico en cuanto a la facultad que da este proyecto para que el Fonade, fondo que estaría condonando las deudas, emita “bonos de desarrollo” en intermediarios financieros con el respaldo del Estado para captar nuevos recursos.

Para el Consejo, esa garantía conlleva un aumento en la exposición a contingencias fiscales que los proponentes no han dimensionado.

“Esto, además, debe contextualizarse a la luz de la escasa disciplina que el país evidencia en el tratamiento de los recursos que canaliza mediante créditos al sistema de banca para el desarrollo, en donde, mediante acciones legislativas, se perdonan deudas”, señaló.

Estos aspectos fueron incluidos en el proyecto de ley, pero provocaron cuestionamientos por parte de las autoridades de valores y financieras.

Inicialmente, la propuesta legislativa autorizaba y daba autonomía al Fonade para que emitiera bonos, bajo ninguna supervisión.

Por esa debilidad, la diputada María Inés Solís propuso, y fue aprobada, una moción para que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) velara por el cumplimiento de esta emisión.

Sin embargo, para el Conassif ese cambio no solventa los errores que se puedan cometer sobre el sistema financiero.

“Este tipo de supervisión no conlleva el análisis y seguimiento de la sostenibilidad financiera del fondo, sino que solamente se requiere al emisor de revelar información relevante a los inversionistas, eso en el caso de la oferta pública”, concluye el criterio.