Comisión presidida por Víctor Morales estudiará reducción de jornada a empleados públicos

El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, anunció este jueves que la Comisión de Gobierno y Administración, presidida por el diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), será la encargada de estudiar el proyecto de ley para disminuir en un 15% las jornadas de los empleados públicos.

Así lo anunció Cruickshank, quien por norma reglamentaria tiene la potestad de asignar los proyectos a las comisiones dictaminadoras que él considere adecuadas para tramitar los expedientes legislativos.

Morales Mora, exministro de la Presidencia, liderará el debate del proyecto que plantea una reducción de un 15% para las jornadas de los empleados públicos con salarios superiores a ¢1,5 millones, durante un año.

El plan aplicaría para los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo sus jerarcas, sean diputados, magistrados o ministros.

LEA MÁS: Gobierno reduciría jornadas a funcionarios con salarios superiores a ¢1,5 millones

También cubriría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las municipalidades, órganos desconcentrados de los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas.

Donde no se podría aplicar es en las juntas directivas ni en las instituciones que atienden en primera fila la pandemia de covid-19, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Llegado el lunes al Congreso, el proyecto gestionado bajo el expediente 22.081 generó numerosas dudas entre diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA), entre otros.

Las principales inquietudes tienen que ver con los eventuales efectos que ese proyecto tendría en los ingresos por cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en los ingresos tributarios por el cobro de la renta.

Incluso, Restauración Nacional alega que habría un efecto en el poder adquisitivo de los empleados públicos mejor remunerados y la posible dinamización de la economía, pues ya los funcionarios no podrían, por ejemplo, llevar su vehículo al taller o comprar un poco más de comida, o están sobreendeudados.

Según Pilar Garrido, ministra de Planificación, el proyecto generaría un ahorro de ¢130.000 millones al Estado.

El Gobierno añade que existe la posibilidad de compensar a la CCSS y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por las cuotas que dejarían de percibir y, aún así, el erario tendría un ahorro superior a los ¢90.000 millones.