Célimo Guido y Óscar Campos impulsaron ley que dejó millonarias ganancias a grandes arroceros

En mayo del 2002, hace 18 años, en las primeras semanas de la administración de Abel Pacheco, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Se trata de una ley impulsada en la Asamblea Legislativa durante el periodo 1998-2002 y, entre sus proponentes, se encuentran dos de los actuales organizadores de bloqueos que mantienen vías paralizadas en el país: Célimo Guido, en aquel momento del Partido Fuerza Democrática, y Óscar Campos, de Liberación Nacional (PLN).

Dos décadas después, los efectos de Conarroz en la producción nacional de este producto se han visto cuestionados.

“Se creó una organización que en el papel pintaba muy poderosa, pero, si ves las estadísticas, la situación del sector hoy es peor que ayer. Conarroz no ha podido hacer lo que la ley le dice que haga, todo lo contrario, ha bajado el área de producción, ha bajado la producción nacional, ha aumentado la cantidad importada y, además, la productividad apenas ha crecido levemente”, afirmó el economista Víctor Umaña.

Según el texto, el objetivo era “establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustriales de arroz, que garantice la participación racional y equitativa de ambos sectores en esta actividad económica”.

El plan también fue propuesto por Rigoberto Abarca y Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Alberto Villalobos (PLN); Justo Orozco, de Renovación Costarricense; y Guido Vargas, del Partido Acción Laborista Agrícola (PALA).

En la sesión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del 24 de octubre del 2000, Óscar Campos le exponía a Tomás Dueñas, entonces ministro de Comercio Exterior: ″La Corporación le da la posibilidad de mejorar la industria, creo que usted debe tener acceso a un informe reciente que se hizo de la industria arrocera del país, que es altamente ineficiente, entonces tenemos que mejorar si vamos a meternos en una política arrocera a largo plazo".

Un mes antes de la aprobación de la ley, en abril del 2002, Campos recibió en su despacho legislativo a arroceros que bloquearon el puerto de Caldera para impedir la descarga de un cargamento de arroz importado.

Luego, la ley promulgada estableció que, si el Gobierno declara desabastecimiento de arroz, Conarroz puede importarlo sin pagar aranceles, el cual está actualmente en un 35% para la importación de ese grano.

Dos años después de aprobada la legislación, en el 2004, se dio un enfrentamiento entre productores e industriales por la administración de casi ¢3.000 millones en ganancias que dejó el arroz importado a un precio reducido de $147 la tonelada, pero vendido a $210 la tonelada gracias a la fijación por decreto del precio del grano en el país.

En aquel momento, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó un decreto ejecutivo que autorizó el mecanismo para repartir ese dinero, lo que provocó que un 3% de productores se llevaran más del 50% de los casi ¢3.000 millones.

Ese conflicto llevó a que cuatro representantes de los industriales renunciaran a la Junta Directiva de Conarroz, alegando también intromisión política en la entidad por el nombramiento del exdiputado Óscar Campos como vicepresidente.

Campos, después, asumiría la presidencia del Conarroz durante ocho años, entre el 2006 y el 2014.

Él mismo, poco antes de dejar su cargo en Conarroz, declaró a La Nación que cinco empresas acaparaban los beneficios del sector arrocero.

“Estuvimos pensando que era necesario que un gobierno le pusiera un poquito de pensamiento a eso. Sin embargo, eso es –bueno– afectar intereses grandes de unas compañías grandes, que no es fácil”, manifestó Campos en el 2014.

Las grandes ganancias producto de las importaciones han disminuido desde que se toma en cuenta el costo del arroz importado para fijar el precio al consumidor, lo que se conoce como el “precio mix”, el cual resulta en un precio menor.

De igual forma, Conarroz tiene la potestad de presentar datos al Gobierno para argumentar que la importación de arroz está afectando la producción local y así recurrir al método conocido como salvaguardia especial agrícola.

Este mecanismo consiste en aumentar el arancel a más del 35% y, aunque en el pasado ha generado reclamos de otros países, es aceptado a nivel internacional según el acuerdo de entrada de Costa Rica a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ejemplo, en el 2018, el arancel sobre importación de arroz integral subió temporalmente a 46,67%, porque se estaban incrementando los inventarios nacionales disponibles.

Pese a esto, Umaña explicó que Conarroz aún no ha solucionado los problemas de producción en el país.

Según datos de la misma Corporación, el área sembrada entre el 1.° de julio del 2019 y el 30 de junio 2020 es la más baja registrada en el país en 44 años.

En los últimos años, el área sembrada pasó de 49.573 hectáreas (2015-2016) a 33.048 en el reporte más reciente.

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Estudio Económico sobre Costa Rica publicado en julio, señaló que “las políticas actuales han contribuido poco a mejorar la productividad entre los productores de arroz o a mejorar el bienestar económico de los pequeños productores, pero han creado incentivos para mantener el status quo”.

“Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”, detalla el informe.

El reporte también expone que la promoción de la competencia en el sector arrocero beneficiaría en mayor porcentaje a los deciles de menores ingresos.

Umaña manifestó que “la razón es que no existen incentivos para que la cadena de valor del arroz mejore su productividad porque, al haber fijación de precios, por ejemplo, eso impide que haya competencia por mejorar la productividad”.

“Los pequeños no se han visto muy beneficiados por la fijación, no porque el precio no sea suficiente, sino que los niveles de productividad no son suficientes, y eso pasa por definir mejores épocas de siembra, pasa por mayor investigación, mayor asistencia técnica, y eso es lo que Conarroz no ha podido hacer”, agregó.