Carlos Alvarado se responsabiliza por liberar instituciones de la regla fiscal

La posición del mandatario fue emitida luego de que la Contraloría General de la República (CGR) señaló, en un reciente informe de auditoría, que el Gobierno nunca explicó el supuesto impacto sufrido por dichas instituciones a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.

“¿Y quién se hace responsable? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo se hace responsable de lo que está actuando”, manifestó Alvarado el pasado 22 de diciembre en la pista del aeropuerto Juan Santamaría, donde recibió el lote más reciente de vacunas de Pfizer.

Según la Contraloría, ni el mandatario ni su administración justificaron a los diputados por qué era necesario liberar al CNP, al INA o al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de la regla fiscal y cómo se iban a gastar los fondos adicionales autorizados.

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La regla fiscal es un mecanismo de control de gasto establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018. La norma le impone un techo a las erogaciones de acuerdo con la situación fiscal del país. Actualmente, el país está en el escenario más estricto, pues la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

Para este año, el tope fue de un 4,13%. Sin embargo, la reforma fiscal previó una válvula de escape que se aplica en caso de emergencias nacionales declaradas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Para este año, el presidente y el ministro de Hacienda Elian Villegas, autorizaron la aplicación de la cláusula de escape para el CNP por casi ¢43.000 millones al amparo de la emergencia por la pandemia, mientras que al INA se le liberó ¢20.000 millones y al MEP por ¢41.500 millones.

En el pasado mes de abril, el gobierno comunicó la aplicación de ese mismo beneficio al Ministerio de Salud, por un monto de ¢40.500 millones. En este caso sí había una clara relación con la emergencia por covid-19, pues los fondos iban destinados a la compra de vacunas.

“Primero, decir que la ley autoriza al Poder Ejecutivo para aplicar cláusulas de escape en caso de emergencias (...). Dos, hay evidentes causalidades que tenemos aquí para generar estas cláusulas de escape; en el caso del INA, el desempleo tiene una correlación y una causalidad directa con la pandemia y ahí hay una necesidad de usar el superávit.

“Tanto en el caso del CNP como en el MEP, el incremento en (el gasto de) alimentos en la pandemia es palpable (...). En el caso del ICT, es el sector más afectado en toda la pandemia, ahí está la causalidad”, aseveró el presidente.

La investigación de la CGR determinó que los oficios donde el Poder Ejecutivo comunicó a la Asamblea Legislativa la aplicación de cláusula de escape, no especifican el sustento técnico ni jurídico desarrollado por la CNE y el Ministerio de Hacienda.

Al respecto, Alvarado manifestó que discrepa ”absolutamente” de la opinión de la Contraloría” y anunció que así se lo expresarán al órgano contralor.

“Si no usáramos la cláusula de escape que permite la CNE para esos casos no tendríamos becas para capacitar y reducir el desempleo, no tendríamos alimentación para comedores escolares y no tendríamos herramientas de promoción para el turismo. El gobierno está haciendo su trabajo, que es gobernar”, aseveró.