En medio de la crisis interna que vive la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró que se abrió una oportunidad para hacerle reformas al Poder Judicial.
“Creemos que existe una oportunidad para hacer reformas en el Poder Judicial, las cuales se hablaron en campaña, reformas que se trasladen en confianza ciudadana en todos los poderes de la República", declaró el mandatario.
Así lo declaró Alvarado luego de que el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, se acogiera este mismo lunes a su jubilación, en medio de cuestionamientos por la leve sanción que la Corte Plena le impuso a cuatro magistrados de la Sala III, incluido él, por el caso del cemento chino.
Un informe concluyó que los altos jueces incurrieron en una falta grave cuando desestimaron una causa judicial, por presunto tráfico de influencias, contra los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Wálter Céspedes relacionada con el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.
En una votación secreta, los magistrados rechazaron suspender a los miembros de la Sala III y, en su lugar, le impusieron una amonestación escrita.
Este lunes, la Corte Plena revocó la decisión de la semana pasada y, ahora, suspendió por dos meses, sin goce de salario, a Chinchilla, Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez. No obstante, el expresidente de la Corte ya se pensionó.
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Para el mandatario Carlos Alvarado, se abre la posibilidad de reformar los procesos de elección y de reelección de magistrados, así como ordenar la parte administrativa de ese poder de la República.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, acogió una solicitud que le hizo el pleno de los magistrados para que las votaciones sancionatorias sean públicas, así como cambiar la cantidad de votos necesarios para imponer una sanción.
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Actualmente, según la Constitución, para sancionar a un magistrado se requiere de mayoría calificada entre los miembros de la Corte Plena (dos terceras partes). La reforma constitucional planteada por Hidalgo propone mayoría simple (mitad más uno).
La fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) también propuso un proyecto de ley que, además de tocar esos temas, cambiaría las reglas para la reelección de los magistrados.
Actualmente, los altos jueces son reelegidos de manera casi automática, pues la Constitución permite su continuidad de manera indefinida por periodos de ocho años. La única manera de que no continúen es que 38 diputados se pronuncien en contra, o que renuncien o se pensionen.
El PUSC propone que los magistrados sean electos por cinco años y que solo se puedan reelegir una vez por un periodo similar.
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